El accidente de Palomares en 1966 supuso para EEUU la posibilidad de establecer, en los municipios almerienses de Cuevas del Almanzora y Vera, un laboratorio de pruebas sobre el efecto del plutonio y americio en personas, cosechas y suelos reales. Dentro de ese campo de monitorización permanente que constituyó el llamado Proyecto Indalo, se incluyó la medición de la radiación en las partículas en suspensión en el aire, con tres estaciones de muestreo. Entre 1986 y 1988, los niveles de contaminación se dispararon.
El motivo era evidente. Se estaba produciendo un enorme movimiento de tierras que implicaba una masiva resuspensión de partículas contaminadas, uno de los efectos en teoría más temidos. El plutonio no se absorbe por la piel pero el riesgo de inhalación multiplica las posibilidades de desarrollo de cáncer, especialmente cuando el plutonio ha derivado en americio, de mucho menor tamaño. Nadie intervino.
PROYECTO INDALO
Veinte años antes, el 25 de febrero de 1966, cuando aún quedaban semanas para encontrar la cuarta bomba termonuclear de las cuatro caídas sobre Palomares y Vera, la que había ido a parar al mar, y poco más de un mes después del accidente, se firmaba ya el Acuerdo Otero-Hall. Se hacía en forma de ampliación del Convenio de Cooperación relativo a los usos civiles de la energía atómica que mantenían España y Estados Unidos desde 1957. El objetivo estaba claro.
“Deseo proponerle que ampliemos nuestra colaboración en
los campos de la sanidad y la seguridad.
(…) Le sugiero investigar diversos aspectos relativos
a la sanidad y seguridad de materiales
fisionables cuando estos quedan libres en un área agrícola rural.
Tan pronto como sea posible, se iniciarán las investigaciones”.
De: John A. Hall, subdirector general de Actividades Internacionales de la Comisión de Energía Atómica de EEUU.
A: José María Otero Navascués, presidente de la Junta de Energía Nuclear (JEN) de España.
Cartas previas al acuerdo Otero-Hall, recogidas en el informe Palomares: desde el accidente al plan de restauración, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de España.
El Proyecto Indalo fue un acuerdo entre el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) y el antecesor del Ciemat, la citada JEN. Tenía un programa de seguimiento dosimétrico y sanitario de la población, con reconocimientos médicos anuales a unas 150 personas, incluyendo la recogida de muestras de orina; y un programa de vigilancia radiológica ambiental, en el que se incluía el examen de suelos, aerosoles, vegetación y productos de origen animal.
Estuvo financiado por el DOE y la JEN (luego por el Ciemat) hasta 2009, cuando el organismo español asumió el coste en solitario.
LAS BALSAS
¿Qué ocurrió en 1986? El 2 de abril de ese año se empieza a construir una balsa de almacenaje de agua para riego en la cabecera del valle donde había impactado la bomba 2, junto al cementerio. Era la peor zona donde ponerse a levantar tierra, por ser donde había caído el artefacto al que le falló completamente el paracaídas y liberó el plutonio de su interior.
El ladrillo no es el único fenómeno que ha cambiado de forma radical la costa mediterránea española. Otra gran causa del cambio es el regadío intensivo, al que no fueron ajenas Cuevas del Almanzora, municipio al que pertenece Palomares, y la vecina Vera. Sandías, melones, calabacines y pepinos empezaron a brotar en sucesivas cosechas cada año olvidándose de que eran hijos de una tierra seca.
Hasta septiembre de 1986, cuando se termina la obra de la primera balsa, se movió tierra como para que la hondonada alcanzase una capacidad de 151.600 metros cúbicos, unas sesenta piscinas olímpicas. El 18 de febrero de 1988, se inició, junto a la primera, la construcción de una segunda balsa de mucha mayor capacidad: 347.000 metros cúbicos, es decir, el equivalente a 138 piscinas olímpicas.
Los terrenos de impacto de la que llamaron bomba 3, a la que se le abrió parcialmente el paracaídas y que cayó junto a Palomares, fueron además removidos para su adaptación a un “mejor aprovechamiento agrícola”.
El riesgo se conocía. En 1966, mientras aún buscaban la Bomba 4, las Fuerzas Armadas de EEUU identificaron en tierra la zona más afectada por la contaminación radiactiva. Definieron 220 hectáreas, que ampliarían posteriormente, a las que llamaron la Línea Cero. Iba desde Puerto Blanco, donde se encontró la bomba a la que le falló totalmente el paracaídas (Bomba 2), hasta las laderas de la Sierra Almagrera, donde los estadounidenses dejaron de avanzar por ser una “zona de difícil acceso, deshabitada y sin uso en aquella fecha”, se explica en el citado documento del CSN. Las balsas se excavaron en plena zona 2.
Según recoge Rafael Moreno Izquierdo, en su libro La historia secreta de las bombas de Palomares (Crítica, 2016), una detallada investigación de dos décadas basada en buena medida en documentos desclasificados por EEUU a petición del autor, la zona 2 era “claramente el área más conflictiva” por la “fuerte contaminación que se produjo al romperse la bomba que cayó allí (…), porque fue utilizada como almacén temporal de los residuos que provenían de otros lugares”, porque “durante un tiempo se quemaron allí cosechas contaminadas (el equivalente a 470 camiones) y porque se excavaron fosas en las que se enterraron restos de suelos y vegetación”. Así lo recogía el informe oficial estadounidense Palomares Summary Report, escrito en 1975.
Como cita Moreno Izquierdo, en esa zona se encontraban las dos gigantescas fosas bajo el suelo llenas de materia contaminada. Son las fosas de las que Langham habló en la Conferencia secreta de Princeton. Aquellas que los españoles querían cubrir con hormigón y vallar en un primer momento y que provocaron la ira del Departamento de Estado de EEUU, que sintió que se iba a dejar sobre terreno español poco menos que un monumento al desafortunado accidente. El plan de las fosas siguió adelante pero había que dejarlas fuera de la vista, bajo el suelo.
Lo más grave, dados los movimientos posteriores de terreno y los que pudieron llegar a tener lugar, es que no quedó memoria de su ubicación. El Consejo de Seguridad Nuclear español, en su informe Palomares: desde el accidente al plan de restauración, reconoce que no tenían ni idea de dónde estaban. Y no lo sabrían hasta que, ya en los años 2000, utilizaron un georradar para localizarlas.
EL CEMENTERIO PERDIDO
Se enterró material contaminado y cuarenta años después, el Gobierno español no sabía ni dónde estaba exactamente, ni qué incluía. “Durante las operaciones de restauración que se realizaron después del accidente de 1966, se seleccionó una zona próxima al cráter de la bomba 2 (la que cayó sin que se abriese el paracaídas) para depositar en trincheras las tierras y cultivos con lecturas superiores a 7.000 cpm y por debajo de 60.000 cpm (cuentas o desintegraciones por minuto)”. “No se disponía de información precisa sobre sus ubicaciones exactas ni de su contenido”, reconoce el CSN.
Tan perdidos están que usan el citado georradar para “localizar las posibles ubicaciones de las dos trincheras utilizadas en la remediación de 1966 y que podrían contener diversos materiales, desde vegetales hasta pequeños objetos metálicos, con distintos grados de contaminación”.
Para entonces ya habían sido expropiadas y valladas las primeras 10 hectáreas de terreno. La primera trinchera se la encontraron en la zona 2, precisamente “en la zona media de los terrenos expropiados y vallados”. Las mediciones del georradar indicaron que se trataba de una sección de unos 400 metros cuadrados con una profundidad media de 2,5 metros, lo que le daba un volumen aproximado de materiales en su interior de mil metros cúbicos. La segunda trinchera se localizó al oeste del vallado de la zona 2 y es de mucho mayor tamaño, mil metros cuadrados de extensión y una profundidad media de cinco metros, lo que le da un volumen aproximado de 3.000 metros cúbicos, el triple que la primera.
El riesgo de toparse con las trincheras se esquivó por azar a finales de los ochenta pero una década después el movimiento de tierras en la zona 2 había vuelto a ser inminente.
LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ Y DÓNDE LLEGÓ
Pero además, el riesgo se había extendido por el tiempo que se tardó en actuar tras el accidente. Como explica el escritor José Herrera Plaza, estudioso del accidente de Palomares y sus consecuencias y autor del libro Accidente nuclear de Palomares, “el problema fue que todo el proceso (…) estuvo condicionado por una serie de circunstancias ajenas a la radioprotección y a la evaluación de riesgos a la población que han hipotecado el futuro de Palomares”. La primera, en opinión de Herrera, fue “el retraso en la limpieza”. Siendo la prioridad la recuperación de las bombas, hasta que tres días después del accidente no salieron las tres encontradas en tierra hacia la base americana de Torrejón de Ardoz, no empezaron a organizarse las tareas de medición y limpieza, y aún entonces seguían con la prioridad de encontrar el cuarto artefacto. “Las labores de remediación no comenzarían plenamente hasta seis días más tarde del accidente, a pesar de que a las pocas horas ya se había desplazado un contingente norteamericano al escenario de los hechos. Ello supuso un incremento descontrolado de las zonas contaminadas por la acción eólica. Un día después del accidente, el 18 y el 22 de enero, se alcanzaron fortísimos vientos. Los registros de Almería marcaron rachas de 83 y 94 kilómetros por hora respectivamente. Hasta el 24 de enero, todos los días hubo vendavales”.
Lo reconoció el propio Wright Langham, conocido como Míster Plutonio, a los participantes en la Conferencia de Princeton de 1967 en la que explicó lo ocurrido en Palomares. Mientras negociaban con los españoles que les diesen permiso para enterrar las montañas de suelo, cosechas, basura y otros restos contaminados que fueron levantando por la zona, estas siguieron allí, expuestas al viento, incrementando la dispersión.
No solo se propició la dispersión. Además no se limpió allí donde había llegado la contaminación por el efecto del viento, como reconoce el documento del CSN. Cuando se complicaron las actuaciones de limpieza de los estadounidenses en las laderas de la Sierra Almagrera, donde había llegado la contaminación, se cambiaron los niveles que se habían establecido inicialmente para no tener que picar la roca en zonas de difícil acceso.
Cuando la vida se mide en decenas de miles de años, como ocurre con la radioactividad (el plutonio-239, uno de los elementos liberados en Palomares, tiene un periodo estimado de semidesintegración de unos 24.200 años), las características de un terreno son susceptibles de cambiar tarde o temprano. Las laderas contaminadas podían seguir sin uso durante décadas, siglos, milenios pero podía ocurrir que alguien las mirase, cuarenta años después del accidente, e imaginase allí excavadoras trabajando hasta dejar la sierra desmochada para colocar, en los solares recién creados, chalets de lujo con vistas al mar. Y ocurrió.
Las laderas de la Sierra Almagrera ni se incluyeron en el mapa original de la Línea Cero tras el accidente. No fue hasta que el ladrillo amenazó con crecer sobre la roca contaminada cuando se tuvo que reconocer y revisar el problema y definir una nueva área: la zona 6.
EL CAMBIO DE NIVEL
“Cuando volvimos al área de las montañas, hasta la que había llegado la nube contaminada, nos encontramos con un montón de laderas rocosas con contaminación por encima del nivel a partir del que habíamos dicho que había que arar” el suelo. Al final, “el acuerdo al que se llegó en este caso fue que se elevarían un poco los niveles establecidos y nosotros revisaríamos el área en su totalidad. Si encontrábamos zonas contaminadas por encima del nuevo nivel acordado, trabajaríamos en ellas con pico y pala y las limpiaríamos, con la idea de dejar el plutonio remanente solo bajo la superficie para que, en caso de viento, no hubiera resuspensión que pudiera provocar que fuese inhalado”. Por debajo de ese nivel, no se actuó.
¿Por qué decidieron revisarlo todo? Por el mismo motivo por el que, en el momento del accidente, España ofreció poca resistencia a las condiciones ofrecidas por EEUU. El turismo, especialmente el turismo extranjero, y el ladrillo.
WIKILEAKS
SPAIN AND U.S. COOPERATING TO REMEDIATE RADIATION CONTAMINATION FROM 1966 NUCLEAR ACCIDENT
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Date: 2006 November 7, 16:49 (Tuesday)
Original Classification: Unclassified, For Official Use Only
Handling Restrictions: --Not Assigned--
Executive Order: --Not Assigned--
TAGS: MNUC – Military and Defense Affairs – Military Nuclear Applications I PARM- Political Affairs – Arms Controls and Disarment I PGOV – Political Affairs—Government; Internal Governmental Affairs I PREL – Political Affairs—External Political Relations I SENV – Social Affairs—Environment
Enclosure: --Not Assigned--
From: Spain Madrid
To: Central Intelligence Agency / Commander in Chief US Air Forces in Europe Ramstein AB Germany / Department of Energy / Japan Tokyo / Majuro Majuro / National Security Council / North Atlantic Treaty Organization (NATO) / Russia Moscow / Secretary of Defense / Secretary os State / U.S.Mission to European Union (Formerly EC) (Brussels) / Ukraine Kyiv / United Nations (Geneva) / United Nations (New York) / United Nations (Vienna)
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CONTAMINATION FROM 1966 NUCLEAR ACCIDENT
MADRID 00002853 001.2 OF 005
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SUMMARY
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1. (SBU) Los EEUU, a través del Departamento de Energía (DOE), están cooperando estrechamente con sus socios españoles para estudiar la contaminación radiactiva que quedó en el sur de España tras el accidente nuclear de la Fuerza Aérea Estadounidense hace 40 años. Lo que podría haber provocado una pesadilla diplomática se ha convertido casi en una buena noticia dada la estrecha cooperación entre los dos países aliados. El DOE está ayudando a España en los preparativos del primer estudio completo de la contaminación radioactiva remanente y entrará en negociaciones con el Gobierno de España sobre una posible cooperación en la solución. Las acciones del Departamento de Energía hasta la fecha han avanzado en interés de la política de EEUU en su relación vis a vis con España y deben ser elogiadas. END SUMMARY
(…)
“El Gobierno de España, en parte debido al boom inmobiliario a lo largo de la costa española que ha convertido rápidamente Palomares en una comunidad con un alto número de británicos retirados, decidió en 2001 realizar nuevas mediciones para determinar el nivel de contaminación radiactiva. (…) Los resultados llevaron al Gobierno español a creer que la contaminación remanente podría ser más seria de lo que se había pensado”.
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Los cables filtrados por Wikileaks dicen claramente cuál es la razón que llevó a decidir revisar el nivel de contaminación radiactiva en Palomares. La burbuja y la llegada masiva de británicos a Palomares llevaron a realizar las nuevas mediciones. Había riesgo de ubicar a ciudadanos europeos en casas construidas sobre un manto de americio y ese escándalo no era asumible por el Gobierno español que meses antes había recibido el varapalo del informe del Parlamento Europeo sobre los excesos urbanísticos en España, derivado de miles de denuncias presentadas por ciudadanos comunitarios.
TIERRA URBANIZABLE
Cuenta Moreno Izquierdo que, cuando se devolvieron a sus propietarios las zonas que se habían visto contaminadas, la versión oficial fue que se encontraban “exactamente igual que antes del 17 de enero de 1966”. Se emitieron 856 certificados. En ellos se dice que “la contaminación puede considerarse eliminada”. No hubo restricción de uso alguna. Sobre el papel, accidente superado.
Dice el CSN en su informe que, en “octubre de 2001, tuvo noticia de que se estaban produciendo cambios en la zona de Palomares que podían conducir a una utilización extensiva e intensiva de los suelos, dando lugar a movimientos de terrenos radiológicamente contaminados”, así como que “la contaminación residual era superior a la estimada inicialmente”.
En realidad, el CSN sabía lo que estaba ocurriendo antes. Un informe del Ciemat fechado en 1993 recoge el análisis del fenómeno que se ha producido con los cambios operados sobre el terreno: la resuspensión, es decir, la incorporación al aire de partículas de plutonio o su evolución a americio derivada de grandes movimientos de tierra como los que se produjeron durante la construcción de las balsas.
El Ciemat se ve obligado a cambiar las denominaciones originales de las zonas de contaminación porque las balsas han partido en dos el área más peligrosa. Esto hace que aparezca una aparente nueva zona, la 2 BIS, que no es sino parte de la zona 2 original que ha quedado separada del resto por la excavación de los embalses.
En la segunda mitad de los años noventa, los ayuntamientos de Vera y Cuevas del Almanzora, empiezan a despertar al fenómeno inmobiliario, a revisar sus planes generales de urbanismo, a reclasificar. Es entonces cuando los indicios de contaminación, teniendo en cuenta que el Proyecto Indalo seguía en marcha y que no solo los españoles sino también los estadounidenses no podían abstraerse por completo de los resultados que les iban llegando, aconsejan a unos y otros redefinir el marco de actuación.
En 1998, el Gobierno de José María Aznar había aprobado su famosa ley del Suelo, por la que todos los terrenos pasaban a ser considerados como potencialmente urbanizables salvo que se demostrase causa de protección ambiental o de otro tipo que lo impidiese. Las tierras de Palomares habían vuelto a la normalidad en teoría desde el mismo año del accidente. No había salvaguardas medioambientales.
Ese año, el Ayuntamiento de Vera califica como urbanizables terrenos que formaban parte de la zona 2 dentro de un nuevo Plan Parcial de ordenación, modificando de un plumazo el valor de los terrenos. Al estar Vera pegado a Cuevas precisamente en la zona 2, dar un paso de uno a otro municipio equivalía a pasar de estar en suelo rústico, como seguía siendo el perteneciente a Cuevas, a suelo urbanizable. A los propietarios de suelo en Cuevas, además el CSN les había informado en 1998 de que dejasen temporalmente de cultivar. Dos de los propietarios de esos terrenos, Pascual Soler y José Zamora, acudirán a un abogado en el año 2000 para exigir al Ciemat y al CSN que les dejen volver a cultivar o les indemnicen.
Fue el propio CSN el que inició entre 1998 y el año 2000 una serie de contactos y reuniones, tanto con el Ciemat como con el Ayuntamiento de Vera, así como con los propietarios de la zona afectada para conocer de primera mano las intenciones de dichos propietarios. Lo que escucharon no sonaba bien. “Las actividades previstas podrían modificar sustancialmente los escenarios de exposición de la población”.
El Ciemat había propuesto al Ministerio de Industria y reiterado posteriormente al Ministerio de Ciencia y Tecnología “que la Administración adquiera los terrenos contaminados con el fin de establecer allí un área de investigación”. Y había mandado “a la presidenta del CSN un escrito solicitando que se analice la posibilidad de emitir un informe sobre la conveniencia de establecer restricciones de uso en la zona mencionada”.
LA LENTA BUROCRACIA
Pero incluso ante el riesgo de que el ladrillo removiese material radioactivo se reaccionó muy lentamente. Los avisos del Ciemat quedan reflejados una y otra vez en diferentes documentos. Así ocurre en el Informe del CSN enviado al Congreso de los Diputados el 24 de mayo de 2004 (registro de entrada número 3277 de 27 de mayo), donde se dice que “el 16 de abril de 2004, el Ciemat informó al CSN sobre nuevas actividades agrícolas y de construcción que se estaban realizando (…). Por todo ello, el CSN considera de la máxima urgencia que se adopten las medidas que viene proponiendo desde 2001.” Este informe se envía en pleno cambio de Gobierno, el de Aznar en funciones que se va y el de José Luis Rodríguez Zapatero que toma posesión. El CSN informa a la Cámara de que hay un problema de máxima urgencia detectado desde hace años que no hace si no agravarse a tenor de lo que han podido observar sobre el terreno.
Es en ese momento cuando Ecologistas en Acción decide presentar el informe a la Fiscalía. Se encarga José Ignacio Domínguez, el abogado que logró la paralización de las obras del Algarrobico y sigue batallando por la demolición del hotel, que sustituyó a Igor Parra cuando este se fue a Chile.
Se había perdido un tiempo precioso pero algo, al menos, sí dejó hecho el Gobierno Aznar.
EXPRÓPIESE
A finales de 2003, el Ciemat recomienda que, ante el riesgo creciente en la zona, hay que proceder a expropiar. A lo único a lo que le da tiempo ya al Gobierno Aznar es a armar legalmente al Estado para que sea posible hacerlo salvando el espinoso camino de las competencias municipales en materia de suelo y ordenación del territorio, blindadas como se había visto desde 1997 por sentencia del Tribunal Constitucional, y por su propia Ley del Suelo. Lo hizo en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos generales del Estado de 2004, (Ley 62/2003, de 30 de diciembre), ese cajón desastre en el que, durante años, gobiernos de todo signo colaron lo que se les vino en gana como colofón a cada ejercicio.
En el artículo 130 de aquella Ley de Acompañamiento, se insta al Gobierno a aprobar en seis meses un Plan de Investigación Energética y Medioambiental en materia de vigilancia radiológica, una actuación bajo el enigmático nombre de PIEM-VR en la que no hay rastro de la palabra Palomares, ni Cuevas del Almanzora, ni Vera y mucho menos mención al accidente de 1966. ¿Había otras zonas que entrasen dentro de ese plan de investigación? No. En los documentos del CSN, el PIEM-VR sí aparece identificado exclusivamente con Cuevas del Almanzora y Vera. Lo que se hace es establecer todas las premisas necesarias para que se pueda aplicar la Ley de Expropiación Forzosa, que data de 1954: declarar “de interés general las actuaciones”, declararlas igualmente “de utilidad pública”, darles de forma “implícita la declaración de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados” y amparar la disposición en “la competencia estatal en materia de fomento y coordinación de la investigación científica y técnica prevista por el artículo 149.1.15ª de la Constitución”.
El Gobierno entrante no tuvo tiempo de cumplir con el plazo de seis meses para tener listo el plan, que será aprobado por el consejo de ministros casi un año después, el 17 de diciembre de 2004. La mejor noticia en toda esta sucesión de retrasos es que en el verano de 2004 se nombró como director del Ciemat a Juan Antonio Rubio.
