Radiografía de la burbuja del biogás

En una parcela agrícola de La Sentiu de Sió, en Lleida, se sitúa uno de los mayores proyectos de biometano de España. Cada año, prevé recibir 505.000 toneladas de residuos. Purines, estiércoles, lodos, restos de matadero y residuos agroalimentarios serán utilizados para producir 227 GWh al año de energía, el equivalente a lo que consumen unos 29.000 hogares con calefacción de gas.

Sobre el papel, la instalación encaja en casi todas las expresiones que acompañan al boom del biogás: economía circular, fertilizante orgánico, gas renovable, solución para los purines, inversión industrial en el mundo rural. La Generalitat le concedió una ayuda pública de 4,5 millones de euros. El proyecto recibió 467 alegaciones en el trámite ambiental y urbanístico. Y su documentación permite reconstruir algo que rara vez se cuenta del biometano, no solo lo que una planta promete producir, sino también la electricidad de red y el gas natural que necesita consumir para hacerlo.

La Sentiu no está sola. En los últimos tres años, proyectos de biogás han empezado a aparecer en boletines autonómicos, portales ambientales y anuncios municipales. Un país con unos 53 millones de cerdos sacrificados cada año, más de 800 millones de aves y una cabaña de unos 6,5 millones de cabezas de vacuno lleva años arrastrando la misma pregunta: qué hacer con la montaña de excrementos que genera la ganadería intensiva y que, mal gestionada, contamina acuíferos, ríos y el aire de comarcas enteras hasta convertirse en un problema de salud pública.

España sacrifica unos 53 millones de cerdos al año y produce 4,9 millones de toneladas de su carne. Más del 50% de esta producción es para exportación.

El sector energético vio ahí una oportunidad. El de la ganadería industrial, cada vez más cercado no solo por las leyes medioambientales sino por las de salud pública, también. Si los residuos orgánicos fermentan sin oxígeno, producen biogás. Si ese biogás se depura hasta convertirlo en metano casi puro, puede inyectarse en la misma red que el gas fósil.

Y Rusia invadió Ucrania, demostrando a Europa la urgencia de romper la dependencia de su gas. El biometano encontró un nuevo argumento que sumar a la lista. Desde 2022, el Gobierno impulsa esta vía para ganar soberanía energética y actualmente prepara un real decreto que obligará a comercializadoras de gas y consumidores directos a cumplir con una cuota mínima de biometano: un 0,5% en 2028 que subirá cada año hasta el 6% en 2035. Quienes no lo cumplan se enfrentan a multas de hasta 30 millones de euros.

La obligación llega con la producción todavía lejos. En 2025, España inyectó 0,428 TWh de biometano a la red, lejos del 1% que perseguía la Hoja de Ruta del Biogás para 2030.

Al calor de ese respaldo, en los últimos tres años ha surgido una avalancha de proyectos.

Pero el boom aún no se ve en el terreno. Se ve, sobre todo, en los expedientes administrativos y en la contestación social que arrastra con más de 200 movilizaciones vecinales por toda España en el último año y medio.

Para medir la distancia entre el anuncio y la realidad, DATADISTA ha analizado más de 2.500 documentos de expedientes y anuncios oficiales extraídos de forma periódica de boletines oficiales y portales ambientales, autonómicos y provinciales de España.

El resultado es una base de datos con 340 expedientes y proyectos de plantas de biogás y biometano. Desde 2022 se han presentado más de 250 expedientes, el 83% son para plantas de biometano.

En 2025, solo 20 plantas de biometano inyectaron gas a la red estatal, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Entre todas apenas cubrieron el 0,13% del consumo nacional.

"Muchos proyectos en tramitación ahora mismo, pero muy pocos en construcción".Luis Puchades · fundador de Biovic y expresidente de la patronal del biogás

Luis Puchades, fundador de Biovic, ingeniero agrónomo con dos décadas de experiencia en biogás y expresidente de la Asociación Española de Biogás, reconoce a DATADISTA ese desfase: "Hay muchos proyectos en tramitación ahora mismo, pero muy pocos en construcción porque los permisos salen con cuentagotas o directamente no salen".

La clave de la ubicación: residuos y sobre todo cercanía a la red de gas

Los proyectos se acumulan sobre todo en las comunidades con más cabaña ganadera. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón concentran seis de cada diez expedientes. Hay otra condición imprescindible para elegir la ubicación de una planta: que esté junto o cerca de la red de gas.

DATADISTA ha cruzado los proyectos presentados con el residuo ganadero estimado en un radio de 35 kilómetros para comprobar si el residuo que prometen tratar existe cerca o si tendrán que competir por él o traerlo de lejos.

Del residuo al gas

El biogás se genera cuando la materia orgánica se descompone sin oxígeno a una temperatura constante. Pueden ser purines, estiércol, restos agrícolas, lodos de depuradora o desechos de matadero. Como está compuesto principalmente de metano, dióxido de carbono e impurezas, puede quemarse en la propia instalación para generar electricidad o calor.

Si ese gas se depura, se convierte en biometano. El biometano sí tiene la calidad necesaria para entrar en la red convencional. En la tubería, el biometano y el gas natural son indistinguibles. Se considera renovable porque su carbono pertenece al ciclo biológico actual, no llevaba millones de años atrapado bajo tierra. Y se presenta como una energía verde porque captura el metano que los residuos emitirían de forma natural al pudrirse.

Pero la planta no hace desaparecer el residuo. En torno al 90% de lo que entra sale por el otro extremo convertido en digestato. El sector lo presenta comercialmente como biofertilizante, pero su aplicación al campo requiere autorización específica y topes estrictos en zonas saturadas.

Si la instalación no incorpora un sistema específico de extracción, el digestato arrastra el mismo nitrógeno y fósforo que entraron con el purín o el estiércol. El ganadero se quita de encima los purines, pero el promotor hereda la obligación de gestionar lo que sale. En zonas vulnerables a nitratos y sin tierras suficientes alrededor, el problema sigue ahí, con planta o sin ella.

Mucho purín en el relato, poco gas en la práctica

El argumento que más se repite es que el biogás viene a resolver el problema de los purines de las macrogranjas. Es el residuo que más aparece en los expedientes tramitados como parte del mix que alimentará las plantas: de los 218 proyectos que declaran materia prima, 103 mencionan purín y 102 estiércol o deyecciones, por delante de los 67 que citan lodos o fangos, los 60 con gallinaza o residuos de aves y los 14 con FORSU (la fracción orgánica de los residuos urbanos) o biorresiduos.

Las categorías se solapan porque una planta suele mezclar varios residuos a la vez. Esa mezcla, la codigestión, es la norma. Cuando un expediente declara un único residuo ganadero, casi siempre se trata de instalaciones pequeñas de autoconsumo.

Una de ellas está en Undués de Lerda, en Zaragoza. Su expediente describe una planta asociada a una granja de cerdos que trata el purín de la propia explotación para generar calor en las naves de lechones. No vende gas a la red. Ni siquiera le basta siempre para calentarse: la resolución ambiental recoge que "durante los meses de invierno no se genera el suficiente calor". Cuando sus dueños pidieron ampliarla e incorporar nuevos residuos para producir más, la agencia ambiental de Aragón se lo denegó.

Cuando una planta se dedica de verdad solo al purín, suele ser pequeña, ligada a una explotación concreta y orientada a resolver un residuo y ahorrar energía. Las grandes plantas de biometano, las que aspiran a inyectar gas a la red, necesitan otra dieta.

"Cualquier proyecto que diga basarse en porcino es un proyecto fake".Fernando Suárez · ingeniero agrónomo especializado en biogás

Fernando Suárez, ingeniero con veinte años de experiencia en el sector y miembro de honor de la Asociación Española de Biogás (AEBIG), lo explica de forma tajante: "Cualquier proyecto que diga basarse en porcino es un proyecto fake". El purín, sostiene, es un residuo marginal para una planta de biometano, y su tope de diseño es un 40% en la mezcla, no más: "No hay ninguna instalación de biogás con purines que sea rentable y que pueda funcionar. Ninguna, cero".

Un estudio publicado en 2023 por la Asociación Española del Gas (Sedigas) sobre la capacidad de producción de biometano en España apunta en la misma dirección: los proyectos basados en sustratos ganaderos como purines de cerdo y vaca, estiércoles y gallinaza tienen un potencial de producción bajo por su elevada proporción de humedad. "No obstante, este tipo de residuos supone el mayor potencial de producción de biogás de España debido a la enorme cabaña ganadera", concluye.

El residuo que no está cerca

Una planta de biogás depende de lo que tiene cerca, porque el residuo es pesado y caro de transportar. "Tienes que pensar y dimensionar tu planta para los residuos que tengas cerca", explica Puchades. Y añade otro criterio básico: "Lo fundamental es que esté equilibrada la dieta, pero también que sepas muy bien qué vas a hacer con el digerido".

DATADISTA ha cruzado lo que cada proyecto presentado desde enero de 2022 dice que va a tratar con el estiércol, el purín o la gallinaza que hay a su alrededor, en un radio de 35 kilómetros, según los registros ganaderos de vacuno, porcino y aves.

En los casos más extremos, alrededor de la planta no hay ni una décima parte de lo que indica que va a necesitar y tendrá que traerlo de mucho más lejos.

El proyecto de una planta de biometano en Torralba de Calatrava (Ciudad Real), presentado en 2025, declaró 110.000 toneladas de purín de cerdo al año, casi once veces lo que producirían las granjas de cerdo de ese radio. El ayuntamiento lo rechazó en diciembre de 2025.

Los residuos no siempre están al lado de la planta. En algún expediente se ha indicado que vendrán de hasta 50 kilómetros de distancia, un patrón distinto al de Torralba: aquí no se trata de declarar más purín del que existe cerca, sino de ampliar el radio para encontrarlo, lo que se traduce en camiones de ida y vuelta haciendo un mayor recorrido entre las granjas y la planta. Una instalación que gestione unas 100.000 toneladas anuales de residuos mueve entre veinte y treinta camiones diarios; una grande puede alcanzar los cuarenta y cinco. Treinta camiones al día son uno cada veinte minutos entrando y saliendo por la carretera de un pueblo o cerca de ella.

Ese tráfico es una de las primeras cosas que ven los vecinos de un proyecto que, hasta entonces, suele existir solo en boletines. Toni Jorge, de Ecologistas en Acción de La Manchuela e integrante de la coordinadora Stop Ganadería Industrial, lo resume en el paso de camiones cerca de los pueblos o a través de ellos: "molestias, olores, destrozo de caminos, de carreteras".

La omisión no siempre es un descuido. En Castilla-La Mancha, varios expedientes aparecieron en su versión pública con el mix de residuos tachado o dejaron de poder consultarse, según denunció la plataforma Stop Ganadería Industrial; una de las copias ni siquiera se podía abrir. Preguntada por DATADISTA, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, atribuyó esos tachados a razones de seguridad industrial que alegó la empresa y aseguró que no volverá a ocurrir: "si un proyectista no quiere que haya algún dato, que no se presente". La ley 27/2006 ampara al ciudadano para acceder a esa información y participar antes de la decisión.

La tubería y la dieta

Detrás de ese desajuste hay dos condiciones que tiran a la vez de cada proyecto: residuos cerca y una conexión a la red de gas si quiere vender biometano.

"Trazamos un plano de la red gasista y nos dimos cuenta de que cada vez que había una planta, siempre estaba al lado".Toni Jorge · Ecologistas en Acción / Stop Ganadería Industrial

Toni Jorge describe el patrón desde la oposición vecinal: "Trazamos un plano de la red gasista y nos dimos cuenta de que cada vez que había una planta, siempre estaba al lado". Desde el sector, Puchades lo plantea como un problema de ordenación. En otros países europeos, sostiene, "el regulador ha tratado de establecer unas reglas del juego claras" e incluso de "fomentar las plantas de pequeño y mediano tamaño" y "un principio de cercanía a los residuos". "Muchas veces en España esa regulación ha faltado", resume.

Una planta de biometano proyectada en Gálvez, en Toledo, muestra cómo se cruzan esas dos lógicas. Declara casi 190.000 toneladas de residuos al año. Su alcalde, Manuel Fernández, la defiende como una forma de que la ganadería del pueblo no acabe cerrando por las exigencias ambientales: "Mientras los animales sean mamíferos y hagan su pis y su caca, hay que dar una solución. Qué mejor solución que las plantas de biometano". Aspira a que Gálvez sea "la abanderada del biometano en España".

Según el balance de masas del proyecto, el purín porcino representa unas 50.000 toneladas al año, el 26% de la mezcla prevista. El resto procede de estiércoles y gallinaza, alperujo de almazara y restos cárnicos o grasas de matadero.

El de Gálvez es el ejemplo opuesto al de los municipios que no tienen cerca suficiente purín. En su caso, su enorme cabaña de ganadería industrial hace que la planta de biogás solo prevea gestionar una pequeña parte de todo el purín que se genera en las granjas. El cálculo de DATADISTA indica que esas 50.000 toneladas de purín equivalen solo al 6% del purín disponible en un radio de 35 kilómetros alrededor de la planta.

España produce unos 135 millones de toneladas de estiércol al año, una cifra que suena a recurso inagotable para el sector del biogás. Pero una buena parte no se puede recoger. Unos 82 millones de toneladas proceden de la ganadería estabulada, la que mantiene al animal encerrado y canaliza el purín; el resto lo genera el ganado de pasto, repartido por el campo, y se queda donde cae.

El balance climático no enseña sus cuentas

El biometano se contabiliza como una energía renovable, pero los expedientes publicados no siempre permiten reconstruir cómo se reparte su balance climático entre camiones, energía, calderas, antorcha o fugas.

La planta de La Sentiu de Sió prevé tratar 505.000 toneladas de residuos al año. La mayor parte, 425.000 toneladas, son deyecciones ganaderas: 300.000 de purines y 125.000 de estiércoles, el 84% del total. Las otras 80.000 proceden de residuos de la industria alimentaria, fangos y lodos agroalimentarios y papeleros, y restos de matadero y cadáveres de explotaciones porcinas.

En su entorno no parece faltar purín: apenas utilizaría el 6% del disponible en 35 kilómetros. Su expediente cuantifica, además, un consumo de 57.659 MWh anuales de electricidad de red y 10.600 MWh de gas natural como combustible de las calderas. También reconoce emisiones de gases de efecto invernadero por el tráfico de camiones, la maquinaria móvil, los desplazamientos de trabajadores, los grupos electrógenos, la antorcha, la caldera de biogás y gas natural y posibles fugas durante la generación de biogás.

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sostiene que la planta compensará sus emisiones entre un 112% y un 120%. La resolución urbanística, por su parte, señala que el balance incluye el transporte y la distribución de materias primas, calculados con un recorrido medio de 28 kilómetros. Pero el expediente no publica el desglose de CO2 equivalente por fuente, por lo que no permite saber cuánto pesan los camiones, la electricidad de red, el gas natural, la antorcha o las posibles fugas en el resultado final.

La oposición salta de los pueblos a los parlamentos

El número de plataformas vecinales contra las plantas de biogás crece a un ritmo de unas tres al mes. Stop Ganadería Industrial reúne ya a 126 colectivos en municipios de toda España y suma más de 200 movilizaciones en el último año y medio.

El mapa del conflicto atraviesa España en todas direcciones, de Galicia a Murcia y de Cantabria a Andalucía. En algunos municipios, la oposición ha acabado en consultas de distinto alcance jurídico: consultas populares autorizadas, votaciones vecinales, encuestas impulsadas por partidos o referéndums locales. Ha ocurrido, entre otros casos, en Las Torres de Cotillas, Carrión de Calatrava, Moià, Úbeda o Colmenar Viejo.

La movilización también se ha traducido en miles de escritos. En Miajadas, hubo cerca de 9.000 alegaciones contra la planta proyectada; en Xunqueira de Ambía, la plataforma contraria al proyecto registró más de 3.400; y en Hazas de Cesto, en Cantabria, una planta de 150.000 toneladas anuales de residuos acumuló 2.664 alegaciones, según la documentación recopilada por DATADISTA.

No todos los proyectos con oposición caen. Pero el conflicto ya ha frenado una parte de la cartera. Stop Ganadería Industrial da por paralizados 17 proyectos por frenos municipales, desistimientos de los promotores o declaraciones ambientales desfavorables.

Autol, en La Rioja, muestra que el rechazo no llega solo por la vía vecinal o municipal. El Gobierno riojano emitió en abril de 2025 una declaración de impacto ambiental desfavorable que impidió instalar una planta de biometano a 1,7 km del casco urbano por su impacto severo y permanente sobre el paisaje.

Toni Jorge atribuye este rechazo social a la forma en que aterrizan los proyectos. Un promotor, explica, busca primero un suelo cerca de la red de gas y de la carretera, y pide al ayuntamiento la compatibilidad urbanística, a menudo con un proyecto mínimo. "Los vecinos no se enteran, y muchos ayuntamientos tampoco saben de qué iba", resume.

El conflicto ha llegado a los parlamentos autonómicos. Esta semana, el Parlamento navarro ha aprobado una moción para instar al Ejecutivo foral a presentar una planificación integral del sector del biogás y el biometano.

En Castilla-La Mancha, la presión en las calles también ha forzado la maquinaria política. Con el voto favorable del PSOE y la abstención de PP y Vox, las Cortes han aprobado una resolución que exige al Gobierno regional un "marco regulador claro, restrictivo y garantista" para ordenar la avalancha de proyectos. Esto se ha traducido en un nuevo decreto autonómico de biometano que abrirá su fase de información pública a principios de julio.

La Junta niega una moratoria formal, pero admite que el nuevo decreto puede dejar fuera a una parte de los proyectos ya presentados.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado a DATADISTA que la norma "va a afectar a todas" las plantas, incluidas las ya autorizadas o en tramitación, aunque con periodos transitorios. Para los proyectos en trámite, avanzó un plazo de adaptación de "entre los 12 y los 24 meses".

Una de las medidas será que el 80% de los residuos estén situados a menos de 35 kilómetros de las plantas. El filtro más duro será la distancia. "Hay un elemento que no se puede cambiar y es la distancia", afirmó. Los proyectos situados a menos de 2.000 metros de un núcleo urbano se caerán salvo que encuentren una nueva ubicación. Según la consejera, 20 expedientes que tramita la región no cumplen actualmente con esa nueva distancia.

La coordinadora Stop Ganadería Industrial no rechaza cualquier planta de biogás, matiza Toni Jorge, sino el modelo que se está imponiendo. Reivindica instalaciones pequeñas, ligadas al autoconsumo de una explotación o una mancomunidad, frente a las grandes plantas que depuran el gas para inyectarlo a la red. "Es un buen sistema de tratamiento de residuos, del que obtienes un poco de energía, pero es un mal sistema de obtención de energía", afirma.

El boom avanza sobre esa tensión, entre plantas pensadas para resolver un residuo local y plantas diseñadas para vender gas a la red; ciudadanos que piden frenar la tramitación y administraciones que empiezan a ordenar un sector que creció antes que sus propias reglas.