El agua del Tajo no llegó en la cantidad prometida pero el
regadío se extendió como si lo hubiera hecho. El secreto estaba bajo el suelo, en los acuíferos ya
sobreexplotados. La CHS optó por mirar durante décadas hacia otro lado.
El agua del Tajo no llegó en la cantidad prometida pero el
regadío se extendió como si lo hubiera hecho. El secreto estaba bajo el suelo.
Embalse de Entrepeñas (Guadalajara) el 5 de julio de 2017 / Ignacio
López/JCCM
Las tierras del sureste español son tremendamente fértiles. Cada gota de agua les aprovecha como
en ningún otro punto del país. Pero agua, hay poca. Muy poca. Los habitantes del Campo de Cartagena llevan más
de un siglo buscándola
literalmente debajo de las piedras, primero con sus famosos molinos de vela latina y luego, aprovechando que
tenían al lado la maquinaria de extracción de la sierra minera, cada vez más y más profundo. Tan bueno era el
resultado que,
cuando esas tierras fueron visitadas en 1933 por el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, a quien
Indalecio Prieto le había encargado elaborar el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de la Segunda República,
este dijo en el viaje de vuelta a
Madrid que habría que llevar allí el Nilo si hacía falta.
En un ataque de pragmatismo, optaron por el Tajo. La Guerra Civil y los años negros de la autarquía truncaron
los planes y el Trasvase Tajo-Segura (TTS) no se retomó hasta 1965, inaugurándose en 1979, hace ahora
cuarenta años.
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Desde el punto de vista de la ingeniería civil, las cifras eran deslumbrantes. Un canal de 292 kilómetros con
capacidad de enviar hasta 33 metros cúbicos por segundo, que en su punto de partida, en el embalse de
Bolarque, bombeaba el agua
haciéndola salvar un desnivel de 245 metros en 1.070 metros de longitud.
Sin embargo, las cifras más relevantes, las del agua que estaba previsto enviar de una cuenca a otra,
no solo no se cumplieron.
La primera fase suponía “un
máximo anual de 600 millones de metros cúbicos”
de agua que se desviarían desde el río Tajo hasta llegar al Segura. De estos, 400 eran para el regadío, 110
para consumo urbano y el resto, la evaporación estimada.
A su vez, de los destinados al regadío, que se
reparten entre las provincias de Murcia, Alicante y Almería, es Murcia la que tiene asignada una cantidad
anual mayor: 260 hm³. Y dentro de Murcia, la Comunidad de Regantes a la que se le destinó el mayor
volumen fue la del Campo de
Cartagena, con 122hm³ al año. A la segunda fase nunca se pasó.
Consumos netos totales para riego del trasvases del Tajo-Segura por cada año
hidrológico. (*) Datos hasta julio de 2019 en hm³. | Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura
La media de agua trasvasada del Tajo al Segura desde 1980 se ha quedado en menos de la
mitad del máximo previsto. Según las cifras de la CHS, los recursos medios para riego procedentes del
trasvase en la serie hidrológica
1980/81 - 2017/18 se cuantifica en 175hm³/año en destino. Es la media de la serie larga. En los
últimos años, en los que ha vuelto a producirse un periodo de sequía, el volumen trasvasado ha estado muy
por debajo.
El regadío se extendió por la
cuenca del Segura y con ello por el Campo de Cartagena como si el agua hubiera llegado año tras año en la
cantidad esperada.
Como si no se hubieran sucedido de forma intermitente
largos periodos de sequía que disminuían drásticamente el volumen trasvasado.
No era muy difícil saber de dónde estaba alimentándose el regadío. Hay un upsidedown del trasvase. Otra cara
de la historia.
Hay una gigantesca raíz bajo el suelo de la que en realidad bebe mayoritariamente el campo (hasta un
80% del
agua en las épocas secas), formada por pozos, tuberías y desalobradoras que ha terminado por provocar un
desastre natural.
Esta situación ha dañado la laguna y tiene los acuíferos sobreexplotados y contaminados por los nitratos de
los abonos
del regadío intensivo. Un mundo bajo los surcos de las lechugas iceberg, los melones y los limoneros que
además tiene conexión directa con el Mar Menor.
"Cuando ha venido agua del trasvase, el agua subterránea ha cubierto un 30, 35 por ciento de
la demanda. Pero cuando no ha venido agua del trasvase, ha sido el agua subterránea la que ha cubierto hasta
un 80 por ciento.
(...) Las aguas subterráneas son la clave de que se haya podido mantener el sistema".
José Luis García Aróstegui, científico titular del IGME Murcia.
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Las aguas subterráneas están protegidas teóricamente en España desde la Ley de Aguas de 1985
(29/1985 de 2 de agosto), que las incluyó por primera vez en el dominio público. La protección normativa se ha
reforzado además
desde Europa por ser estas aguas las futuras reservas para el abastecimiento de la población,
cuando los periodos de sequía se hagan más frecuentes y prolongados debido al cambio climático.
-13.000hm³
RESERVAS CONSUMIDAS
Que se está extrayendo agua subterránea en mayor volumen del que la naturaleza es capaz de reponer en
los acuíferos de la Cuenca del Segura se conoce por lo menos desde 1986, cuando ya habían
transcurrido siete años desde la llegada de
las primeras aguas del Trasvase.
El 30 de diciembre de ese año, el rey Juan Carlos I interrumpía sus vacaciones navideñas para firmar, desde
la estación de esquí de Baqueira-Beret, un Real-Decreto Ley que el Gobierno socialista de Felipe
González consideró de
“extrema urgencia”.
“Los estudios realizados para la elaboración” del Plan de la Cuenca del Segura permitían “afirmar la
existencia de una grave sobreexplotación en numerosos acuíferos”. A medida que el nivel del agua
descendiese, lo esperable era que “los
interesados”, los regantes de la Cuenca del Segura, buscasen “nuevas fuentes de suministro, cuya consecuencia
inmediata será la desordenada explotación de los pocos recursos subterráneos que aún puedan existir”, recogió
el BOE.
Tras refrendar el Parlamento la norma, el siguiente paso, recogido tanto en la Ley como en el reglamento que
la desarrolló (849/1986, de 11 de abril) estaba claro.
En los acuíferos
sobreexplotados, la Ley obliga a elaborar un plan de ordenación de las extracciones que reduzca la
cantidad de agua que se saca del subsuelo. Su elaboración debió comenzar en 1987. Han pasado 32 años.
"Lo que dice la ley no era fácil si se quería mantener la actividad agraria. (...) Si a un
acuífero le estás extrayendo más agua del recurso renovable, el plan de Ordenación tiene que procurar bajar
la tasa de extracción.
(...) Eso, desde 1987, no se ha hecho".
Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.
"La gran mayoría de los acuíferos están sobreexplotados. (...) Los que están
declarados como sobreexplotados lo están de forma provisional de forma que eluden la obligación de la Ley de
Aguas de elaborar un Plan de
Ordenación de las extracciones".
Julia Martínez, ecóloga y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
"A nivel ambiental los dos grandes problemas son la sobreexplotación de los acuíferos:
hablamos de un vaciado de reservas de aguas subterráneas a nivel de la Cuenca del Segura probablemente
superior a los 13.000 hm³.
Y el problema del Mar Menor".
José Luis García Aróstegui, científico titular del IGME Murcia.
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Un análisis realizado por DATADISTA de todas las captaciones vigentes
digitalizadas de los acuíferos de Campo de Cartagena y
Triásico de las Victorias, estima que los más de
1600 pozos y sondeos autorizados cuentan con un volumen máximo previsto de unos 110 hm³/año. Sobre los
acuíferos se muestran los perímetros de la C.R
Campo de
Cartagena y la C.R. Arco Sur / CHS, CRCC,
CRAS, MITECO, IGN y elaboración propia
¿Cuánta agua se extrae por bombeo en esta zona? Es la pregunta del millón que ni la propia CHS
conoce en su totalidad. No existe una cuantificación de las lecturas directas de los contadores, tampoco se
cuenta con la digitalización de
todos los derechos vigentes, que lleva un retraso de décadas.
"Yo recuerdo una conversación con un dirigente de la CHS que me decía, qué hay que hacer
para que los pozos no extraigan agua. Póngame usted 6m³ por segundo del canal y mañana están todos
parados".
Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
"Hay un enorme desconocimiento acerca de cuál es la proporción de pozos ilegales o de
captaciones que por no tener caudalímetro no sabemos cuánta agua están captando y sobre todo por ese
carácter irregular no comunicado, no autorizado y por tanto no concedido".
Julia Martínez, ecóloga y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
""Hace falta un estudio hidrogeológico a nivel general de todo el campo de Cartagena. Entre
las primeras actividades, o tareas que requiere es el inventario de puntos de agua y la cuantificación de la
explotación por bombeo. Eso es fundamental porque hay incertidumbre sobre cuánto realmente se está bombeando
y de qué acuífero se está extrayendo".
José Luis García Aróstegui, científico titular del IGME Murcia.
Hay un documento que prueba el punto de descontrol que se alcanzó tras décadas dejando
hacer a los regantes. Tras el cambio en la presidencia de la CHS en 2012 y especialmente tras el
nombramiento como Comisario de Aguas de José Carlos
González, la CHS licitó un estudio técnico (número de expediente
03.0005.13.006) para ayudar a los regantes a regularizar los aprovechamientos existentes que
aún no habían sido incluidos en los registros.
En el pliego de condiciones, firmado
por el comisario de aguas (2012-2018), la CHS se reconoce incapaz de gestionar lo que no conoce. La gran
mayoría de derechos a superficies regables tramitados antes de 2002 carecen de información. En muchos
casos se tramitaron con un
simple croquis. En otros muchos sin definir siquiera las superficies regables. Incluso reconocen que de una
docena de derechos "se ignora prácticamente todo".
"Es una evidencia manifiesta que el principal requisito previo a una correcta
gestión de las aguas en una cuenca tan compleja como la del Segura es tener registrados y
perfectamente definidos todos
los derechos: no se puede gestionar lo que no se conoce."
(...) "La gran mayoría de ellos (prácticamente, todos los anteriores al 2002)
fueron tramitados por una Administración carente de medios técnicos modernos, con lo que
especialmente el elemento
cartográfico de las concesiones y derechos (en claro: las superficies regables) estaba definida mediante
poco más que simples croquis, cuando no era totalmente inexistente".
(...) "Este inexacto o inexistente conocimiento ha dado lugar a confusiones,
inscripciones duplicadas y, en general, a todo tipo de problemas."
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El reglamento que desarrolló la Ley de Aguas no solo obligaba a ordenar su extracción en caso de
sobreexplotación o riesgo de sobreexplotación de un acuífero. Además, implicaba "paralizar todos los
expedientes de autorización de concesión
de aguas" con cargo a acuíferos sobreexplotados.
Las administraciones españolas optaron por ralentizar al máximo la máquina burocrática hasta casi detenerla
y, entre tanto, dejar hacer.
No disponer de concesión
inscrita en el registro no supuso obligar a que se dejase de extraer agua.
El caos se extendió por el Campo de Cartagena.
El actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, en una entrevista en exclusiva
para DATADISTA, no solo reconoce que desde 1987 no se hicieron los planes de reducción de extracciones como
dicta la ley sino
que, ahora que hay recurso alternativo, se están regularizando concesiones a fincas a las que durante
décadas se permitió hacer uso de aguas subterráneas de acuíferos sobreexplotados. Reconoce que es
ilegal pero lo llama “ilegal con
asterisco”, porque en la ley fueron buscando atajos para regularizar el regadío que seguía extendiéndose sin
control aunque no debió permitirse desde 1986.
"No podemos regularizar ese regadío con el agua de la propia Cuenca. (..) Ahora estamos
manejando un volumen muy importante de aguas desaladas. Pues es con cargo a estas aguas desaladas conforme
vamos regularizando esos
regadíos que vienen desde antes del año 98. (...) Estamos regularizando bastante superficie de esas que se
detecta pero que no está inscrita."
Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura.
La Administración optó por ir abriendo puertas en los planes de cuenca para regularizar todo el regadío que
se ha había ido extendiendo ante sus ojos sin control y a pesar de que lo prohibía la Ley de Aguas.
Como prueba, tres días después de la aprobación del Plan Hidrológico 2009-2015, la CHS firmó
el pliego de bases para la
licitación de un servicio técnico que les ayudara a regularizar aprovechamientos hidráulicos pendientes.
En él se refleja la intencion de "abrir una puerta para la regularización de los regadíos existentes desde
antes de 1998", que ya "existen razones fundadas para suponer que van a ser muchos".
“(..) existen razones fundadas para suponer que van a ser muchos los que se acojan
a este precepto, ya que también son muchos los que se encuentran en esta situación, y que han visto
como sus
peticiones de regularización e inscripción en base a las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas han
sido rechazadas al no haberse considerado acreditada la existencia del aprovechamiento el 1 de enero de 1986,
acreditación por
la que la jurisprudencia ha ido endureciendo paulatinamente los requisitos de prueba documental."
"La nueva normativa, al establecer una fecha tan cercana (1998) como fecha de
acreditación de la existencia del aprovechamiento, facilita tal acreditación y constituye el último
cartucho que estos
aprovechamientos pueden usar para pretender a esa tan deseada regularización.”
"Es evidente que no puede repetirse la experiencia habida con las
inscripciones de derechos en base a las Disposiciones Transitorias de la Ley de Aguas, donde después de
25 años de tramitaciones
quedan aún abiertos numerosos expedientes pendientes de resolución, retraso que no ha hecho sino aumentar
las dificultades de acreditación, de existencia, características y aforo."
Llamaron regadío consolidado, una figura que solo existe en la Cuenca del Segura, al que se había
establecido antes de 1998. Y justificaron su invención condicionando su regularización a que no
afectase a las aguas subterráneas “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico, o en su
caso de sobreexplotación”.
Es decir, no cabía la regularización salvo que fuera “con nuevos recursos externos”, esto es
“todo aquel recurso procedente de cuencas hidrográficas distintas a la del Segura” o bien a “recursos
desalinizados procedentes de agua de mar”. Lo mismo ocurrió con las UDA (Unidades de Demanda Agraria),
perímetros sin entidad jurídica pero dentro de los cuales la CHS ha considerado que las concesiones son
regularizables.
En 2018, WWF y ANSE publicaron un análisis sobre la evolución del regadío en el entorno de Mar Menor. Este trabajo realizado mediante el
análisis de imágenes de satélite, Sigpac y trabajo de campo, determinó que el regadío se ha multiplicado
por 10 entre 1977 y 2017.
Casi un 25% de la superfice de
regadío se encuentra fuera de los límites que cuentan con autorización de la CHS. Es decir, el estudio de WWF
y ANSE considera ilegales 12.165,18 hectáreas.
Ante la imposibilidad de hacerlo con cargo a acuíferos sobreexplotados, la CHS utilizó los planes de
cuenca para ejercer una especie de lobby, pidiendo reiteradamente no solo nuevos recursos externos para
sostener la agricultura sino que estos fuesen baratos, algo que en su opinión no cumplían las aguas
de mar desalinizadas, para mantener su rentabilidad. Hay que tener en cuenta que más del 80% de las demandas
de aguas atendidas por la CHS son para actividades agrarias.
Cerca estuvo de lograrse esa nueva transferencia de otras cuencas. El Plan Hidrológico Nacional de
2001, aprobado con el Partido Popular en el Gobierno central, incluía el trasvase desde el río Ebro a
la cuenca del Segura. Cuatro años después, ya con el PSOE en el Gobierno de la nación, el Plan
Hidrológico Nacional de 2005 anulaba los planes de trasvase del Ebro para centrarse en el aporte de
nuevos caudales mediante desalación de agua marina.
La estrategia tenía fecha de caducidad. La laxitud de las autoridades españolas chocó con una realidad:
Europa. La Directiva Marco de Agua no permite que las aguas subterráneas mantengan un estado de
sobreexplotación más allá de 2027, por lo que en los primeros documentos del plan de cuenca
actualmente en elaboración ya no se habla de recursos de otras cuencas y se admite que será la desalinización
de agua de mar la que sustituya al agua subterránea. Los regantes ponen en duda que esto sea factible.
Este uso descontrolado del agua
que se extrae desde los acuíferos se agrava con el uso de pozos ilegales, cuyo número también se desconoce. En
2016, la CHS cifró el número entre 1.000 y 2.000.
La extracción ilegal de agua está tipificada en el Código Penal en el artículo 247 y también es una falta
administrativa según la Ley de Aguas pero la falta de información y de inspecciones sobre el terreno no
han permitido grandes actuaciones hasta hace muy pocos años por parte de la Fiscalía.
A esta situación se ha unido que, en los periodos de sequía se autorizó la apertura de nuevos sondeos, los
conocidos como pozos de sequía, que según la ley debían dejar de usarse cuando finalizase el periodo de
escasez. No fue así.
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