PLAYA BURBUJA
Marbella,
zona cero
Historia de un fracaso en la lucha contra la corrupción
Por Ana Tudela y Antonio Delgado
NOVIEMBRE 2017
"Cualquier ciudadano está en su derecho de hacerse una composición de lugar que pondría en un brete el pretendido éxito de la Operación Malaya."
- Juan Carlos López Caballero, fiscal jefe de Málaga y responsable de la Operación Malaya (2005-2010).
No abrieron ni registro informático. Utilizaron el número de otro caso que ya había sido archivado. La causa no fue a reparto. El juez Miguel Ángel Torres no se fiaba de casi nadie. Discreción absoluta hasta aquel 29 de marzo de 2006. Pum-pum-pum, abran la puerta. De la Delegación de Urbanismo al Ayuntamiento, la Tenencia de Alcaldía en Puerto Banús, pum-pum, el despacho del jefe de la Policía Local, la finca La Caridad, una oficina de un centro comercial, cinco domicilios particulares, ¡abran, registro!, el despacho de Juan Antonio Roca, el gerente de urbanismo, y la sede de una empresa: Maras Asesores S.L. Desde Huelva a Murcia, de Cádiz a Marbella, de Madrid a Málaga.
Algunos marbellíes debieron pasar la mañana mirando la puerta por si eran los siguientes en recibir visita por orden del juez Torres. Algunos no marbellíes, también.
Hace doce años que se inició la investigación de la llamada Operación Malaya. El espectáculo de los registros, los obscenos detalles del listado de bienes de Roca, pusieron el foco lejos de un hecho que iba a quedarse para siempre en Marbella: desde 1991 permitieron que creciese el monstruo.
Periodo que investigó la Operación Malaya
JULIÁN
MUÑOZ
MARISOL
YAGÜE
ALCALDÍA JESÚS GIL
Periodo que investigó la Operación Malaya
ALCALDÍA JESÚS GIL
JULIÁN MUÑOZ
MARISOL YAGÜE
Periodo que investigó la Operación Malaya
ALCALDÍA JESÚS GIL
JULIÁN MUÑOZ
MARISOL YAGÜE
A los españoles se les llenaron los ojos de animales disecados, fincas con pistas de aterrizaje para helicópteros, fajos de billetes, carruajes, obras de arte pero lo relevante de los registros fue que se encontró la prueba que mostraba la operativa del entramado urbanístico marbellí. Cómo Roca, cerebro de la trama, mediaba desde la empresa municipal de urbanismo para que la propuesta de un promotor se transformase en un convenio aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, una licencia de obra, una licencia de ocupación a cambio de la correspondiente comisión para concejales y, por supuesto, para el propio Roca.
Pero los pagos que se acreditaron en la Operación Malaya solo eran el fin de la fiesta, cuando la máquina de concesión de convenios y licencias a cambio de comisiones estaba en sus horas más bajas.
Han pasado 26 años desde que el Grupo Independiente Liberal (GIL), con Jesús Gil como alcalde, obtuvo su primera mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella. La cifra exacta de viviendas ilegales que dejaron los sucesivos gobiernos de su partido era todo un enigma cuando una gestora se hizo cargo del Ayuntamiento en 2006 en medio del estallido mediático de la Operación Malaya.
38.439 viviendas ilegales
Según el inventario elaborado por el arquitecto Manuel González Fustegueras para el Plan General de Urbanismo de 2010 (anulado por el Supremo), en la época del GIL se concedieron en Marbella 1.005 licencias contrarias al Planeamiento vigente que iban destinadas a construir, al menos, 38.439 viviendas. No todas se construyeron pero el daño a una ciudad que cuenta actualmente con 86.700 viviendas fue inmenso.
Marbella sigue en el limbo y, los que sufrieron los excesos del GIL, siguen esperando que alguien responda por lo que ocurrió.
20 años a la sombra
Cuando se hicieron los registros en el marco de la Operación Malaya, Carmen Suárez llevaba ya ocho años pegándose en los tribunales contra el muro de doce plantas que un día "Gilito", como ella lo llama, levantó entre su casa y la playa. Para entonces, Gil ya había fallecido.
Desde la terraza de Carmen, es difícil no fijarse en los detalles de la vivienda que queda inmediatamente enfrente. La cama (deshecha), las sábanas (blancas), la alfombra (arrugada por un tropiezo al levantarse). La vida de otros a unos metros de distancia.
Carmen no debe pasar del metro sesenta de altura. Se disculpa porque no ha limpiado un par de hierbas que han crecido entre las baldosas. Vive con una gata que un día se coló en casa y ya no se quiere ir. Como se subía a la terraza y se quedaba dormida en la barandilla, se cayó un par de veces y, como Carmen no llevaba la cuenta de las vidas que le quedaban, puso una malla en la escalera. Y dice que los albañiles que estaban levantando un edificio de doce plantas escoltados por la Policía local a las órdenes de Jesús Gil se asustaron de sus amenazas y por eso no hicieron las terrazas a esa altura con el remate curvo, como está en el resto de plantas superiores.
Ese edificio, llamado Torremarina, que construyó y vendió Belmonsa en dos años, que tiene doce plantas en primera línea de playa y la casa propiedad de Carmen Suárez a su espalda, es ilegal. La justicia tardó mucho en decir definitivamente que así era y lo dijo por la vía penal y por la contencioso-administrativa. Para entonces ya era un caso más, uno de los más de cien que siguieron su camino en los juzgados al margen de la Operación Malaya.
Julián Muñoz, que fue quien firmó la licencia de obra en calidad de "alcalde accidental" (Gil se quitaba siempre de en medio cuando había que firmar papeles, primero con su mano derecha, Pedro Román, y luego con Muñoz), y Juan Antonio Roca, el gerente de urbanismo del Ayuntamiento, el cerebro de la trama urbanística, ni siquiera se esforzaron en defenderse cuando, en el verano de 2008, se celebró el juicio penal por el caso Belmonsa. Roca estaba muy cansado, dijo su abogado, para andarse con detalles de un caso más de las decenas y decenas que le esperaban en los juzgados.
SETENTA IGUAL A TRES
La Fiscalía les había ofrecido un pacto para cerca de setenta causas por delitos urbanísticos. Rebajar la condena solicitada a cambio de que reconociesen los hechos. Economía procesal, se llama. Las sentencias se convirtieron en un trámite burocrático. Todas iguales, solo cambiando el nombre del promotor, las fechas y si en el suelo donde se habían construido apartamentos debió ir un colegio, un parque o no ser tan alto.
La abogada Diana Hinojosa, contratada por Julián Muñoz, pidió que se considerasen todas las causas de esos setenta casos como un solo delito continuado, lo que obliga (artículo 76 del Código Penal) a aplicar una pena máxima de tres veces la de la sentencia mayor. Da igual que cometiesen tres delitos que diez que setenta. La condena siempre suma como si hubieran sido tres. En el caso de Julián Muñoz, por ejemplo, eso supone que de los setenta años que sumarán en total las condenas de los casos de delito urbanístico pactados (su acuerdo era de un año de prisión por cada uno si los reconocía), solo podría cumplir tres.
Belmonsa construyó invadiendo zona verde y vial público y se acordaron en el convenio entre el promotor y el Ayuntamiento, intermediado por Juan Antonio Roca, 12 alturas donde sólo estaban permitidas dos en el Plan de Urbanismo vigente. Según el perito del proceso, en esa parcela, que tenía un valor de 2.223.745 euros, se permitió edificar a cambio de que el Ayuntamiento recibiese solo 202.541 euros en metálico, los locales de la planta baja y tres apartamentos. Teniendo en cuenta que se construyeron 119, eso significa que el acuerdo sirvió para "hacer un negocio increíblemente rentable", añadió el perito.
Inmaculada Gálvez sigue peleando, entre otros muchos casos, por el resarcimiento de Carmen. No ha logrado aún ni la demolición del edificio de Belmonsa ni la de ningún otro. Nada se tira en Marbella. Tampoco ha logrado que den a Carmen Suárez una indemnización.
¿Quieres saber cómo han tratado a Carmen desde que se dictó sentencia contra Belmonsa? Aquí tienes un atajo.
Las 119 viviendas de Belmonsa
son solo una pequeña parte de
las más de 30.000 viviendas
con licencia ilegal que dejó
el G.I.L. en Marbella.
Viviendas ilegales
2017. Los ciudadanos de Marbella están rodeados de viviendas ilegales. Tienen muros y puertas. Terrazas y grifos. Pagan IBI. Hacen sombra. Tapan vistas. Pero no están en ningún Plan General de Ordenación Urbana vigente. Hay gasolineras ilegales donde debieron ir colegios, edificios en espacio reservado a parques o vías públicas y el municipio adolece de los equipamientos necesarios.
“La ciudad podía haber tenido unos equipamientos tremendos y no tiene ningún equipamiento. Ese es el problema de toda esta corrupción. Aparte del dinero que debe, la ciudad se queda desequipada. El residente paga unos impuestos muy altos por unos servicios minúsculos. Porque no hay suelo. El suelo se ha vendido”, explica la arquitecta Carola Herrero.
Los edificios ilegales ni se tiran ni se indemniza a los afectados. Las sentencias no se inscriben en el registro de la propiedad pese a ser obligatorio, lo que permite que se sigan comprando y vendiendo viviendas ilegales.
Han sido varios los intentos de regularizar el bosque de edificios ilegales marbellí. El primero, según las declaraciones que constan como hechos probados en la sentencia del caso Malaya, fue en 2003 con Julián Muñoz como alcalde. Isabel Pantoja medió con el Gobierno autonómico para intentar que su entonces pareja diese por bueno el botín cosechado y saliese del polvorín en el que estaba metido, por los delitos cometidos, por la acumulación de citaciones en los juzgados por asuntos urbanísticos y porque era su firma la que aparecía en muchas de las licencias.
También le echó un cable a lavar dinero, lo que acabaría con ella misma entre rejas. Pero antes, logró que Muñoz se reuniese con la Comisión Provincial de Urbanismo y llegase a un principio de acuerdo por el que se acometería un nuevo Plan General que incorporaría el de 1998 (el Plan de Gil que nunca había sido aprobado) con la intención de legalizar lo construido, sacarlo del limbo. La condición de la Junta era la cabeza de Juan Antonio Roca. La mafia marbellí no lo permitió.
Julián Muñoz cayó víctima de una moción de censura guiada por Gil y Roca, apoyada por la mayoría de sus compañeros de partido además de concejales de otras formaciones implicados en la trama de comisiones. Se dijo que la moción fue financiada por el británico de origen judío Judah Binstock, el gran propietario de suelo marbellí, cuya participación fue citada por una de las concejales del Ayuntamiento en sus declaraciones en el marco de la Operación Malaya.
La moción se pactó de madrugada en la notaría de José María García Urbano, histórico del PP, actual alcalde de Estepona, un hombre cercano a Mariano Rajoy cuyo nombre saltó a las crónicas parlamentarias en 2016 cuando tuvo que renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados al considerarse incompatible su asiento en la Cámara Baja con que siguiera cobrando su sueldo en el Registro de la Propiedad número 1 de Huelva.
Aunque no admitieron que fuese con Muñoz como alcalde, el equipo de Gobierno que salió de la moción de censura, con Marisol Yagüe como alcaldesa, sabía que ya no le quedaba otra que ir de la mano de la Junta de Andalucía y continuar con el plan de normalización de las viviendas ilegales que había pretendido pactar Julián Muñoz.
Fue entonces cuando se iniciaron los trabajos del arquitecto Manuel González Fustegueras, elegido por la Junta y en concreto por Manuel Cháves, a quien tanto le gustaba el jerezano que llegó a proponerle que se presentase por el PSOE a la alcaldía de Jerez.
La aprobación del Plan de Fustegueras llegó ya tras el estallido de la Operación Malaya y la entrada en el Ayuntamiento de la gestora de la Junta y, dado el plazo que tarda en elaborarse un PGOU, recibió el visto bueno cuando ya gobernaba en Marbella el PP, en 2010.
Este Plan General, que fue anulado por el Supremo en el otoño de 2015, fijaba una serie de compensaciones a pagar y/o ceder en forma de suelo por los promotores que se habían beneficiado de las licencias ilegales, indemnizaciones que se habían establecido caso por caso. Algunos, como el polémico Hotel Senator, pudieron regularizar su licencia en el tiempo que estuvo en vigor el plan. Otros, como Antonio Banderas, se quedaron a las puertas.
El Supremo dejó claro que no era posible exigir indemnización a quien ya no era propietario, por mucho beneficio que hubiese obtenido.
Población
135.124
100.036
80.599
60.172
Hogares
48.790
35.252
29.253
25.264
18.219
12.156
10.027
10.005
9962
9.159
9.075
9.041
7.632
3.023
2.339
2.296
2.251
2.175
2.161
2.076
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Población
135.124
Hogares
48.790
9.075
2.251
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
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1990
2000
2010
Población
135.124
Hogares
48.790
9.075
2.251
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la LOUA, aprobada en 2012 y modificada en 2016, abre la puerta a la regularización de las viviendas ilegales de la comunidad autónoma. Marbella se está adaptando a dicha ley. Su problema son las sentencias que ya pesan sobre un gran número de viviendas.
El Ayuntamiento durante la última etapa socialista reconocía abiertamente que estaba esperando a la prescripción para no demoler ni indemnizar. “Si estás pendiente de una ejecución de sentencia y prescribe, se te acabó la necesidad de tener que cumplir con lo que te han dicho los juzgados”, explicaba Isabel Pérez, concejala de Urbanismo del municipio hasta agosto de 2017. También reconocía que hay ya ejecuciones de sentencia en marcha. Respecto a estas, aseguraba que se iba buscar el acuerdo para que se solucione con una indemnización en lugar de con un derribo.
La abogada Inmaculada Gálvez tiene claro que, al menos los casos de los que se ocupa ella, no van a prescribir. “Belmonsa, Artola, Los Monteros, las gasolineras... Le hemos dicho al Ayuntamiento que lleguemos a un acuerdo. Para eso están los convenios de gestión. Pero en mi caso la indemnización no va a ir al Ayuntamiento. Los Monteros se han gastado 950.000 euros en pleitos. Se han perdido procesos, ha habido que pagar costas, procuradores, tasas judiciales. O se recupera ese dinero o exigiremos la demolición. Le dije al Ayuntamiento que necesitaba su impulso, he hablado con la Junta y nadie me ha llamado para indemnizar la ejecución de sentencia. Aquí estoy, esperando”.
“En nuestro ánimo no está la demolición de ninguna de las viviendas y de hecho esa va a ser nuestra posición en los tribunales en cuanto a esas ejecuciones de sentencia”, afirmaba rotundamente Isabel Pérez.
Ángeles Muñoz, del Partido Popular, ha vuelto a la alcaldía de Marbella este verano tras una nueva moción de censura en la que los populares han sido apoyados por los dos concejales de Opción Sampedreña para sorpresa del hasta entonces alcalde, el socialista José Bernal. Ni se les pasa por la cabeza demoler vivienda alguna.
El Plan de Fustegueras quiso legalizar 16.500 viviendas y dejaba fuera 1.500 que debían ser demolidas. Todas siguen en pie.
Fallo General del Sistema
El 18 de agosto de 1991, a las 3.40 horas de la madrugada, Jesús Gil llegaba al puerto deportivo de Marbella y empezaba a pasear entre los jóvenes que inundaban los bares llamándolos "drogadictos y ladrones". A los veinte minutos, batalla campal. Una treintena de heridos. Graves daños. Todo premeditado.
La prensa presente. La televisión presente. Un fotógrafo agredido. Una cámara de televisión lanzada al suelo por un manotazo del chófer de Gil. El alcalde, rodeado de guardaespaldas, recibía un güiscazo procedente de algún punto de la masa de gente y luego otro al grito de "¡Fascista, fascista!" Aquello detonó la carga policial. Y luego el caos. Al marcharse, cuentan las crónicas, Jesús Gil gritó: "Ya tengo lo que quería. Ya he demostrado que todos estos son unos delincuentes".
Lo que quería Jesús Gil en realidad era trasladar la zona de ocio nocturno del puerto deportivo a la playa de Banana Beach. Esas eran sus formas a la hora de conseguir algo.
La playa de Banana Beach no era un terreno cualquiera. Las carpas y las barras de copas acostumbraron a Marbella a tener ocupado aquel suelo a la orilla del mar que el Plan General de Urbanismo decía que debía destinarse al disfrute general de los ciudadanos.
Hasta que allí se levantó un complejo residencial con 297 viviendas a menos de 23 metros de la línea límite de la ribera del mar. Fue una de las primeras edificaciones denunciadas por la vía penal. El promotor era José Ávila Rojas, uno de los habituales que figuran aportando dinero para pagos a concejales en los archivos encontrados durante los registros de la Operación Malaya, socio habitual de los negocios de Roca. Las obras fueron denunciadas, paralizadas y reanudadas por orden judicial. Se terminaron y las viviendas se vendieron. Eran ilegales, como la Justicia diría años después, imponiendo la primera condena de cárcel a la mafia marbellí. Cuando se intentó la regularización masiva de viviendas ilegales de Marbella (con el Plan General de 2010, anulado en 2015 por el Supremo), no hubo forma de indultar este complejo levantado en una franja del litoral que pertenecía al sistema general de espacios libres. Se decidió su demolición. Allí sigue.
¿QUÉ PASABA EN MARBELLA?
PLAN B
La ley dice que las licencias de obra, que permiten a una empresa empezar a construir en un suelo determinado, sólo se pueden otorgar conforme al Plan General de Ordenación que esté en vigor. Cuando llegó Jesús Gil a la alcaldía de Marbella, en 1991, el último Plan aprobado era el de 1986 pero, como había una serie de normas técnicas del mismo que no habían sido publicadas todavía, se consideró que no estaba aún en vigor.
Gil hizo lo imposible para que nunca lo estuviese. El motivo era obvio.
El Plan de 1986 intentaba introducir cordura en lo que había ocurrido en el municipio a lo largo del tiempo. Marbella era una ciudad partida en dos. Por un lado estaban los núcleos urbanos, que habían tenido un crecimiento ordenado hasta los años sesenta pero que, con las sucesivos estallidos del boom turístico, se habían desparramado en ensanches con bloques de gran altura y muy pocas dotaciones públicas, amenazando con transformar Marbella en un nuevo Torremolinos.
Por otro lado estaban las macrourbanizaciones de la aristocracia y la gente adinerada que se había ido asentando desde los años cuarenta en una parte de Marbella, formando lo que los arquitectos denominaron 'guetos de lujo'.
Nada más llegar al Ayuntamiento, Gil se puso manos a la obra para tener cuanto antes un nuevo Plan General, el suyo, y creó una empresa municipal de urbanismo, Planeamiento 2000, a cuyo frente puso a Juan Antonio Roca. Los convenios urbanísticos y las licencias que se otorgaban con la mediación de Roca se vinculaban a ese futuro Plan General y se empezaba la obra sin que este se hubiera aprobado, algo completamente ilegal, como se encargaron de decirle al equipo de gobierno los servicios jurídicos del Consistorio. Hasta que les taparon la boca.
INMACULADA GÁLVEZ Y LOS ACTIVISTAS
La abogada Inmaculada Gálvez, el periodista Félix Bayón (ya fallecido), ecologistas, directivos históricos del sector turístico de Marbella como Rafael de la Fuente, periodistas y ciudadanos de a pie se enfrentaron a la corrupción urbanística del municipio a cuerpo descubierto, en los juzgados, en manifestaciones, desde los medios. En un ambiente hostil, en un municipio que se fue acostumbrando a las actitudes mafiosas, con el GIL ganando una y otra vez las elecciones por mayoría absoluta, con una enorme capacidad de presión, se empeñaron en defender Marbella a pesar de sentirse abandonados por las instituciones públicas.
"Una tarde, le dije a Félix Bayón, hasta aquí. Nos pusimos con el ordenador y con toda la lista que teníamos de las irregularidades que habíamos detectado respecto al Plan de Urbanismo. Registramos cuarenta y tantas denuncias de golpe el 14 de agosto de 1998. Por lo penal. Delito urbanístico. La juez decana, Pilar Ramírez, se quedó con la mayoría de las denuncias diciendo que todas eran el mismo caso. Empezó a archivarlas en tromba", explica Gálvez desde su despacho en Málaga.
LOS JUECES
La juez Pilar Ramírez convirtió las normas de reparto en los juzgados de Marbella en la fórmula perfecta para alejar de determinados asuntos a los jueces incómodos. Fue quien apartó a Santiago Torres del caso Belmonsa e intentó apartarlo del caso Camisetas, por el que Gil terminaría inhabilitado por prevaricación y tráfico de influencias en 2002. Fue recusada por Inmaculada Gálvez y posteriormente por el Fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y expulsada de la carrera judicial en enero del año 2000 por los negocios inmobiliarios que su familia tenía en Marbella y porque su hermano ejercía de abogado en el municipio. El Supremo rebajó la pena a cuatro años de suspensión. En abril de 2015 volvió a la Audiencia de Málaga.
Su caso está entre los más llamativos pero la mayoría de los jueces archivaron los casos de forma sistemática. "Muchos de los magistrados que estuvieron allí, que archivaron alegremente las causas, están ahora en la Audiencia Provincial", se lamenta Inmaculada Gálvez. ¿En qué basaron sus archivos?
Los informes del Servicio Jurídico-Administrativo del Ayuntamiento de Marbella desaparecieron de los expedientes de concesión de licencia. Inmaculada Gálvez consiguió al fin en uno de los juicios que se explicase por qué. "Convencimos a Jorge González (jefe del Servicio Jurídico-Administrativo) de que viniera a declarar", explica Inmaculada Gálvez. "Fue después de muchas peleas". Gálvez iba al Ayuntamiento e increpaba a los funcionarios, les recordaba que tenían obligación de denunciar lo que estaba ocurriendo, apelaba a su responsabilidad. "Nos vimos con varios funcionarios a escondidas, convenciéndolos de que tenían que declarar, que si no, me los llevaba por delante. Negociamos y cité a González como testigo" en el proceso contra el complejo Guadalpín. Jorge González ya había declarado antes. En 1998, ante el juez Santiago Torres en las diligencias previas del edificio de Belmonsa. Su explicación de cómo Juan Antonio Roca introducía en el orden del día de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento la aprobación de licencias, algunas de las cuales ni siquiera habían sido registradas, y cómo decidía lo que iba a aprobarse en dicha Comisión, fue una de las claves descubiertas por Torres en cuestión de meses, hasta que se encargaron de quitarle el caso en favor de otro juzgado. Costó que Jorge González, el jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Marbella, volviese a un juzgado a describir el funcionamiento de la maquina del gilismo. Pero lo hizo.
"Se nos eximió de hacer informes porque no se acomodaban a los deseos de la Corporación. Nos lo dijo en 1996 el señor alcalde, Jesús Gil. Que con el tipo de informes que estaba emitiendo el Servicio Jurídico acabarían todos en la cárcel", declaró González ante el juez Miguel Ángel Torres, que le preguntó por la ausencia de informe oficial en el expediente. Tras la declaración, Torres mandó llamar a López Caballero. Malaya se puso en marcha.
La mayoría de los jueces ni cuestionó la ausencia de informes municipales, admitiendo un placebo elaborado por un abogado privado, José Luis Sierra, que con el tiempo se convertiría en personaje principal de la historia de la caída de Gil. Los expedientes de las licencias y los convenios urbanísticos firmados con promotores iban acompañados de los informes jurídicos de Sierra, que aludían al Plan General que se iba a aprobar en el futuro, Plan que la Junta de Andalucía rechazó una y otra vez por lo que nunca llegó a entrar en vigor, dejando en el limbo y luego en la ilegalidad miles de viviendas que se iban construyendo.
"Era ilegal por completo. Yo, en las diligencias, pedía que se investigara con qué contrato de adjudicación y de externalización habían acordado que un abogado externo hiciera los informes para el Ayuntamiento. Nada. Cuando había una causa de urbanismo, aparecía el informe de Sierra, el mismo informe para todas las licencias. Yo preguntaba dónde estaba la providencia en la que se acordaba la emisión de un informe externo. Nunca estaba. Lo pedía el juzgado, lo unían al procedimiento y se amparaban en el informe para archivar", explica Gálvez.
Lejos de resignarse ante el archivo masivo de casos, la abogada malagueña recurrió ante la Audiencia Provincial.
LA FISCALÍA
"No se adoptó ninguna medida cautelar. El Fiscal no suspendió ninguna obra. López Caballero (el fiscal del Caso Malaya, entonces fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente) me dijo que lo que yo planteaba era un delito imposible y que no tenía medios para estudiarlo. Le envié toda la legislación. Todas las suscripciones que yo tenía a las revistas se las copiaba y se las mandaba por registro. Él no sabía de urbanismo", dice Gálvez.
López Caballero no lo niega. "La reforma del Código Penal era muy reciente cuando yo asumí la coordinación de los delitos contra el Medio Ambiente y el Urbanismo en esta Fiscalía. Hoy parece normal hablar de paraísos fiscales, de otras jurisdicciones, de cooperación internacional, de comisiones rogatorias. Hoy parece que todo el aparato jurídico-penal de España tiene conocimientos en derecho urbanístico o en derecho administrativo. Eso no es cierto o no lo era". Y añade: "El delito urbanístico exige que la conducta de una corporación municipal no sea solo ilegal sino manifiestamente ilegal" para abrir la vía penal. La pregunta que sigue haciendo irreconciliables su postura y la de Inmaculada Gálvez es si lo que ocurría en Marbella no era manifiestamente ilegal.
Cuando las causas por lo penal empezaban a acumularse, los abogados de Gil buscaron una estrategia para dilatar los procesos todo lo posible en el tiempo: solicitar la cuestión prejudicial-devolutiva. Esta estrategia consistía en que primero fuese la justicia de lo contencioso-administrativo la que dilucidase si las licencias eran ajustadas a derecho y, solo en caso de que no fuese así, se empezase a investigar la existencia de delito, es decir, se activase la vía penal.
"El juez penal, con un criterio de prudencia, dijo, vamos a ver qué dicen los tribunales de lo contencioso y, si ellos afirman que es ilegal, entonces entramos nosotros", dice el fiscal López Caballero. "Esa disputa jurídica encubrió lo que en realidad era corrupción pura y dura", reconoce. Retrasó la investigación necesaria para demostrar el delito.
"Cuando el fiscal se dio cuenta de que iban a prescribir los delitos, la Audiencia dejó de aplicar la cuestión prejudicial devolutiva y determinó que los juzgados de lo penal tenían jurisdicción para decretar la nulidad de una licencia", explica Gálvez.
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2003 cambió al fin la doctrina respecto de las licencias recurridas y dejó de prevalecer la presunción de legalidad que habían mantenido hasta ese momento. El empeño de jueces y Fiscalía de no paralizar nada, de no pedir medidas cautelares, que tanto benefició al gilismo.Gracias a ese cambio tan tardío se pudo al menos suspender o paralizar la construcción de 11.270 viviendas que ya contaban con licencia concedida.
Así se avanzó en la lucha contra la corrupción en Marbella. A trompicones. Buscando la vía para anular los obstáculos que se ponían al esclarecimiento de los hechos. Las grúas ganaban tiempo.
SANTIAGO TORRES Y EL FIN DE GIL
No todos los jueces miraron para otro lado. Santiago Torres llegó a Marbella en junio de 1997 al Juzgado de Instrucción número 7. Fue el primero que paralizó una obra del Ayuntamiento de Gil, la de Belmonsa, el edificio que tiene en sombra la casa de Carmen Suárez. Imputó a Gil, fijó una fianza de 350 millones de pesetas a los concejales que habían aprobado la licencia y tomó declaración a todos los que, años después se demostró que estaban implicados. Desde las primeras declaraciones, Torres descubrió las dos piezas clave del engranaje de concesión de licencias urbanísticas: Juan Antonio Roca, que actuaba como concejal de urbanismo sin serlo, y José Luis Sierra, que actuaba como jefe de los servicios jurídicos sin serlo. Cuanto Torres, al poco de iniciar las diligencias previas de Belmonsa, decidió tomarles declaración como imputados, activó todas las alarmas del gilismo. Había dado con la clave. Las peticiones de recusación, recursos y peticiones de cambio de responsable del caso llovieron sobre los juzgados de Marbella.
Torres fue apartado del caso por la entonces juez decana de Marbella Pilar Ramírez.
Lo que descubrió Malaya
1. TIENES QUE VER UNA COSA
Desde que escuchó el nombre de Juan Antonio Roca en los pinchazos telefónicos de la operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales, el juez Miguel Ángel Torres diseñó una estrategia para asumir, sin que fuera a reparto, la investigación que derivaría en la Operación Malaya contra la corrupción urbanística de Marbella. Para silenciarla cuanto fuera posible.
Tres meses después de los famosos registros, el fiscal Juan Carlos López Caballero recibió una llamada.
- Tienes que ver una cosa.
Quedaron en la cafetería de unos conocidos grandes almacenes.
- Ábrelo.
Un ordenador portátil y dentro la piedra roseta. Una serie de bases de datos con los trasiegos de dinero que habían ido hilvanando los últimos años del desastre urbanístico de Marbella. La puntada de dinero que entraba en la caja procedente de un promotor o constructor y salía para pagar a un concejal su voto a favor de un convenio urbanístico. Las fechas, las cantidades. Este trocito de pastel para este, este bien gordo para aquel… Un álbum de fotos, tagueadas con siglas, del final de una fiesta secreta. La imagen de los que lamieron los restos del pastel, tan solo una pista para hacerse una idea de lo que pudo ser la orgía en su momento cumbre. En los archivos informáticos encontrados en el despacho de Maras Asesores S.L. aparecieron pagos de alguna de las grandes inmobiliarias.
| Aportación | Fecha | Cantidad |
|---|---|---|
| Jesús Ruiz Casado - Aifos | 22 de enero de 2004 | 180.300 euros |
| " " | 2 de febrero de 2004 | 60.000 euros |
| " " | 6 de febrero de 2004 | 60.000 euros |
| " " | 20 de febrero de 2004 | 89.000 euros |
| " " | 23 de marzo de 2004 | 450.760 euros |
| " " | 31 de marzo de 2004 | 447.600 euros |
2. EL MALETÍN DE GARDOQUÍ
El 29 de marzo de 2006, día de los primeros registros, día de su detención, Salvador Gardoquí llevaba consigo un maletín Balenciaga de piel marrón que le hubiera gustado tener vacío cuando se lo tuvo que entregar al agente. No se lo debió quitar de la cabeza. Imaginaría una y otra vez la cara de quien abriese el maletín, imaginaría que nadie lo abría nunca, que pasaban los años y seguía enterrado entre montones de documentación.
Allí estaba la última hornada, las anotaciones más recientes dictadas por Roca, pendientes aún de ser incorporadas a la base de datos pero con su misma estructura. El incunable. El patrón. La prueba.
| Jesús Ruiz Casado | Aifos | Marzo 2006 | 290.025 |
López Caballero equipara la "ganga" de encontrar el maletín de Gardoquí y los archivos de Maras Asesores con otro famoso hallazgo de la historia de la corrupción española: el pendrive -"el puto pendrive", que diría Francisco Correa- encontrado en la mano apretada de otro contable, el de la Gürtel.
3. ESAS SIGLAS SON MÍAS
Roca intentó durante el juicio invalidar la prueba que daba validez y lógica a los archivos encontrados en Maras Asesores, el contenido del maletín de Gardoquí. No pudo. Mientras todos los empresarios investigados negaron que las siglas de los archivos se correspondieran con pagos realizados por ellos pudo haber alguna esperanza. Pero llegó el empresario burgalés del sector del automóvil Ismael Pérez Peña y confesó.
Sí, era él quien estaba detrás de aquellas siglas. Sí, había pagado a Roca 180.100 euros para conseguir que el Ayuntamiento le abonase, por delante de otros proveedores, el millón y medio que le debía en concepto de alquiler de vehículos para uso municipal. Sí, había regalado además, con el mismo fin, un Toyota RAV 4 (30.200 euros), un Kia Sorento (24.000 euros) y un BMW 120 (33.200 euros) a la alcaldesa Marisol Yagüe.
Era la forma de cobrar una deuda, ¿qué querían? Marbella funcionaba así. Roca optó por colaborar en busca de la atenuante que mitigase algo la que se le venía encima. Reconoció la operativa, reconoció las siglas de los archivos de Maras, ayudó a recorrer la madeja de sus 71 sociedades.
Malaya permitió desvelar el patrimonio que fue capaz de reunir Roca gracias a su papel en el ayuntamiento de Marbella, situado en torno a 100 millones de euros. Fueron necesarios cinco años de instrucción y una colaboración nunca vista antes de jueces, Policías, Agencia Tributaria y de Suiza. Se impusieron sentencias ejemplarizantes.
Puede sonar a mucho pero no lo fue. Como reconoce el fiscal López Caballero, solo lograron reconstruir delitos de corrupción cometidos entre 2004 y 2006.
El camino de Carmen
“Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
El 29 de marzo de 2010, Inmaculada Gálvez, abogada de Carmen Suárez, solicitó ante el Ayuntamiento de Marbella el inicio del expediente de responsabilidad patrimonial por la construcción del edificio Torremarina, de la promotora Belmonsa. Solicitaba una indemnización de 1.020.000€ por la pérdida de valor de la vivienda, la vulneración de los linderos y el agotamiento de la edificabilidad.
El Ayuntamiento ni siquiera contestó. Gálvez presentó un segundo escrito tres meses después que tampoco obtuvo respuesta. Solo tras el tercer escrito, en el que se advertía de la responsabilidad del funcionario que no estaba tramitando la solicitud, el Ayuntamiento respondió, solicitando a la abogada que volviese a detallar el caso.
Nueve meses fueron necesarios en total solo para que se iniciase el expediente.
El año 2011 se fue en solicitudes de Gálvez y respuestas del Ayuntamiento, en muchas ocasiones denegando lo que pedía la abogada. Tan pronto necesitaban más detalles sobre la documentación como pretendían cobrarle las fotocopias de documentos públicos o le solicitaban que demostrase sus argumentos pidiéndole documentación que ya tenía el Ayuntamiento, como ocurrió respecto a las alegaciones de Gálvez contra el Plan General de Urbanismo de 2010.
A finales de 2011, Gálvez pidió que se pronunciase sobre el expediente el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía, por tratarse de una solicitud de indemnización superior a 60.000€. El dictamen tardó un año. La única indemnización que reconocía para Carmen era por "el daño moral", lo que según estimaba no podía suponer una cantidad mayor a 20.000€.
El argumento que usó el Consejo Consultivo fue que el edificio construido por Belmonsa ya no era ilegal. Había sido legalizado por el Plan General de Urbanismo de 2010 (hoy anulado).
A pesar de tener un dictamen tan favorable, en lugar de resolver el expediente, el Ayuntamiento lo dejó dormir durante más de dos años y solo lo resucitó cuando Gálvez presentó un escrito advirtiendo de nuevo de la exigencia de responsabilidades.
El 5 de febrero de 2015, el Ayuntamiento de Marbella aprobó un decreto "desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial" de Carmen Suárez. La causa, de nuevo, "la legalización de la edificación en la revisión del planeamiento aprobada en 2010".
Casi cinco años después de solicitar la apertura de expediente de responsabilidad patrimonial, siete años después de que los tribunales de lo penal declarasen ilegal la licencia de Belmonsa, nueve años después de que hicieran lo mismo los de lo contencioso-administrativo y de que estallase el caso Malaya, trece años después de que el Supremo inhabilitase a Jesús Gil, dieciséis años después de que Santiago Torres paralizase las obras, diecisiete años después de que empezasen, dieciocho años después de que le diesen una licencia a Belmonsa contra el criterio del arquitecto del Ayuntamiento y sin informe jurídico de los servicios del Consistorio, el Ayuntamiento de Marbella le dijo a Carmen Suárez que no tenía derecho a ninguna indemnización porque las doce plantas junto a su casa habían sido legalizadas con el nuevo Plan General.
Inmaculada Gálvez cogió el decreto del Ayuntamiento y lo recurrió ante los tribunales de lo contencioso-administrativo.
Ocho meses después, el Plan General de Urbanismo 2010 de Marbella era anulado por el Supremo.
El 19 de febrero de 2016, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga decía al fin que "resultaba claro que en aquella licencia y su otorgamiento concurrieron actos tan absolutamente irregulares que llevaron incluso a la condena penal respecto del edil Julián Muñoz y Juan Antonio Roca" y que el Plan de Urbanismo, que además había sido anulado, "no tenía capacidad exculpatoria".
No era lo que pedía Carmen, el juez dejó la indemnización en 320.000€ que, con los intereses, se acercarían a los 400.000€ que le había dicho su abogada que recibiría cuando la llamó y le comunicó "Carmen, hemos ganado".
No habían ganado aún. El Ayuntamiento de Marbella recurrió y la compañía que asegura al Ayuntamiento, Helvetia, recurrió también viendo venir la que podía caerle encima si se generalizaban las indemnizaciones en un municipio con más de 30.000 viviendas ilegales.
El 24 de octubre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia que establecía la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Marbella y la indemnización a Carmen Suárez. El Plan General de 2010, que mientras estuvo en vigor sirvió para que no la indemnizaran, se usó para seguir sin indemnizar a Carmen una vez anulado, aludiendo a la posibilidad de que, al ser de nuevo una edificación ilegal, fuese finalmente demolida.
Nadie en Marbella, ni los propios responsables de Urbanismo, contemplan siquiera esa posibilidad.
Gálvez ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Otras sombras de Marbella
La responsabilidad del GIL en lo ocurrido en Marbella es obvia pero no estuvieron solos.
LOS PROMOTORES
Las máquinas entraron en los solares y las grúas levantaron los edificios por orden de los promotores inmobiliarios que conocían que estaban edificando contra el planeamiento de la ciudad. Aunque la Operación Malaya pudo identificar los pagos de algunos de ellos, la mayoría se ha librado de asumir responsabilidad alguna. El Plan General de 2010 pretendía obligarlos a que compensasen a la ciudad (en dinero y/o suelo) por su ganancia extraída del terreno marbellí, pero el Supremo dejó claro que no se puede exigir compensación a quien ya no es propietario aunque haya sacado un jugoso beneficio.
LOS BANCOS
Los bancos también estaban obligados a analizar el riesgo de las operaciones inmobiliarias que financiaban. Hay un hecho curioso en la historia del edificio levantado por Belmonsa junto a la casa de Carmen Suárez. El 15 de octubre de 1998, nueve días después de que el juez Santiago Torres paralizase la obra, entró por el registro del Ayuntamiento una petición. Era del Banco Santander. Quería "conocer el estado de la edificación al ser necesaria la tasación por los servicios del banco, según escritura de garantía del préstamo destinado a la construcción por importe de 1.167.300.000 pesetas, otorgada el 27 de noviembre de 1997 ante notario de Madrid". Solventado el momento de la paralización de la obra y reanudada esta, el banco concedió la hipoteca.
LOS REGISTRADORES
Los registradores de la propiedad han estado inscribiendo las transacciones de viviendas ilegales en Marbella sin añadir la nota al margen, a la que obliga la ley, que indique que sobre una vivienda pesa un proceso judicial.
Aún hoy siguen sin inscribirse en el Registro de la Propiedad esas anotaciones. La consecuencia está guardada con celo en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. "La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro". Mientras el Registro esté mal, la ley protegerá el edificio porque protege al que compra si desconoce su situación de ilegalidad. Son los famosos terceros de buena fe. En caso de llegar a la demolición, habría que indemnizarlos.
Y aquí viene el nuevo puntal antidemoliciones que el Partido Popular añadió a la normativa en el otoño de 2015 en al artículo 108 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Desde entonces, la condición previa para que un juez o tribunal ordene a un ayuntamiento que derribe un edificio es que dicho Consistorio ponga el dinero de la indemnización de los afectados por delante. Con ayuntamientos como el de Marbella en quiebra por las deudas derivadas aún de la época de Gil y la merma de los ingresos, con decenas de miles de viviendas ilegales y todos los inquilinos entrando en el supuesto de terceros de buena fe por el flagrante incumplimiento de las obligaciones del Registro de la Propiedad, ¿quién tiene pulmón para poder consignar las garantías de las indemnizaciones previas a la demolición?
Hay otro negocio oculto tras los terceros de buena fe. Lo confirma un abogado desde su despacho de Estepona que exige el anonimato. Él, como otros, dispone de un jugoso listado sobre la situación de las viviendas marbellíes destinado solo a los ojos de clientes vip. Conocer la ilegalidad de una vivienda permite negociar su precio. Que oficialmente no se sepa que lo sabes, asegura el mantenimiento del edificio en pie o, en el peor de los casos, que aún no se ha dado, el derecho a una indemnización si se derribase.
LOS POLÍTICOS
En las urnas no hubo modo de enfrentarse al GIL, que arrasó desde su primera victoria en 1991. Pero los apoyos externos fueron decisivos. Entre ellos, el indulto que Gil recibió del Gobierno socialista en 1994, el segundo en su vida (el primero se lo concedió Franco), para que pudiese presentarse a la reelección. Por otro lado, cuando, con la intermediación de Isabel Pantoja, Julián Muñoz quiso pactar con la Junta una solución al desfase inmobiliario marbellí que lo pusiera a él a salvo, tuvo un importante protagonismo el actual alcalde de Estepona, José María García Ruano, del PP, persona cercana a Rajoy, en cuya notaría se cerró de madrugada el acuerdo que acabó con la alcaldía de Muñoz y puso al frente a Marisol Yagüe para seguir con la fiesta.
La Junta de Andalucía, por su parte, no publicó las normas que faltaban del Plan General de Urbanismo de 1986 de Marbella hasta el año 2000, facilitando con ello que el GIL utilizase en los juzgados la confusión con el plan en vigor. Tampoco cumplió durante muchos años con su obligación de control.
“Según la Ley de Bases de Régimen Local”, explica Inmaculada Gálvez, “es obligatorio que todos los acuerdos de los ayuntamientos de Málaga sean enviados a la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía. La Junta tiene que hacerles el control de legalidad y había una persona dedicada a esto que no se leía ni uno. Empezamos a amenazar a la Junta con exigirles responsabilidad judicialmente y entonces me ofrecieron ser diputada del PSOE como independiente, con los Verdes. Durante los cuatro años que estuve (2000-2004), como la mayoría dependía de mi voto y yo les tenía amenazados con irme al grupo Mixto si aprobaban el plan de Gil, gané tiempo para que fuesen saliendo un montón de sentencias. Y el Jefe de la Asesoría Jurídica y Gaspar Zarrías, para evitar la responsabilidad de la Junta, requirieron al Ayuntamiento la revisión de todas las licencias irregulares. Fue entonces cuando interpusieron 400 recursos contencioso-administrativos”.
No cabe duda de que en la caída de Gil tuvo un papel crucial el juez Santiago Torres, así como investigaciones como la realizada por el diario El Mundo, que desveló cómo se habían desviado decenas de millones de euros de las arcas municipales (se acabó descubriendo que más de 36 millones) a sociedades que no eran más que una cáscara para emitir facturas falsas entre los años 1991, es decir, nada más llegar Gil a la alcaldía, y 1995.
Sin embargo, hay una opinión bastante extendida de que el fin del gilismo se vio facilitado porque fue demasiado ambicioso, se empeñó en extender su mancha y acabó perdiendo los apoyos o como poco la permisividad que hasta entonces le habían brindado tanto PP como PSOE. El hijo de Jesús Gil, Miguel Gil Marín, conseguía la alcaldía de Estepona en 1995. Ceuta, Melilla… En Ceuta, Antonio Sampietro, ex concejal de urbanismo de Marbella; en Melilla, Cris Lozano, dueño en Madrid del Archy y de Oh! así como de negocios de éxito en Marbella como el Budda Marbella.
“Sin ser de allí, sin haber pisado la ciudad antes de la campaña electoral”, ganaban “gracias al tirón de Jesús Gil”, ha escrito Julián Muñoz en su libro Julián Muñoz: la cruda verdad. En sus mítines en las ciudades norteafricanas, describe, Jesús tenía un éxito “espectacular” y no se privaba de “llamar hasta perros judíos a sus antiguos amigos de la Junta y del PP”.
“Jesús Gil estuvo mucho tiempo insultando a diestro y siniestro, retando a todo el mundo. Se iba creciendo y ya no se conformaba con lo de Ceuta y Melilla, sino que anunciaba que el GIL iba a presentarse a las generales e iba a hacer más de un roto a los grandes partidos”, relata Muñoz en su libro.
El fiscal López Caballero lo expresa de otro modo. "La presión política en la Operación Malaya no existió entre otras cosas porque, solemos comentar, cuando estábamos enfrentándonos a esta investigación yo creo que jugábamos con cierto viento de cola. Una opinión favorable de todas las fuerzas políticas" a la investigación.
CONTEXTO HISTÓRICO
PROYECTO: Playa Burbuja / Datadista. INVESTIGACIÓN Y TEXTOS: Ana Tudela. DESARROLLO Y DISEÑO: Antonio Delgado. INFOGRAFÍAS y MAPAS: Antonio Delgado y Ana Tudela. ILUSTRACIÓN: Ana Tudela. VÍDEO: Antonio Delgado. ANIMACIONES Y GIFS: Ana Tudela.
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Playa Burbuja es una investigación periodística iniciada con un viaje en moto de 2.000 km por la costa mediterránea en busca de las cicatrices que dejó marcadas en el paisaje, el medioambiente y las gentes del litoral la burbuja inmobiliaria y su estallido. Cada aberración urbanística, proyecto abandonado o desastre medioambiental tiene datos, protagonistas y en muchas ocasiones una historia de corrupción detrás.