El pasado 28 de mayo de 2022 la ciudad de Huesca se vistió de gala para acompañar el paso de más de 3.200 militares que desfilaron en la ciudad bajo la presidencia de los Reyes de España. Por primera vez, la ciudad alojaba el desfile militar del día de las Fuerzas Armadas. El alcalde de Huesca, Luis Felipe, emitió un bando animando a los oscenses a poner la bandera de España en ventanas y balcones. Unos días antes también emitió otro bando donde se prohibía la aplicación agrícola de purines y estiércoles a menos de dos kilómetros de la última vivienda de la ciudad entre el 23 y el 29 de mayo de 2022. El objetivo era evitar una repercusión negativa entre los visitantes y vecinos que estuvieran en la ciudad.
El olor de purines es uno de los efectos negativos que afloran de inmediato al visitar terrenos cercanos a una instalación porcina. En Aragón, de una forma u otra, todo el mundo está relacionado con el sector porcino, lo que hace que la respuesta social sea mínima y las personas que tienen una opinión crítica con el sistema suelen hablar bajo la condición de anonimato por temor a sus vecinos y relaciones laborales.
El municipio de Loporzano (Huesca) está a 8 minutos por carretera por Huesca. Está situado en las faldas de la sierra de Guara con una parte del municipio dentro de un Parque Natural. Entre sus 574 habitantes, “está inscrito en la Seguridad Social como actividades agrícolas y ganaderas la mitad del pueblo”, explica en una entrevista José Luis Bail, alcalde de Loporzano desde 2020. En Loporzano están en contra del modelo industrial de la ganadería.
En las Navidades de 2015, un grupo de vecinos se enteraron de que se había proyectado la instalación de dos macrogranjas cerca y se organizaron como plataforma vecinal para intentar parar estos proyectos. “sabíamos que iban a impactar de forma muy grave al territorio donde habitamos” explica en una entrevista María José Pueyo, portavoz de la Plataforma Loporzano Sin Ganadería Intensiva.
Pueyo afirma que “No estamos en contra de los ganaderos. El sector ganadero es importante en Aragón. Importantísimo. Es tradicional en nuestra comunidad autónoma. Nosotros lo apoyamos pero hay que hacer las cosas de otra manera. No se puede consentir al porcino industrial que no se haga cargo de los subproductos que genera, que no los trate bien y que como consecuencia de no hacer las cosas bien esté creando un problema medioambiental de primer orden”.
La legislación autonómica de Aragón ha dejado expresamente buena parte de la responsabilidad de la proliferación de las granjas intensivas en manos de comarcas y ayuntamientos, que ven llover millones sobre sus municipios muy superiores a sus presupuestos anuales. Son los planes generales de urbanismo y sus normas subsidiarias las que han permitido la proliferación de concesiones gracias a que la normativa autonómica considera “suelo apto para el desarrollo de la actividad ganadera el suelo clasificado como no urbanizable”. Los ayuntamientos pueden ser más restrictivos pero eso es la excepción.
Jorge Luis Bail, alcalde de Loporzano explica cómo han logrado frenar por el momento los planes de establecimiento de varios proyectos de nuevas granjas intensivas utilizando el margen que les dan las normas. “Los ayuntamientos tienen tres mecanismos para ser capaces de controlar esa industria normativamente. Una es la ordenación urbanística, ordenando la distancia a núcleos y a viviendas diseminadas”. Loporzano, que llevaba 15 años sin Plan General de Urbanismo, hizo “una serie de reuniones durante varios meses” entre las diferentes sensibilidades del municipio “en las que conseguimos acordar un Plan General de Ordenación Urbana para ampliar las distancias, para alejar aquellas explotaciones que superasen ciertas unidades ganaderas máximas, cierto volumen de explotación, que es en lo que tenemos competencia como municipio ”.
Otra de las medidas que Bail considera que pueden usarse son “las competencias de los ayuntamientos para el control del vertido de purines” y la posibilidad de establecer periodos para dichos vertidos. Sin embargo, no es posible “sin la dotación de recursos para que esos controles se puedan realizar. “Puede hacerlo el municipio que tiene policía local. Nosotros como pequeño municipio no tenemos más que dos alguaciles”, lo que hace imposible ese nivel de control.
Lo habitual, sin embargo, no es que la potestad municipal se use para imponer mayores restricciones a la expansión de granjas intensivas sino al contrario. De nuevo es ejemplo de ello Tauste, una de las dos localidades con mayor número de granjas intensivas de porcino. Cuando el suelo de la zona de las huertas disparó su precio debido a su escasez, el Ayuntamiento abrió la posibilidad a la privatización de suelo comunal y empezó a conceder lotes a quienes querían establecer nuevas granjas intensivas, explican un ganadero y un antiguo concejal del municipio que recuerda la presión social que sufrió por ser el único que se oponía pleno tras pleno a la proliferación de granjas intensivas cada vez de mayor tamaño y a la privatización para ello de suelo comunal.
La privatización de suelo comunal en Aragón es un asunto histórico al que de hecho dedicó su tesis doctoral el actual presidente de la autonomía, ex alcalde de Ejea y natural del municipio, Javier Lambán. En dicha tesis se recuerda cómo municipios de Aragón trataron de proteger de la privatización los suelos comunales en la II República y sufrieron por ello la represión franquista. Con la llegada de la democracia, la autonomía fue pionera en la aprobación de una Ley de Banco de Tierras para enfrentarse al “proyecto de expropiación de miles de hectáreas comunales en Ejea de los Caballeros, Tauste y Pradilla”. La ley permitía la adjudicación para uso de la tierra pero no su privatización ni edificación sobre ella. Duró poco y se aplicó menos. El PAR y Alianza Popular, tras vencer en las elecciones de 1987, la derogaron como habían prometido y la sustituyeron por la Ley del Patrimonio Agrario, que sí permitía la transmisión en propiedad a los adjudicatarios de terreno comunal. Tauste, gobernada por el PP, optó por esta opción privatizadora. Ejea sin embargo ha mantenido en su ordenanza sobre el suelo comunal los principios de la Ley del Banco de Tierras. Se puede ceder el uso pero no edificar ni privatizar.
Actualmente está en tramitación un proyecto de Ley autonómica que pretende condicionar la implantación de macrogranjas a “la capacidad potencial de recepción de estiércoles de los suelos agrícolas de su entorno”. Se quiere limitar “la capacidad máxima de las explotaciones ganaderas intensivas a 720 UGM”, es decir, eliminar el 20% adicional que las comunidades autónomas pueden incrementar, según la normativa estatal que establecen la ordenación de las granjas porcinas intensivas, y exigir “la comprobación de que la capacidad de recepción de fertilizantes de la superficie agraria en un entorno de 5 kilómetros es suficiente para absorber la generación de nutrientes, tanto de la explotación solicitante como del conjunto de las explotaciones ganaderas autorizadas y afectadas, independientemente del destino o gestión de estiércoles de cada una de las explotaciones ganaderas”. Los límites afectarán solo a las autorizaciones nuevas o ampliaciones de las existentes.
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