En la CHS empiezan a recibir solicitudes de “autorización para planta de osmosis inversa (proceso que opera la desalación) y vertido de salmueras a la red de colectores”. Como ha recomendado el Jefe de Servicio, optan por conceder las autorizaciones “en precario (...), hasta que se resuelva con carácter definitivo”, dejando claro que el título provisional “nunca excederá de un plazo de cinco años a contar desde la notificación”. Así reza en las condiciones de una de las resoluciones a las que ha tenido acceso DATADISTA. La solicitud recoge expresamente que al principio la salmuera “se vierte al Mar Menor”.

La CHS se cura en salud y aclara que la “autorización no implica la asunción de responsabilidades por el Ministerio de Medio Ambiente (...) en particular las de vertido de las salmueras resultantes”. Pero la fórmula no es sostenible y la falta de responsabilidad, tampoco, porque se están haciendo las autorizaciones sin el estudio de impacto ambiental preceptivo.

En la CHS creen entonces encontrar la solución para los vertidos, que también se apuntaba en el informe del Jefe de Servicio, que señalaba que debería estudiarse la posibilidad de “verter las salmueras en las obras que actualmente se están ejecutando de drenaje, próximas al litoral”..

Se trata de una red de salmueroductos, propiedad de la CHS, que se ha financiado con dinero público, en torno a 40 millones de euros, y cuyo objetivo inicial era captar los retornos de riego del Campo de Cartagena, para evitar que llegasen cargados de nitratos al Mar Menor.

También para hacer descender el nivel freático del acuífero Cuaternario, tan alto que estaba dañando las raíces de los cultivos debido a su alto contenido en sal.

Pero lo más importante es que la red dirige el agua que capta a la desalobradora del Mojón, una instalación construida en 1996 por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con la doble finalidad, explica el BOE, "por un lado de preservar el Mar Menor de los retornos de riego originados en la zona regable del Campo de Cartagena y que presentan un elevado contenido en nutrientes, lo que propicia la eutrofización del Mar Menor; y por otro lado, obtener nuevos recursos hídricos para los regadíos de la zona al reutilizar el agua procedente de los retornos de riego una vez tratada".

Con todo aparentemente atado y bien atado, la Confederación procede entonces a conceder las autorizaciones provisionales, de cinco años, a 52 desaladoras de agua subterránea privadas. De estas, 35 se concedieron entre 1995 y 1996, los dos años siguientes a la aprobación del Real Decreto que las regulaba. La última se concedió en 2007, según la Fiscalía. En ese periodo, otras muchas proliferaron por el Campo de Cartagena. No son instalaciones baratas. Algunas superan los 400.000 euros de inversión sin contar con el mantenimiento. No es algo pensado para ser usado de forma temporal.

El salmueroducto se hizo insuficiente rápidamente para asimilar todo el rechazo de las desalobradoras privadas que se iban poniendo en marcha. La CHS había cedido su gestión a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena pero las canalizaciones estaban deterioradas en muchos puntos por falta de mantenimiento.

Cinco años después de autorizar las desaladoras, la CHS empieza a enviar comunicaciones a los regantes para informarles de que la autorización ha caducado.

“Deberá pues, a partir de este momento, abstenerse de hacer uso alguno de dicha instalación, si aún está en servicio”. Si quieren una nueva autorización, deben solicitarla con Declaración de Impacto Ambiental, como dice la Ley regional de Medio Ambiente y el texto refundido de la Ley de Aguas estatal de 2001.

Ante el problema de los vertidos, la CHS ni renovó las autorizaciones temporales de las desalobradoras ni concedió nuevas. La ilegalidad se apoderó de un aspecto más del regadío en la zona. La norma durante años fue, de nuevo, dejar hacer a los regantes. Hasta 900 desaladoras llegó a declarar un comisario de aguas que podía haber en el Campo de Cartagena.

Hay tres documentos relevantes citados por el fiscal en su denuncia en el marco del caso Topillo. Uno es del Gobierno de Murcia a la CHS a principios de septiembre de 2004, precisamente cuando están llegando las notificaciones de caducidad de las autorizaciones provisionales de las desaladoras a los agricultores, en el que le pide información de las autorizaciones existentes, los salmueroductos, los vertidos al mar y las ramblas y le “ruega estudien la posibilidad de que los vertidos de salmuera al Mar Menor se eliminen reconduciéndolos al Mediterráneo o donde sea”.

A finales de ese mismo mes, el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de la Región de Murcia Antonio Alvarado escribe al presidente de la CHS Salvador Fuentes Zorita alertando de que los vertidos de la desalobradora del Mojón al mar carecen de autorización. Otro de octubre, también de Alvarado a Zorita, pidiendo un informe de los vertidos porque “afectan directamente al Mar Menor”. Al parecer, no hubo respuesta.

Según el escrito del fiscal, “ante toda esta caótica situación, nadie hace nada, ni nadie toma medidas sobre los ya alarmantes vertidos incontrolados de salmuera que están llegando al Mar Menor con conocimiento y consentimiento de la CHS y la Consejería”. Cuando hay lluvias torrenciales, como ocurrió a principios de 2017, la Rambla del Albujón se convierte en un río que arrastra los nitratos de los abonos y aflora el agua contaminada por nitratos del acuífero Cuaternario. Cuando no hay lluvias torrenciales, se mantiene siempre un caudal aunque sea mínimo de agua constante en la Rambla que llega hasta el Mar Menor. La prueba de su origen está en las mangas de riego que van quedando a su paso.

Los diferentes gobiernos centrales han ido dejando señales de hasta qué punto conocían el problema que se estaba creando. El Plan Hidrológico Nacional de 2005, en su empeño por buscar fórmulas de compensar a los regantes por anular el frustrado Trasvase del Ebro (que se recogía en el Plan Nacional de 2001, aprobado con el PP), incluyó la ampliación de las infraestructuras de la desalobradora del Mojón, de forma que se pudieran destinar a riego un mayor volumen de agua de la captada en el Campo de Cartagena por los rechazos del regadío y por el afloramiento del acuífero.

La infraestructura nunca se terminó. A pesar de que las resoluciones de la CHS de finales de 2005, diez años antes de que el agua del Mar Menor se volviese verde, ya advirtiesen de la necesidad de "eliminar en su práctica totalidad la llegada de los retornos de regadío al Mar Menor"; a pesar de que se hizo incluso la declaración de impacto medioambiental y se sacó a información pública el proyecto informativo de las obras, estas nunca se llevaron a cabo.

Volvieron a aparecer fugazmente en los Presupuestos Generales del Estado de 2010, donde se recogió la "Declaración de Interés General para las obras de eliminación de las salmueras procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena y sus vertidos al Mar Mediterráneo" y ya.

La misma administración que había impulsado esta fórmula de riego abandonó el plan a medias. El rechazo se dejó libre en las ramblas o se vertió al salmueroconducto, incapaz de asumir el volumen. De uno u otro modo, el nitrato concentrado acabó filtrándose de nuevo al acuífero Cuaternario, que ya estaba altamente contaminado y está comunicado con la laguna, o fue a parar directamente al Mar Menor.

¿Qué se hizo con las desaladoras sabiendo que eran ilegales? DATADISTA ha realizado un análisis de todos los expedientes sancionadores iniciados por la CHS entre el 1 de enero de 2007 y el 30 de junio de 2019.

Hasta el año 2014, la Confederación Hidrográfica del Segura no tramitó ningún expediente sancionador por realizar desalación de aguas subterráneas sin autorización.

Esta infracción administrativa de la Ley de Aguas impone sanciones a los responsables de vertidos que puedan deteriorar la calidad del agua sin contar con autorización.

Desde 2014 y hasta el 30 de junio de 2019, la CHS abrió 51 expedientes sancionadores por desalación de aguas sin autorización, desobediencia o incumplimento. Solo 21 fueron sancionados con una multa entre 1.000 y 10.000 euros, siendo 1.000 euros la cuantía más frecuente. En la mayoría de los casos es una falta leve.

Como cada vez que el caos se adueñaba del Campo de Cartagena, en esta ocasión también hubo un intento de regularizar las infraestructuras ilegales que se habían dejado funcionar durante años sin autorización alguna o con ella caducada. Fue en 2009. El 22 de abril de ese año, la CHS contrató a la empresa SETECO para elaborar un inventario de desaladoras y pozos en Torre Pacheco, la zona del Campo de Cartagena donde se habían multiplicado.

Ante la posibilidad de ver regularizada la extracción y desalación del agua, los agricultores, a través de la asociación COAG, colaboraron en la elaboración del inventario.

Personal de la COAG fue sobre el terreno con un GPS, recogiendo las coordenadas donde estaban ubicados pozos y máquinas y elaboraron un detallado listado, un mapa del tesoro del agua que se había extendido durante años bajo el suelo. Las cifras que entregaron eran abrumadoras: 472 pozos y 157 desalobradoras. En los correos internos de la CHS, aportados en las diligencias del caso Topillo, se reconoce que “todo el apoyo recibido de los pequeños regantes para hacer este inventario (...) ha sido porque confiaban en que estábamos colaborando con ellos a solucionar el problema”. Por ello creen que “no sería bueno que se diera difusión a este inventario, que tanto trabajo ha costado obtener y que tan confiadamente nos han proporcionado”.

No hubo expedientes, el inventario se había realizado con el objetivo de legalizar, ha declarado Francisco Turrión, hidrogeólogo de la CHS. Tampoco se legalizó. Era complicado, teniendo en cuenta que las desaladoras estaban ligadas en muchos casos a pozos de sequía que se estaban usando fuera del periodo autorizado o a pozos ilegales. “Las desaladoras no se autorizaron pero seguían funcionando”, según Turrión. Generando su vertido de salmuera con nitratos y desembocando en el Mar Menor por la rambla del Albujón o en los acuíferos.

En el año 2012, al ser nombrado comisario de aguas José Carlos González, según ha declarado en el marco del caso Topillo, oyó a dos agentes de vigilancia de los cauces hablar de pozos ilegales y de la existencia de un listado que llevaba años en poder de la Confederación Hidrográfica. En él, junto a unos 400 pozos y sus coordenadas, figuraba si tenían desaladora o no. Era el Excel elaborado por SETECO con la colaboración de los agricultores para la CHS. González pidió el listado.

En la primera mitad de 2013, se organiza una batida de inspecciones, según coinciden las declaraciones de varios testigos. Se traen al área de Torre Pacheco incluso guardas medioambientales de otras áreas.

Quieren hacerlo rápido. Reparten entre los agentes medioambientales y los guardas un número de instalaciones que deben comprobar, con las coordenadas que aparecen en el inventario. Agentes medioambientales llamados como testigos ante el juzgado de instrucción número 2 reconocen que sin ese listado no habrían podido localizarlas. “Las desaladoras del Campo de Cartagena estaban ocultas. Eran muy difíciles de localizar”.

Los agentes preguntan dónde acaban los vertidos. Convencidos aún de que es para regularizar su situación, los agricultores reconocen que van a la red de alcantarillado, a la Rambla del Albujón, al Mar Menor. No se precintan pozos. Se anota en una hoja si tienen desaladora, si está en funcionamiento. Los precintos de los pozos no se inician hasta después del verano de 2015. Y los vertidos llegando al Mar Menor.

Cuando la laguna se volvió verde en la primavera de 2016, las autoridades entraron en pánico. En un mes, la Dirección General de Agua dio orden a la CHS de cegar la red pública de salmueroductos.

No fue fácil. Fue necesario enviar efectivos de los antidisturbios para proceder al sellado ante la actitud beligerante de los regantes. ¿De dónde iban a sacar el agua?

En el primer trimestre de 2017, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil empezó a visitar fincas agrícolas por orden del fiscal de Medio Ambiente José Luis Díaz Manzanera. Estaba en marcha la investigación que acabaría en denuncia de la Fiscalía y se transformaría en el caso Topillo.

Las fincas del grupo G'S, la multinacional británica del regadío, eran visitadas en febrero. Se comprobó cómo el agua procedente de dos desalobradoras expulsaba salmuera con nitratos al salmueroducto y de ahí a la Rambla del Albujón. Se calcula que, entre 2012 y 2016, el vertido al Mar Menor equivalió a 316 piscinas olímpicas. Inagrup, otras 64 piscinas. Ciky Oro, 555 piscinas. Vanda Agropecuaria, 246 piscinas. Las empresas acaban imputadas en el caso Topillo. ¿De dónde va a sacar el resto el agua para no acabar igual?

A las 5.45 de la madrugada del 1 de julio de 2017, la Guardia Civil observó cómo descargaban en una finca una desalobradora móvil desde un vehículo propiedad de Insal Electricidad y Automatismos, S.L. En otra finca, una desalobradora dentro de un contenedor instalado por la misma empresa. En otra inspección, otra máquina, misma empresa instaladora. Ante la obviedad de que alguien se estaba lucrando ideando fórmulas para esquivar a la Guardia Civil, entraron en las oficinas de la empresa y se llevaron numerosa documentación. Allí estaban. Los nombres, los clientes, las direcciones, los equipos instalados. La documentación derivaría en la operación Chandos pero además mostraba una parte más del negocio detrás del regadío intensivo del Campo de Cartagena.

En abril de 2019, el Seprona volvió a lanzar una macroperación denominada operación Chandos, con un centenar de efectivos y el apoyo de un helicóptero en busca de plantas desalobradoras y pozos ilegales en las fincas que habían aparecido en la documentación incautada en los registros.

Aún sabiendo dónde iban, les resultó difícil localizar las plantas. El grado de sofisticación de las instalaciones llamó la atención de la Guardia Civil, acostumbrada a asociar las prácticas complejas de ocultación más con delitos de tráfico de drogas que con los relacionados con el medio ambiente. Desde desalobradoras instaladas en vehículos, a amplias instalaciones bajo tierra ocultas por rampas móviles, pasando por una planta que se alimentaba de la batería de un tractor enterrado para evitar que cables eléctricos exteriores sirviesen de pista.

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