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Medioambiente Energía

La guerra del biogás

La carrera por convertir purines y residuos en gas verde enfrenta a administraciones, fondos de inversión y promotores con pueblos donde se proyectan las plantas mientras otros abrazan la llegada del biogás como modo de salvar su ganadería intensiva.

Antonio DelgadoAna Tudela 30 de junio de 2026

Cientos de millones de euros de inversores internacionales y nacionales, Goldman Sachs, Morgan Stanley, el fondo CVC, Mapfre, Criteria… llevan unos años analizando pueblos por toda España. Buscan un problema que nadie parecía ver, que no abre informativos aunque esté ya en suelos, acuíferos, humedales y hasta en el agua del grifo. Estudian en el mapa la acumulación de granjas de ganadería intensiva, sus balsas, sus purines, su contaminación… y calibran lo cerca que está ese problema de un tubo: la red de gas.

Hay un gran negocio en transformar en energía la mierda, en un país que ya no sabe dónde echarla. En convertir la montaña de residuos difícilmente tratables a estas alturas en gas, electricidad o calor; en biogás y biometano. Más de 250 proyectos presentados desde 2022 ante las autoridades autonómicas buscan aprovechar esa oportunidad. De momento están en funcionamiento una veintena.

Planta de biometano a vista de dron | DATADISTA

DATADISTA los ha rastreado durante meses en los boletines oficiales y portales ambientales, autonómicos y provinciales, y hoy presenta la radiografía más completa del negocio del biogás en este país: su ubicación, la fase del proceso en la que se encuentran, la materia prima que prevén utilizar, la energía que prevén producir.

Aunque los purines no sean ni de lejos el mejor combustible de las plantas de biogás, que sacan más partido de transformar restos vegetales agrícolas y forestales y que pueden tratar también residuos urbanos, es muy tentador llegar con la promesa de la solución allí donde muchos veían que las normas europeas de cuidado del medio ambiente, pero sobre todo de salud pública, les iban a echar el cierre. No tan rápido. La importancia de la cercanía a la red de gas dibuja un mapa del biometano en el que hay plantas en zonas tan saturadas de granjas industriales que solo podrán tratar una parte minoritaria del total que se genera. Otras donde falta esa materia prima y se intuye que los residuos tendrán que venir de lejos.

Mientras hay pueblos que han abrazado sin reparos el biogás, hay cada vez más municipios que no ven claro que les compensen las desventajas: potenciales olores, riesgos de contaminación y un trasiego incesante de camiones para alimentar plantas que planean tratar hasta 500.000 toneladas anuales de residuos. Los transforman, sí, en energía, pero queda el digestato: un residuo con fracción sólida y líquida que conserva buena parte del nitrógeno y del fósforo y puede servir para abonar, pero que habrá que tratar y distribuir de nuevo con cuidado de no contaminar las aguas por sobrefertilización.

La apuesta de Europa y de España en favor del biogás está ligada a la geopolítica. Independizarse del gas ruso se ha convertido en prioridad comunitaria desde la invasión de Ucrania y el biometano es capaz de sustituir al gas natural y usar su misma tubería. La guerra de Irán ha reforzado la defensa de esta energía renovable debido a la posibilidad de producir fertilizantes orgánicos a partir del digestato.

Pueblos pequeños y activistas han vuelto a las calles para enfrentarse a un movimiento que puede cambiar su día a día. Esta es la guerra del biogás.

Publicaciones

Metodología

Cómo se hizo este especial

  • +60boletines oficiales y portales ambientales rastreados
  • +2.500documentos pdf extraídos
  • +60.000páginas analizadas

España no tiene un registro público único que permita saber, de un vistazo, cuántos proyectos de plantas de biogás y biometano se tramitan, dónde están, quién los promueve o qué residuos prometen tratar. La información existe, pero está repartida en decenas de boletines oficiales, portales ambientales, registros energéticos, expedientes autonómicos y documentos municipales.

Hemos reconstruido ese rastro durante meses. Cada expediente administrativo fue una unidad de trabajo: de ahí salieron anuncios de información pública, estudios de impacto ambiental, declaraciones de impacto, autorizaciones, resoluciones, proyectos técnicos y anexos. Entraron los documentos que permitían seguir una planta de biogás o biometano, su conexión a la red o una infraestructura asociada. Después quitamos duplicados, registros ajenos al sector y expedientes sin trazabilidad suficiente.

Hemos montado un sistema que revisa las fuentes con regularidad: extrae datos nuevos, los procesa, los normaliza y los analiza, y sigue la evolución del sector.

Un anuncio en un boletín no equivale a una planta operativa. Por eso clasificamos los expedientes por fase de tramitación y los cruzamos con registros nacionales, datos de la CNMC, Enagás GTS, PRETOR y otras fuentes para comprobar qué instalaciones inyectan gas o producen energía de verdad.

La base de datos no se limita a contar puntos en un mapa. Cada proyecto lo hemos cruzado con registros ganaderos, censos autonómicos, zonas vulnerables a nitratos, masas de agua, red gasista, PRTR, registros de residuos, normativa aplicable y seguimiento de la conflictividad territorial. También hemos revisado alegaciones, respuestas administrativas y documentación de plataformas vecinales, administraciones, empresas, fuentes del sector y expertos.

Para saber si el residuo que una planta promete tratar existe cerca, hemos comparado la dieta ganadera que declara cada expediente con el residuo que producirían las explotaciones registradas en su entorno, estimado a partir de los censos ganaderos disponibles. Para la visualización de suficiencia local hemos usado solo expedientes presentados desde el 1 de enero de 2022, la etapa posterior a la hoja de ruta estatal del biogás y al despegue del biometano. Hemos calculado los coeficientes de generación de residuos de cada explotación y los hemos contrastado con la demanda de purín, estiércol o gallinaza que declara cada proyecto.

Residuo ganadero a 35 km

El radio de 35 kilómetros es un criterio de cribado conservador. No mide rutas reales por carretera ni contratos de suministro. Mide la disponibilidad ganadera declarada alrededor de la planta y compara proyectos con una regla común.

Para cada planta comparamos el purín, estiércol o gallinaza que declara que va a usar con el que producirían las explotaciones registradas en un radio de 35 kilómetros. La comprobación solo es posible cuando el expediente cuantifica esos residuos. Los expedientes que los mencionan sin dar toneladas quedan como no auditables. Si una planta declara más residuo ganadero del que produciría su entorno, la marcamos como déficit. Cada caso se ha contrastado con la tabla de sustratos del Estudio de Impacto Ambiental o documento ambiental equivalente.

Verificación y límites

Cuando los documentos están escaneados o son muy largos, los pasamos por OCR y aplicamos modelos de lenguaje para ordenar los campos. Revisamos cada dato que entra en la base de datos y lo enlazamos a su documento original, para poder verificarlo.

Hemos construido este censo con fuentes públicas, y depende de la transparencia con que las administraciones publiquen sus datos. Por eso es una cifra conservadora de expedientes y proyectos documentados. La fase administrativa no siempre equivale a actividad real, así que, para identificar instalaciones en producción, cruzamos los expedientes con PRETOR, GdO/GdE, CNMC, Enagás GTS y Gasnam.

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