Aragón conoce desde hace más de una década, cuando el número de granjas intensivas era muy inferior al actual, el problema de la gestión de los purines. En Tauste y otras zonas de la comunidad se implementó en 2008 un proyecto piloto público y con financiación europea para el uso de los purines como fertilizante agrícola. Este proyecto descubrió el gran potencial de los purines como fertilizante orgánico comparado con los fertilizantes minerales. Pero la idea, como todo, tenía límites.
Según datos de la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón, en 2019 se produjeron 11,7 millones de metros cúbicos de purines entre las explotaciones porcinas de la comunidad, el equivalente a 3.500 piscinas olímpicas. Faltan tierras sobre las que echar tanto purín.
Alrededor de 400.000 hectáreas de Aragón soportan más nitrógeno de lo permitido por la normativa, según revela el análisis realizado por primera vez para esta investigación del nitrógeno soportado por todos los recintos aptos para fertilización, utilizando los datos del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) referidos a más de 1,8 millones de parcelas agrícolas. Representa el 25% de la superficie declarada apta para la fertilización en la región y, aunque el nitrógeno puede proceder tanto de la ganadería como de la agricultura y en muchos casos de ambas, se corresponde con parcelas situadas, muchas de ellas, en áreas de alta concentración de explotaciones porcinas.
El límite de los 5 kilómetros
Estas instalaciones extienden buena parte del purín que generan en terrenos próximos a las granjas porque, explican en el sector, cualquier desplazamiento del purín a más de 5 kilómetros deja de ser rentable por el coste del transporte. Con cada vez más granjas, granjas cada vez de mayor tamaño, mayor número de ciclos anuales y, en consecuencia, una generación de purines que ha crecido exponencialmente junto con la producción de cerdo es cada vez más complicado mantener esa rentabilidad sin saturar los suelos por encima de su capacidad de absorción del purín. Esta investigación ha captado a vista de dron las imágenes de terrenos encharcados de purines aún frescos extendidos junto a macrogranjas, así como los camiones cisterna que extienden el purín en el terreno. No ha ocurrido una sola vez sino en los diversos viajes hechos por la zona. Los ganaderos consultados explican que esos purines deben ser tapados con tierra en los días siguientes a su aplicación al suelo para evitar la oxidación y la emisión de gases.
Bajo la capa de purín, la superficie de la tierra, y bajo esta, el gran riesgo: el agua subterránea, el almacén considerado por la normativa europea fundamental para el abastecimiento humano cuando la emergencia climática arrecie y las sequías se prolonguen. Aguas que para ser consumidas por el ser humano no pueden superar los 50 miligramos/litro de nitratos. El 30% del territorio de Aragón se encuentra ya en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, zonas con una especial protección y jurídicamente muy reguladas que no han logrado impedir la proliferación de la ganadería intensiva y su concentración en determinadas zonas de la autonomía, cada vez más numerosas. Hay miles de parcelas que triplican los niveles de fertilizante recomendado en las zonas declaradas como vulnerables a nitratos.
Los excrementos de los animales almacenados en balsas exteriores en estas instalaciones no solo son un riesgo para las aguas, también generan productos contaminantes como metano, amoníaco y otros gases de efecto invernadero como el óxido nitroso. El amoniaco presente en el purín se oxida al aplicarse al terreno y se transforma en nitrato.
La deficiente aplicación de la Directiva sobre nitratos en el país hizo que a finales del año pasado la Comisión decidiera llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. España tampoco cumple con sus emisiones de amoniaco desde hace una década. En 2020, emitió 483.000 toneladas a la atmósfera, una cifra por encima del tope marcado por la directiva europea situado en 467.000 toneladas. Todas las macrogranjas de porcino en España son responsables del 8,16% del total de emisiones de amoniaco.
En enero de este año, el Gobierno de España aprobó una nueva normativa sobre la protección de las aguas por contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias que deroga la anterior en vigor desde 1996. Después de 26 años de normativas, el texto reconoce que “a pesar de los esfuerzos realizados, los resultados obtenidos mediante las citadas normas no han alcanzado los fines perseguidos.”
El gran problema de la gestión del purín y las bajas sanciones
Actualmente hay 1.005 grandes explotaciones porcinas en Aragón obligadas por su tamaño a informar de sus emisiones de gases contaminantes derivadas de los purines. Son responsables del 14% del total de las emisiones de metano emitidas a la atmósfera por las macrogranjas de porcino en España.
Hasta 2020, ni un tercio del total de las explotaciones de mayor tamaño recibió visita de la inspección cada año, con una media anual de 275 inspecciones entre 2017 y 2020. En 2021 se realizaron 608. Las cifras muestran que las autoridades son conscientes de la magnitud que está alcanzando el problema pero los expedientes son pocos, las sanciones bajas y solo se producen en los casos de incumplimientos más flagrantes.
De las inspecciones realizadas entre enero de 2017 y junio de 2022, se han iniciado 26 expedientes sancionadores entre empresas porcinas, de subproductos cárnicos asociados al porcino, piensos y mataderos. Ocho de ellos son graves. La sanción por infracción grave es de 20.001 euros. Es la que se ha impuesto a una de las macrogranjas de Piensos Costa S.A, del Grupo Costa, es decir, granjas de su propiedad, no integradas, que ha recibido en los últimos cinco años un total de 11 inspecciones en sus centros en propiedad (no integrados) de las cuales dos han terminado en sanción.
Esta investigación ha tenido acceso a todos los expedientes sancionadores de los últimos cinco años, incluidas las imágenes de la inspección que muestran el estado de la balsa de purines de la instalación de Piensos Costa en la explotación porcina situada en Peñalba (Huesca).
Según el informe de inspección, en 2018 fue detectado por el inspector que el nivel de la balsa de purines se situaba por encima de la capa de impermeabilización. Seis meses después, en una inspección posterior, esta deficiencia no había sido corregida. En el año 2019, se le abrió un expediente sancionador con una multa de 20.001 euros por no haber realizado la impermeabilización de la balsa de purines. Actualmente esta sanción se encuentra pendiente de resolución de un recurso presentado.
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