Los papeles de Palomares II

Hay dos preocupaciones centrales del Gobierno de EEUU cuando ocurre el accidente de Palomares: que se genere una campaña antiestadounidense con el objetivo de crear lo que llaman “un clima antiamericano en la opinión pública mundial”, preocupación que se mantiene hasta hoy, y que se vieran afectados su acuerdo para mantener bases en España o su empeño en seguir sobrevolando el mundo con armamento nuclear. Pero eso no se traduce en generosidad en sus indemnizaciones. No quieren sentar un precedente.

Tras el accidente, el proceso de las reclamaciones se intenta hacer rápido, negociado individualmente por campesinos y pescadores frente a abogados contratados por la Oficina de Reclamaciones Extranjeras de EEUU conforme una Ley aprobada ad hoc para este tipo de eventos por el Congreso estadounidense y por tiempo limitado: dos años desde que ocurre el accidente. El Plutonio tarda 24.000 años en semidesintegrarse.

REUNIÓN DE URGENCIA EN EL DESPACHO DE FRAGA

Febrero de 1967. Saltan las alarmas. Las pruebas de orina efectuadas a las personas de Palomares que sufrieron riesgo de contaminación por el accidente de enero de 1966 muestran, un año después del accidente, que "en algunas de ellas pudiera existir una cierta contaminación interna" por plutonio. Los afectados no lo saben. No se lo van a comunicar. Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, convoca reunión de urgencia en su despacho. Está el General Francisco Pina Alduini, por parte del Ministerio del Aire, y el núcleo duro de la maquinaria de propaganda que ha tejido Fraga: Vicente Cebrián, secretario general de la Prensa del Movimiento; Manuel Jiménez Quílez, director general de Prensa, y Jesús Aparicio-Bernal, director general de Radio y Televisión.

Fraga está que trina. Ha tenido una conversación con el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, que le ha hablado de "la posibilidad de que varios habitantes de Palomares resulten gravemente afectados por la radiactividad. (…) Si la noticia se confirma y trasciende a los medios informativos, dará lugar a una campaña de verdadero escándalo dirigida tanto contra los Estados Unidos como contra la Administración española", explica una nota que resume la reunión, incluida en los archivos desclasificados por Exteriores que está desvelando DATADISTA. Fraga pide "la máxima discreción sobre el tema". En todo lo que tenga que ver con la información será él, "personalmente, quien se ocupe de ello para ver de utilizar, llegado el caso, de la manera más eficaz posible, los medios de que el Estado dispone".

En la Junta de Energía Nuclear (JEN), se diseña un detallado plan para trasladar a Madrid, sin levantar sospechas, a las personas que podrían estar contaminadas para realizarles nuevas pruebas con un contador de cuerpo entero que EEUU ha donado a España.

Todo ocurre en el peor momento, cuando empieza a saltar a los medios noticias de que EEUU no está indemnizando debidamente a los habitantes de Palomares, avivadas por el reciente intento de marcha desde Palomares a la Embajada de EEUU en Madrid que ha encabezado la Duquesa de Medina Sidonia.

Según recoge la nota del representante de la Oficina de Información Diplomática, presente en la citada reunión con Fraga, este "se dolió de que la Administración americana se haya mostrado tan poco generosa y, sobre todo, tan poco ágil para solucionar los expedientes de tramitación aún pendientes (de las indemnizaciones a habitantes de Palomares) a consecuencia, sobre todo, de una tramitación burocrática general incomprensible".

Y no se trata solo de agricultores y pescadores con pocos recursos ante los abogados de la Oficina de Reclamaciones Extranjeras. Hay gente de cierto renombre afectada como la familia Cervantes, a quien EEUU se está negando a pagar una cantidad razonable por la ocupación y uso de los terrenos donde se instaló el Campamento Wilson tras el accidente.

Según Fraga, "la Embajada americana tiene un titular y un equipo a sus órdenes de bajísima categoría y con los cuales se puede contar muy poco", en referencia a Angier Biddle Duke y su gente.

España ha cedido y no ha exigido a EEUU cumplir con el acuerdo de 1964 que les obligaba a responsabilizarse de lo ocurrido y a someter sus accidentes nucleares a la jurisdicción española, les ha permitido dejar kilos de plutonio en la pedanía almeriense y manejar las indemnizaciones a su manera. EEUU no ha respondido con la generosidad y velocidad que esperaban pero la prioridad es no afectar a las relaciones con la potencia mundial.

EXCURSIÓN A MADRID

"Las investigaciones que se han venido efectuando en la orina de las personas que en Palomares sufrieron, accidentalmente, el riesgo de contaminación radiactiva con Pu-239, parecen indicar que en algunas de ellas pudiera existir una cierta contaminación interna".

(…) "la mayor parte del Pu-239 posiblemente inhalado lo habrá sido en forma de óxido insoluble, que puede permanecer retenido en los pulmones durante un largo periodo de tiempo".

(…) "Este tipo de investigación hace necesario el traslado a Madrid y la permanencia en esta ciudad durante varios días de las personas que hayan de ser examinadas, tiempo que, además, habrá de permitir efectuar exámenes clínicos indispensables".

Son algunas de las frases recogidas en el documento "Determinación de la posible contaminación interna con PU-239 de habitantes de Palomares" que figura en los documentos desclasificados por Exteriores y que recoge el plan para trasladar a Madrid a habitantes de Palomares que podrían presentar contaminación interna por plutonio. Es abril de 1967.

Sin información, con todos los temores que está provocando la negativa a facilitarles los resultados de las pruebas que les han efectuado a ellos y a sus hijos e hijas desde el accidente de enero de 1966, los habitantes de Palomares empiezan a ser reacios a seguir sometiéndose a más pruebas. En el Gobierno consideran que es importante "lograr su buena disposición y conformidad a ser trasladados a Madrid" porque algunos "ya han pretendido negarse a proporcionar las últimas muestras de orina que les han solicitado", recoge el informe.

En diciembre de 1966, casi 300 vecinos de Palomares han firmado una carta dirigida a Franco en la que piden, entre otras cosas: "Que se nos faciliten copias de los análisis realizados tanto en las personas como en la tierra y sus frutos, de manera que sus resultados, desconocidos hasta ahora por todos nosotros, nos sean oficialmente comunicados, para poder probar que jamás sufrimos contaminación radiactiva, como afirman nuestras autoridades y las norteamericanas".

Llevarlos ahora a Madrid sin darles resultado alguno va a ser un problema. Habrá que tener en cuenta los problemas familiares y laborales que pueda originar el desplazamiento; "crear en las personas que sean trasladadas a Madrid un sentimiento de complacencia en el viaje y estancia en la ciudad" y, si fuese necesario, "influir en el ánimo de los más reacios al desplazamiento".

Se programarán estrictos planes de viaje a Madrid de diez en diez y por cuatro días cada vez y "será muy conveniente que el tipo de alojamiento elimine la posibilidad de que los integrantes del grupo establezcan contactos con personas ajenas a la Junta de Energía Nuclear durante su estancia en Madrid". Según lleguen a su alojamiento, que debe estar cerca de la JEN, se les deben recoger las ropas que lleven puestas y entregarles pijamas y camisones. "Durante la noche de ese mismo día, ha de procederse a la limpieza de la ropa, para poder serle entregada a la mañana siguiente".

Se planifica cada día, cada recogida de muestras, los traslados y hasta el tiempo libre. Las investigaciones en sangre y las pruebas de orina. Un extenso listado de pruebas que derivarán en resultados que nunca llegarán a manos de los afectados.

El viaje de las primeras setenta personas que se desplazan a Madrid se presupuesta en 575.000 pesetas, según una cuartilla mecanografiada que figura en la documentación desclasificada, que incluye 175.000 pesetas para indemnizaciones por pérdida de días de trabajo y otras molestias.

El plan es entregar 3.000 pesetas por dietas a los mayores de 14 años y 1.000 a los menores de esa edad como parte del plan para influir positivamente en el ánimo de las gentes de Palomares.

En la lista de personas que figura en la documentación desclasificada, que no reproducimos por protección de sus datos personales, es fácil distinguir familias por los apellidos y edades. Son los primeros de Palomares que llegan a Madrid a hacerse pruebas y que inaugurarán un ritual que se realizará dos veces al año desde entonces. Familias como una con sus tres hijos de 14 a 17 años; otra con otros tres hijos entre 2 y 7 años; padres, nietos y abuelos van haciendo la primera excursión a Madrid por grupos distribuidos entre el 17 de abril y el 13 de junio de 1967.

Aunque hay personas que se sabe que presentan riesgos de contaminación interna, el criterio que se recoge que se ha utilizado finalmente para seleccionar a las que viajarán a Madrid en primer lugar es, primero, la posición en que estaban en el momento del accidente, si estaban en la dirección de la nube de gases y partículas que se formó; la contaminación hallada en sus casas y los controles a personas residentes en zonas donde no existía contaminación.

EL GRAN LABORATORIO DE EEUU

Es muy significativo que en la misma carpeta desclasificada en la que aparecen estos documentos de 1967, exactamente a continuación, figure el intercambio de cartas entre John A. Hall, subdirector general de Actividades Internacionales de la Comisión de Energía Atómica de EEUU, y José María Otero Navascúes, presidente de la Junta de Energía Nuclear (JEN) de España, que sellan el Acuerdo Otero-Hall el 25 de febrero de 1966, pocas semanas después del accidente, cuando aún ni siquiera habían encontrado la cuarta bomba.

Un acuerdo entre España y EEUU para investigar, no para garantizar la salud de los habitantes de Palomares. Un acuerdo para aprender sobre los efectos del plutonio liberado en un entorno real, con personas reales, cosechas reales, animales reales. El laboratorio perfecto. El sueño del doctor Langham, conocido como Mr. Plutonio. Tras las cartas, el anexo que concreta los términos del acuerdo y que dará lugar al Proyecto Indalo, cofinanciado por España y EEUU hasta 2009, cuando los estadounidenses, en pleno debate sobre la limpieza definitiva, decidieron abandonarlo.

Ya en 1966, como demuestran los términos del acuerdo, saben todo lo que puede pasar con los kilos de plutonio que han quedado en el terreno y se disponen a estudiarlo. Si el terreno estuviera descontaminado, como dirán públicamente al irse de Palomares con la aquiescencia del Gobierno español, para qué analizar las fluctuaciones temporales de la concentración de plutonio en el aire, como recoge el Acuerdo Otero-Hall; o cómo se redistribuye en el suelo a medida que se sucedan los ciclos de cultivo año tras año y le afecten los agentes meteorológicos. Saben que el plutonio bajo la superficie aflorará tarde o temprano en un campo de labor y una zona muy seca pero con episodios de fuertes vientos y que, cuando llueve, lo hace de forma torrencial.

Además, por supuesto, el acuerdo Otero-Hall incluye estudiar la absorción y retención del plutonio por población expuesta a su inhalación.

En julio de 1967, menos de un mes después de las pruebas al último grupo de los primeros seleccionados para viajar a Madrid, el asunto se da por zanjado. No hay referencia a las personas en las que se detectó posible contaminación interna sino a una muestra estadística escogida con otros criterios de probabilidad en el momento del accidente.

"En ninguna de las personas reconocidas se han hallado signos que indiquen que existe en ellas una contaminación interna debida a elementos radiactivos distintos de los que normalmente se encuentran en el ambiente", dice en una carta el presidente de la JEN al director general de Sanidad. Se decide expedir certificados médicos individuales o en grupo si lo solicita el cabeza de familia. No se hará, como se recoge en una segunda carta a Franco en 1968 firmada esta vez por 411 vecinos de Palomares.

Aunque se alude en esta última carta a que ya no hay presupuesto para seguir con más pruebas y que, quien quiera que se le practiquen tendrá que abonar sus dietas, los viajes anuales a Madrid seguirán durante décadas y hasta nuestros días. Igualmente, aunque se habla de facilitar certificados con los resultados, estos se ocultarán a los habitantes de Palomares hasta que Antonia Flores, alcaldesa entonces de la pedanía, logró en 1985 que les fuera entregada información sobre los resultados arrojados por las pruebas durante 20 años. Una documentación que cuando al fin llega lo hace plagada de errores en edades y otros datos.

Según las fichas radiométricas que se conservan en el Archivo Jordi Bigues, en el Centro de Historia de la Ciencia (CEHIC) de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la información que finalmente se facilita a los habitantes de Palomares hay personas a las que se les asegura que no se les ha detectado contaminación interna pero otras a quienes se informa de que "algunos resultados obtenidos en las determinaciones que se le han realizado a usted han resultado positivos". Entre ellas, algunas de las que dieron positivo en las pruebas tras el accidente.

La hipótesis que se mantiene: no se contaminaron las personas, se contaminaron las muestras. "Solo han resultado positivas las determinaciones que se le han realizado a usted en 1966. Teniendo en cuenta que todos los datos posteriores son negativos, y teniendo en cuenta que el procedimiento por el que se recogió la orina, los datos de 1966 deben atribuirse a contaminación de las propias muestras de orina y no a contaminación interna de su persona". Sin embargo, dan positivo también algunas personas que ni siquiera estaban en Palomares en el momento del accidente, es decir, que se contaminaron posteriormente, probablemente por inhalación por resuspensión del plutonio dejado en el territorio.

LOS OKUPAS DEL CAMPAMENTO WILSON

La familia Cervantes, propietaria de los terrenos donde se instaló el Campamento Wilson, se sintió ninguneada y maltratada por EEUU, que se negaba a atender sus peticiones no ya de indemnización por la depreciación de sus terrenos derivada del miedo a la contaminación, sino de pago de una renta mínimamente razonable por la ocupación, durante 72 días, sin consentimiento ni petición mediante, del terreno donde se instalaron las tiendas para alojar a un millar de soldados, se abrieron caminos, letrinas, se acumularon montañas de material contaminado y se limpiaba la maquinaria que lo extraía y trasladaba, todo ello sin autorización alguna.

Francisco Cervantes de Haro no es uno de los 297 habitantes de Palomares que en 1967 han firmado una primera carta a Franco con su nombre completo escrito con pulso dubitativo de personas poco o nada habituadas a escribir y rayajo final para transformarlo en firma. Ni de las 411 que volverán a dirigirse al dictador al año siguiente, cartas que figuran en las cajas desclasificadas por Exteriores en las que piden que les den los resultados de las pruebas hechas a ellos y a sus hijos, que les expliquen la rebaja drástica y sin documentación a las indemnizaciones que piden, que les permitan recurrir a los tribunales españoles a reclamar.

Francisco Cervantes de Haro es Facultativo de Minas, Medalla de Sufrimientos por la Patria al personal civil concedida por el ministro del Ejército el 15 de agosto de 1940 y su abogado, Antonio Jurado Jiménez, es una personalidad de cierto relieve en Almería porque fue alcalde de Purchena y procurador en Cortes, alguien que ha sabido seguir todos y cada uno de los pasos que le permite la ley, incluido el Derecho de Petición ante el Jefe del Estado que recoge el artículo 21 del Fuero de los Españoles, que ha desarrollado la Ley de la Jefatura del Estado de 1960.

Tal y como describe el abogado de la familia Cervantes, por ellos ha mediado ante las autoridades estadounidenses Nuño Aguirre de Cárcer, el director general de Norteamérica, quien concierta incluso una reunión entre el abogado de los Cervantes, representantes de Exteriores y del Ejército del Aire por parte del Gobierno de España y de los EEUU en la última semana de abril de 1967, la tensa semana en la que viajan también a la capital los primeros habitantes de Palomares que se van a someter a las pruebas. Cuando el abogado de los Cervantes está ya en Madrid para asistir a la reunión, esta se desconvoca. Los estadounidenses se han "negado rotundamente a concurrir a la misma", le informan.

La reunión sí se produjo, como demuestra una nota de Aguirre de Cárcer al ministro de Exteriores, pero sin el representante de los afectados. El director general de Norteamérica traslada las peticiones de los Cervantes y comienza “exponiendo las características muy especiales de esta indemnización” y los motivos.

Como recoge la nota al ministro de Exteriores, el problema con EEUU llega cada vez que se trata el asunto de las cantidades. "El delegado de la Foreign Claims Commission no parecía dispuesto a subir por encima de los 50 dólares diarios, que a razón de 72 días de ocupación significa una cantidad de 3.600 dólares en total". Aguirre de Cárcer no da crédito. Señala "en términos contundentes e inequívocos la trascendencia política" del asunto, "la pequeñez de la indemnización, comparándola con los costos normales de la vida americana" y resalta "las consecuencias en cuanto a publicidad que puede traer consigo la iniciación de un proceso ante los tribunales".

El abogado de los Cervantes ejercerá su Derecho de Petición ante la Jefatura del Estado.

Para la reclamación, adjunta el escrito inicial remitido a la Oficina de Reclamaciones Extranjeras de EEUU, en la que se recoge:

También se le negará la indemnización que pide a Francisco Simó, el pescador cuya actuación fue determinante para encontrar la bomba caída en el mar 80 días después del accidente. Hay informaciones que apuntan a que Simó fue mal aconsejado en su reclamación, que ascendió a 300 millones de pesetas, 5 millones de dólares, cantidad que es incluso superior a lo que la Fuerza Aérea de EEUU pagó a la US Navy por el rescate de la cuarta bomba.

Sea o no probable que sin su ayuda el coste de recuperación de la cuarta bomba se habría duplicado o triplicado y exagerada o justa la reclamación que hacen sus abogados, lo que permite su expediente es ver el tono que los estadounidenses empleaban con los españoles fuera de las cámaras y los momentos de las medallas y los agradecimientos.