Por qué sigue allí

La paralización de las obras de El Algarrobico en febrero de 2006 supuso un terremoto en la Junta y produjo un cambio importante. Los mismos que habían impulsado, ayudado y dado todos los parabienes al hotel, los que ese mismo año, diez días antes de que el juez paralizase las obras, habían publicado en el BOP de Almería el expediente para autorizar las tuberías subterráneas que Azata del Sol había solicitado llevar hasta la zona, los mismos que dos meses antes habían dicho que El Algarrobico podía ser feo pero era legal, daban la vuelta a su discurso como a un calcetín.

Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía, anunció que el hotel iba “a desaparecer de las costas de Andalucía” y que su intención era: “Que la playa quede como estaba antes del comienzo de las obras” para “despejar un futuro amenazador”.

Una contundencia que contrastaba con el hecho de que las medidas del juez eran todavía cautelares y que hoy, con varias sentencias firmes en el Supremo, chocan de cabeza contra el edificio, todavía allí trece años después, todavía protegido por un guarda de seguridad, todavía con las grúas, como esperando una orden de seguir adelante y terminar la obra.

En febrero de 2006, la Junta anunció que iba a ejercer su derecho de retracto sobre el terreno en el que ya se levantaba el hotel, al que tenía derecho por tratarse de un Parque Natural, y que ese mismo mes iban a consignar en una cuenta los 2,3 millones que pagó Azata por los terrenos. ¿Por qué no habían ejercido ese derecho de retracto antes?

En el propio contrato de compraventa se aseguraba que el suelo no era del Parque.

Una afirmación imposible de sostener dado que en 1994 se había ampliado el Parque Natural, pero que permitió a los compradores y a los vendedores esquivar la Ley Estatal de Conservación de los Espacios Naturales Protegidos y la Ley autonómica de Inventario de Espacios Protegidos de Andalucía. Esta norma obliga a informar de “todas las transmisiones onerosas de bienes y derechos de los terrenos en el interior de los espacios declarados protegidos” a la Junta para que pueda “ejercer los derechos de tanteo y retracto”.

¿Pudo la Junta, debido al contrato, ignorar la transacción? No, porque la propia Junta era accionista de uno de los vendedores del suelo, empresa que, una vez vendido dicho terreno, se disolvió.

EL ENÉSIMO TRUCO

En enero de 2007, la Junta de Andalucía contó un chiste. A broma desde luego sonó la publicidad que hizo de que la publicación Muchoviaje premiase a la Consejería de Medio Ambiente “en reconocimiento a su actuación en defensa de la playa de El Algarrobico”, un premio que compartió con la Asociación de Amigos del Parque. El galardón se entregó en el Casino de Madrid, y fue de manos de la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, reconociendo “la comprometida decisión de frenar la especulación de que era objeto la playa”.

Y mientras esto era lo que se decía ante las cámaras y las grabadoras, en la redacción del nuevo Plan de Ordenación del Parque la Junta intentó un nuevo truco.

En lugar de devolver la playa a la clasificación de 1994 (C1), la de zona de especial protección no urbanizable, le dio una figura intermedia (C3), núcleos habitados existentes y otras zonas transformadas.

Greenpeace cogió el PORN recién salido del horno y lo llevó directamente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que lo suspendió de forma cautelar. La Junta, en lugar de plegarse, explicar que se había tratado de un error y devolver finalmente la protección de 1994 al suelo de El Algarrobico, recurrió la suspensión.

Ese recurso fue la coartada del Ayuntamiento de Carboneras para negarse a modificar su planeamiento y no desclasificar como urbanizable el suelo. Alegó que no podía aplicar el PORN de 2008 porque estaba recurrido y que los planos válidos en su poder eran los de 1997, los modificados, los que ya habían sido calificados como “burda maniobra de sustituir la planimetría del PORN” por el juez Rivera en su sentencia de 2008.

Cuatro años, desde esa sentencia, tardó la Junta en publicar en el BOJA la resolución que devolvía a El Algarrobico su protección de 1994. No lo hizo voluntariamente sino por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que les obligó a ello. En su web sigue colgado flamante el anuncio de aquel premio que recibieron por su compromiso para “frenar la especulación”.

La Junta cambió los planos por una sentencia de la Sala primera de lo contencioso administrativo del TSJA que dio la razón a Greenpeace, que ya lideraba la actuación de las asociaciones ecologistas. Era 2012. Ese mismo año, el Supremo fallaba sobre uno de los diversos recursos presentados, confirmando que el hotel invadía la servidumbre de protección, que según la Ley de Costas era de 100 metros.

CÓMO HICIERON QUE EL HOTEL VOLVIESE A SER LEGAL (DOS AÑOS)

Llega 2014. Diez años después de iniciarse la investigación de la Comisión Europea, Bruselas cerró el expediente. “España, tanto el Gobierno central como regional, se han comprometido a demoler el hotel y regenerar el paisaje tan pronto como los diferentes procedimientos judiciales pendientes sean resueltos y la decisión pueda ser ejecutada”, se explica en la decisión comunitaria.

Justamente ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía volvió a juzgar algo que ya estaba juzgado, la legalidad de El Algarrobico, y esta vez la sentencia devolvió al suelo sobre el que se levantaba el hotel la calificación de urbanizable. Fue necesaria toda una carambola judicial para lograr hacer legal lo que no lo era.

Como describiría dos años después el Tribunal Supremo, lo que ocurrió fue que, el 24 de febrero de 2014, la Sección Tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se autoadjudicó uno de los recursos sobre El Algarrobico (uno de los muchos presentados por Azata, sus filiales y el Ayuntamiento de Carboneras), que llevaba hasta ese momento la Sección Primera. El Alto Tribunal determinó en 2016 que hubo una “total e incomprensible ausencia de resolución alguna que diera cobertura al cambio de Sección”. Que además se fijó “la fecha de deliberación del asunto, con llamativa premura, para sólo tres días después” y que, sin embargo, “fue notificada a las partes con evidente retraso, cuando el pleito había sido deliberado más de una semana antes, lo que suponía que cualquier reacción de las partes no hubiera resultado viable o eficaz”.

A todas estas irregularidades se añadía que, en la sentencia de 2014 que falló a favor del hotel se dijo expresamente que no se iba a enjuiciar la legalidad del procedimiento seguido por la Junta para el cambio de la planimetría del Parque. Rafael Toledano, que años antes había apoyado una sentencia que protegía el suelo de El Algarrobico, María Torres Donaire y Jorge Muñoz, la Sección Tercera, le dieron la vuelta al caso precisamente en aquel año en que la Comisión Europea archivaba el expediente a España por la promesa de que el hotel iba a ser demolido.

Lo que se temían y confirmaron las asociaciones ecologistas a principios de 2014, cuando el TSJA emitió aquella sentencia, es que solo era la primera en el camino a la legalización del hotel. Meses después, el mismo tribunal que convirtió temporalmente el suelo en urbanizable sentenció que la licencia de construcción del hotel también era legal. Esta sentencia es clave para que el hotel siga hoy en pie.

QUIEN SE MUEVA, PAGA

Con la licencia en vigor, una amenaza se cierne sobre el bolsillo de los ciudadanos. No fue el pueblo de Carboneras el que dio la licencia de obras, no fueron los andaluces los que cambiaron los planos del Parque Natural con la “burda maniobra” que ha descrito la justicia, no fueron los españoles en su conjunto los que manipularon la información que se presentó a Bruselas en respuesta al expediente abierto a España ni los que dejaron sin ejecutar el deslinde de la playa de El Algarrobico que se había iniciado en 1995. Pero pueden ser los carboneros, los andaluces o los españoles quienes acaben pagando la indemnización que Azata, la promotora de El Algarrobico, pide en los juzgados, que asciende a 70 millones de euros.

Azata no se conforma con lo invertido en el hotel, que según su propia información, presentada cuando intentó evitar en los tribunales que la Junta de Andalucía ejerciese el derecho de retracto sobre el suelo, fue de 27,4 millones de euros. Quiere también que se le abone el beneficio que no ha logrado en todos estos años, una cantidad que sería vergonzosa si la tuviese que pagar el Estado, que tanto tardó en hacer el deslinde y luego mintió a la Comisión Europea; un bocado a las cuentas autonómicas si tuviese que pagar la Junta; pero que quebraría un pueblo como Carboneras.

Por eso nadie se quiere mover y, lo que se hace, se hace a medias o intentando guardarse las espaldas.

La Junta ha sido quien ha vuelto a dejar una puerta abierta a favor de la promotora.

En 2017, se conoció el dictamen del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía sobre la posible indemnización por el Algarrobico. Azata, en sus diferentes recursos ha pretendido que la Junta asuma la responsabilidad patrimonial por su conocimiento y participación directa en las decisiones sobre el hotel, haciendo hincapié en que incluso le quitó las competencias a Carboneras durante unos meses para tomar directamente decisiones sobre el sector en el que se iba a levantar El Algarrobico. El Consejo Consultivo dijo que de eso nada. Que “las promotoras no pueden argumentar desconocimiento, menos aún cuando según sus propios escritos el deslinde se inicia en 1995 y concluye en el año 2005, de lo cual evidentemente tuvieron conocimiento”.

El problema para los bolsillos de los ciudadanos andaluces no está ahí. Es el cambio de los planos donde se pueden encontrar con la responsabilidad patrimonial. Quizás eso explique que la Junta, en el dictamen del Consejo Consultivo, después de las sentencias del Supremo, de los calificativos que ha recibido por parte de los jueces la modificación de la planimetría por la puerta de atrás, volviera a marcarse una pirueta. Aseguró que en el PORN “la cartografía en cuestión no asigna ninguna letra al lugar concreto donde se levanta la construcción del hotel El Algarrobico”. Y se quedaron tan anchos. Añadieron que “con esta indefinición de protección, no es de extrañar que en planimetría posterior, corregida por errores materiales en un procedimiento que se encuentra al margen del objeto del presente dictamen, la zona concreta del hotel y terrenos circundantes se reflejase como zona D2, áreas urbanizables”.

La Junta negaba así las sentencias del juez Jesús Rivera, del Supremo, las veces que le han dicho que el cambio de planimetría no pudo jamás tratarse de una corrección de errores, que fue una burda maniobra, una triquiñuela, que no cabe duda de que el suelo estaba clasificado como C1 y que sobre él no se podía urbanizar. En su lugar, dice que la modificación “comportaría una eventual responsabilidad derivada del cambio de planeamiento”, que no tendría que ver con la Ley de Costas, pero sí con el hecho “de haber quedado excluidos los terrenos del proceso urbanizador”.

IGNORAR AL TRIBUNAL SUPREMO

En abril de 2018, el Tribunal Supremo ordenó reclasificar el suelo de El Algarrobico en la normativa de Carboneras. El Ayuntamiento dijo que había iniciado el procedimiento pero, según ha podido saber Datadista, nunca lo llevó a término.

El suelo sobre el que se levanta El Algarrobico sigue siendo urbanizable en los planos municipales contra todas las sentencias que dicen lo contrario.

En el Consistorio intentan argumentar que han tenido dificultades para continuar con procedimientos pendientes desde que en marzo de 2018 se marchó el secretario del Ayuntamiento. Que llevan mucho atraso en general. Afirman que eso es lo que ha hecho que aún no se haya efectuado el cambio ni en el Plan General de Ordenación Urbana de Carboneras ni en las Normas Subsidiarias, aunque en el plan de ordenación sí hayan incluido una indicación haciendo referencia a las sentencias que pesan sobre el terreno.

Pero lo que finalmente acaban reconociendo es que estando “todavía pendientes los expedientes judiciales referidos a la responsabilidad patrimonial que ha solicitado Azata, el Ayuntamiento es cauto y quiere dar los menos pasos posibles hasta que no se resuelva. Estamos hablando de cantidades económicas bastante importantes y hay que adoptar una posición conservadora”. La exigencia de responsabilidad patrimonial tiene dos causas abiertas en la Audiencia Nacional y otras dos en el TSJA, estas dos últimas suspendidas a la espera de lo que diga la Audiencia.

Para colmo, aunque existen también sentencias que dan la razón a la Junta en su derecho de retracto del terreno, el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad aún no se ha producido.

El suelo, sobre el papel, sigue siendo de Azata.

La Junta convocó a Azata a una reunión para plantear el derecho de retracto y comprarle los terrenos por 2,3 millones de euros pero la promotora, como todos esperaban, no asistió. Este camino ya había demostrado ser una vía muerta dos años antes. En 2014, la Administración autonómica ya acudió al TSJA para que obligase a Azata a entregarle los terrenos. El Tribunal dijo que no era competente y que tenía que interponer un pleito civil. En lugar de eso, la Junta recurrió al Supremo, que le dio la razón a la administración autonómica en 2016 sobre su pretensión de ejercer el derecho de retracto. Y de nuevo, en lugar de emprender un pleito civil, la Junta volvió a convocar a la empresa y acudió de nuevo al TSJA. Con el cambio de Gobierno en Andalucía no parece de momento que haya interés en cambiar esta práctica de dilación de los plazos.

Todo esto, sumado a la sentencia de 2014 del TSJA que dio validez a la licencia ha hecho que la promotora afirme que sigue en vigor y se agarre a ello para exigir los 70 millones de euros de responsabilidad patrimonial citados.

José Ignacio Domínguez, el abogado que representa a Salvemos Mojácar y Greenpeace frente a El Algarrobico, artífice del recurso que lo paralizó y de las sentencias históricas del Supremo contra la construcción, busca ahora que un tribunal obligue a la desclasificación del suelo por parte del Ayuntamiento y anule la licencia como paso previo a la demolición del hotel. Porque el problema es que en toda la maraña de sentencias, recursos, resoluciones y dictámenes alrededor de El Algarrobico nunca ningún tribunal ha sentenciado que deba ser demolido. Para avanzar en ese camino, Domínguez sostiene ante el TSJA que la licencia ya no sirve porque “incurrió en caducidad insubsanable” cuando en 2014, tras la “famosa sentencia del juez Toledano que la calificó de legal”, Carboneras celebró un Pleno extraordinario instando a la promotora a finalizar las obras. Azata no lo hizo y, dado que solo le quedaban unos meses para que caducase, asegura Domínguez, este hecho ya se habría producido.

UN CASO SIN RESPONSABLES

El juez Jesús Rivera intentó que se investigase por la vía penal a las administraciones por su actuación respecto al hotel. Lo hizo en su sentencia de septiembre de 2008, en la que, tras haber sentenciado que el hotel se había levantado sobre un terreno protegido, declaró nula la licencia y pidió al fiscal que se investigase a los responsables locales y autonómicos. Veía indicios de corrupción, en concreto que la actitud de las administraciones públicas presentaba “los caracteres de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio”. La dureza de su sentencia señalaba claramente con el dedo hacia el Palacio de San Telmo, donde se había actuado “de forma clamorosamente contraria al ordenamiento jurídico” usando “una burda maniobra” al presentar una cartografía diferente.

Hoy, cuando se le pregunta, lo sigue teniendo claro: “Ordené deducir testimonio en Fiscalía. Pero después del testimonio se archivó porque la Fiscalía consideró que no era constitutivo de delito. Sin embargo, si algo tienen las asociaciones ecologistas es la perseverancia y presentaron un escrito reclamando la intervención del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido. La Fiscalía de Almería incoó diligencias por orden superior y concluyó que el delito había prescrito. Si hubiesen iniciado en su momento las diligencias quizás no se habría producido esa situación. La tardanza de la Fiscalía permitió la prescripción”.

Rivera tiene claro qué es lo más cuestionable de lo ocurrido: “El cambio de los planos es un disparate. Por lo menos habría que haber entrado a mirarlo, haber preguntado quién materialmente hizo el cambio o por orden de quién".

Entre tanto, la única verdad incuestionable es que El Algarrobico, la obra que apoyó y subvencionó la Junta de Andalucía, que se inició gracias a unos planos burdamente modificados, cuya licencia regaló el alcalde socialista de Carboneras a la promotora, sigue allí.

Dicen por el Ayuntamiento que las navidades de 2011, las primeras tras la derrota del Partido Socialista en el municipio almeriense y de Gobierno del Gicar, llegó un regalo para el alcalde de Carboneras de parte de Azata. Era un lomo embuchado.