Mercedes Gómez:«Los proyectos de biometano que no estén a más de 2.000 metros [del casco urbano] se caerán»

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Desde el Gobierno regional tenemos claro que el biometano es una oportunidad para poder generar energía a través de una serie de residuos. Nada más y nada menos que 15,7 millones de toneladas de residuos orgánicos que, de otra manera, se perderían y contaminarían, y que de esta forma les podemos dar una vida útil.

Tanto alpechines como alperujos. También estamos hablando de vinazas. También estamos hablando de residuos ganaderos, pero también lodos de depuradora, que en estos momentos no tienen una salida real salvo que se lleven a vertedero. Y evidentemente esa no es la situación ideal.

Poder contar con plantas de tratamiento, en este caso, que produzcan biometano, pero también algo muy importante, que produzcan un abono orgánico de calidad y que pueda devolverse, siguiendo las directrices de la economía circular, al circuito de los agricultores y ganaderos de nuestra región, resulta importante y fundamental. Y de ahí que estemos apostando por esta tecnología.

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Desde hace dos años estamos, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, trabajando en lo que sería nuestra hoja de ruta. Hicimos un Plan de Biometanización al 2030 en el que se analizaba cuál era la situación y la generación de esos residuos agrarios y ganaderos y ligados a la industria agroalimentaria de nuestra región, y qué fórmulas habría para poder ser tratados.

Regulamos exactamente cómo queremos que se construyan esas plantas. Y contamos con una resolución por parte de los grupos parlamentarios mayoritarios de nuestras Cortes regionales, para indicar también las necesidades de protección hacia las personas en cuanto a la implantación de estas plantas. Eso va a motivar un decreto que va a regular precisamente estas plantas de biometano, teniendo en cuenta, por un lado, lo que decía nuestro Plan de Biometanización, pero por otro lado también lo que contempla esta resolución de las Cortes regionales de Castilla-La Mancha.

Y además establecemos algo que no establecía el Plan y que sí resolvieron las Cortes de Castilla-La Mancha: que todos los ayuntamientos, previamente y por el pleno municipal, tienen que estar de acuerdo en que se instale este tipo de proyectos en su término municipal. Que el pleno de cada ayuntamiento se pronuncie específicamente y ese informe sea vinculante.

Es decir, que sin ese informe previamente ningún proyecto podrá salir adelante. Dentro del decreto que queremos aprobar, establecemos ese capítulo de transparencia y de comunicación que tiene que hacer obligatoriamente la empresa. No va a tener más remedio que presentarlo a los ciudadanos, porque el pleno del ayuntamiento se tiene que pronunciar en primera instancia de si está de acuerdo o no con el proyecto, y por lo tanto lo va a tener que explicar.

Tiene que realizar además una información específica y clara de todas y cada una de las características del proyecto de planta que quiere hacer. No solo en el municipio donde se va a instalar la planta, sino en la comarca, es decir, en los municipios de alrededor donde pueda tener cierta influencia que una planta se instale.

El que en un momento determinado se publicase una documentación que pudiese tener tachados algunos elementos por seguridad industrial que comentó la empresa, eso no va a volver a suceder. Y si un proyectista no quiere que haya algún dato, que no se presente.

Este decreto está ya en fase de borrador muy avanzado, con la idea de que en el mes de octubre o noviembre ya esté publicado, esté en vigor.Y este decreto va a establecer, como digo, todas las características técnicas, pero también de distancias a los municipios, o de tránsito de camiones, y de control de olores y de hermeticidad de los depósitos que tienen que tener estas plantas para acumular la materia prima, la materia orgánica que tratan y que tienen que almacenar.

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Para nosotros resulta fundamental que ningún camión que traslade residuos lo haga atravesando ningún municipio. ¿Por qué? Porque el camión precisamente es el que más olor produce, aunque la exigencia sea que sean camiones estanco. También hay que tener en cuenta que tenemos que hacer un control de la huella de carbono. No estaríamos consiguiendo mejorar nuestra economía circular y nuestra huella de carbono si el transporte fuese un disparate.

Lo que establecíamos en el Plan de Biometanización para aquellos proyectos que estaban situados de 1.500 a 2.000 metros de los cascos urbanos, en este caso se va a exigir para todos los proyectos. Y se va a exigir, además, que todos los proyectos estén a más de 2.000 metros de los cascos urbanos. Todos aquellos proyectos que no estén a más de 2.000 metros, evidentemente se caerán, salvo que encuentren una nueva ubicación. De los 62 proyectos que estamos tramitando en estos momentos en nuestra región, habría 20 proyectos que en estos momentos no cumplirían.

El decreto no establece en ningún caso qué objetivo de producción de energía ni qué objetivo de número de plantas tenemos que tener en Castilla-La Mancha. No establece un límite de plantas ni de tamaño. Todo dependerá de su ubicación y del conjunto de residuos que tengan en un radio de acción de 35 kilómetros, que es lo que va a establecer el decreto.

El 80% de los residuos tienen que estar generados lo más cerca posible y sobre todo que, si están ligados a industrias agroalimentarias o cooperativas donde ya se generan ese tipo de residuos, tengan prioridad frente a otros proyectos. Es decir, hay un margen de un 20% que pueden recoger más allá, precisamente porque si en la dieta se necesita algún residuo que se tiene que traer de otro lugar, que eso se pueda hacer, y que evidentemente complemente lo que se necesita para que sea eficiente la planta, porque si no sería absurdo.

No tenemos establecido a priori qué tipo de residuos son los que se tienen que recoger, salvo que sean residuos correspondientes a la fracción de materia orgánica que se necesita para el tratamiento de la planta. Evidentemente, la dieta que ellos necesiten determinará no solo su tamaño, sino también las necesidades de tratamiento que se requieran, y sobre todo la Autorización Ambiental Integrada.

En este momento no existe riesgo de que se instalen plantas que especulen con los residuos, en el sentido de que se puedan traer residuos de otros lugares o que se puedan generar como consecuencia de crearse una planta de biometano. Es decir, no hay que generarlos, es que ya existen esos residuos, y tan solo un 20% podrán venir de fuera o se podrán generar después de haberse construido la planta. Por lo tanto, las plantas tienen que estar dimensionadas a ese volumen de residuos, porque entre otras cosas, si no, no serán viables. El crecimiento del sector ganadero de Castilla-La Mancha va más ligado al desarrollo de la industria agroalimentaria que realmente a la creación de una planta de biometano.

Todas esas medidas son las que nosotros vamos a comprobar, y si no se cumple alguno de esos requisitos, la planta no será viable.

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En Castilla-La Mancha, en estos momentos, tenemos siete plantas autorizadas de producción de biometano y biogás, pero solo cinco están construidas y en distintas fases de producción. Además, en estos momentos tenemos 62 expedientes presentados por distintos promotores en distintas fases en su tramitación, pero están siendo muy cuestionado en algunos casos por la ciudadanía de Castilla-La Mancha.

Este decreto va a afectar a todas. Es decir, se va a dar un periodo transitorio de cuatro años para que las plantas que ahora mismo están instaladas o en distintas fases de construcción y no reúnan los requisitos que establece este decreto, tengan ese periodo de tiempo para su adaptación.

Aquellas plantas que estén ahora mismo en tramitación igualmente tendrán que tener un plazo para poder cumplir estos requisitos. Y las que están en tramitación, pero que aún la Administración regional no ha iniciado su tramitación, evidentemente todas ellas se tienen que adaptar, y se les dará un periodo transitorio de adecuación de sus proyectos para poder ser aprobados, que va a abarcar entre los 12 y los 24 meses.

Eso va a suponer un incremento del coste del proyecto, pero si lo quieren asumir, evidentemente podrán tramitarse, y si no, no podrá ser.

En estos momentos tenemos seis proyectos declarados prioritarios que están en diferentes fases de su tramitación. Son proyectos que igualmente, aunque sean prioritarios, se van a tener que adaptar a lo que regulemos en el decreto. Precisamente en el ámbito energético existen una serie de medidas adicionales que tienen que cumplir en el caso de las plantas de biometano para poder instalarse como proyecto prioritario, y que se acorten los plazos correspondientes de tramitación.

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Nosotros siempre hemos tenido muy claro que no queríamos plantas de biometano que no tratasen el digestato y lo convirtiesen en un abono orgánico. En el resto del territorio nacional no se exige este tipo de tratamiento. Para nosotros resulta fundamental, porque es la única forma de devolver realmente una materia orgánica seca como abono a nuestra agricultura y que además sea estable.

Son un nitrógeno y un fósforo secuestrados, por decirlo de alguna manera, dentro de la materia orgánica, pero muy digestibles. Un abono que es totalmente inodoro, que las plantas absorben fenomenal el nitrógeno y el fósforo que necesitan y además se disuelve en el suelo sin ningún problema. Los abonos inorgánicos se quedan en el suelo, no permean, no se disuelven. Y con los arrastres que se pueden producir con las lluvias, pasan a los acuíferos y finalmente contaminan.

Encima la planta no es tan eficiente recogiendo ese nitrógeno y ese fósforo, y por lo tanto, como digo, se pierde mucho. Y es muchísimo más eficiente que un purín echado en el suelo, porque un purín, si no se laborea bien, sucede lo mismo que con un abono inorgánico, que hay escorrentía y además malos olores.

Por lo tanto estamos en una situación que compromete la viabilidad de nuestra ganadería y también compromete la viabilidad de nuestra agricultura si no utilizan abonos orgánicos de calidad, porque hay que tener en cuenta que somos una región con un suelo muy pobre en materia orgánica.

No vamos a admitir ninguna planta que no tenga ese tratamiento, pero además que también traten el agua, porque hay que tener en cuenta que cuando el digestato se convierte en abono orgánico, esa es la fase sólida, pero hay una fase líquida que también se tiene que tratar.

En Castilla-La Mancha, tenemos un control establecido en las zonas vulnerables a nitratos, precisamente para saber de dónde vienen esas contaminaciones, tanto de nitrógeno como de fósforo en estas zonas. Y tengo que decirles que el purín es un factor, pero no es el más determinante. El más determinante en cuanto a la contaminación de nitrógeno y de fósforo es el uso abusivo de abonos nitrogenados inorgánicos, que muchas veces utilizan sin necesitarlo la propia planta, porque precisamente el suelo ya tiene nitrógeno en muchas ocasiones y fósforo necesario para la vegetación.

Por lo tanto, ahí tenemos un problema, yo creo que de buenas prácticas agrarias, que en colaboración con nuestras organizaciones profesionales agrarias estamos abordando desde la Consejería de Desarrollo Sostenible. Y de hecho nosotros estamos haciendo controles antes y después del uso de los abonos, tanto inorgánicos como orgánicos, o como el uso, por ejemplo, de purines, para en todo caso evitar el abuso de abonos.

El objetivo es que se puedan utilizar abonos orgánicos de los digestatos que van a salir de las plantas de biometano pero también de los purines adecuados y tratados de acuerdo también a nuestro decreto de gestión de estiércoles. En ese decreto de gestión de estiércoles tenemos también establecidas unas distancias a los cascos urbanos en las que se pueden utilizar este tipo de elementos, sobre todo si provocan olores. En este caso, si se utiliza un purín los produce, y si se utilizase, por ejemplo, un abono orgánico procedente de una planta de biometano, no los produce. Afortunadamente tenemos la colaboración de nuestras organizaciones profesionales agrarias y de nuestros agricultores y ganaderos, porque entienden que quieren seguir manteniendo sus producciones de la forma más adecuada posible.

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Noez es una planta que ha estado recientemente en fase de pruebas, porque terminó su construcción recientemente. Tuvieron un pequeño problema que se va a corregir en la normativa que precisamente vamos a publicar mediante decreto y es que las balsas de entrada de materia orgánica no estaban cubiertas, porque no se exigía, no hay ninguna norma que lo exija.

Nosotros hemos hecho la recomendación de que eso se haga en esta planta. Está en estos momentos cubriendo sus depósitos de almacenamiento de materia orgánica y esa situación ya se ha eliminado completamente. Precisamente eso, entre otras cuestiones, es lo que ha motivado que en el decreto, como digo, que vamos a publicar, todas las balsas de contención de la materia orgánica para tratamiento van a estar cubiertas.

Va a ser obligatorio porque, como digo, no existe ninguna normativa que lo exija, aunque en este caso esta planta lo va a hacer. El resto de plantas construidas en Castilla-La Mancha no tienen tampoco cerrados sus depósitos, y por lo tanto será un elemento de los cuatro años transitorios para que cierren esas balsas y que no haya ningún problema.