En un solar a las afueras de Torralba de Calatrava, un pueblo de 3.000 habitantes en Ciudad Real, un proyecto de planta de biometano preveía tratar 110.000 toneladas de purín al año de granjas de porcino de madres con otros residuos ganaderos y agrarios. El purín representaba el 67% del total de los residuos anuales de la planta.
El problema es que en Torralba de Calatrava y en sus alrededores no hay muchas granjas de cerdos. En 35 kilómetros a la redonda, todas las granjas de cerdos juntas apenas producen unas 10.000 toneladas anuales de purín. La planta pedía sobre el papel diez veces y media el purín que hay a su alrededor.
Alimentarla exigía un desfile de camiones para llevar a la planta hasta 617 toneladas diarias. Eso supone unos 25 camiones diarios con residuos, a los que habría que sumar otros 25 camiones que se llevarían de la planta las fracciones sólidas y líquidas del digestato hasta un gestor de residuos. Todos pasarían por la carretera N-430, que aumentaría su tráfico pesado hasta en un 54% por una parte del recorrido y a menos de dos kilómetros del casco urbano.
Torralba dijo no. El Ayuntamiento, en un primer momento, dio el visto bueno urbanístico casi de oficio, porque sus normas no excluían este uso. La movilización ciudadana hizo que finalmente el Consistorio suspendiera las licencias, aprobara una ordenanza contra los olores y, en diciembre de 2025, el Pleno rechazara el proyecto por unanimidad y pidiera a la Junta que archivara el expediente.
El caso de Torralba de Calatrava no es una excepción. Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas con mayor número de proyectos de biometano, por detrás de Castilla y León y Cataluña. Acumula más de setenta expedientes de biogás y biometano. La mayoría de ellos presentados en los últimos tres años.
