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PLAYA BURBUJA

CAPÍTULO V DESMONTANDO EL ALGARROBICO

Las mentiras a Europa

Un año antes de que el juez Rivera paralizase el hotel, el Gobierno de Zapatero recibió carta y visita de la Comisión Europea. Alguien había denunciado las obras. El Ejecutivo trató de convencer por todos los medios de que era legal. A Bruselas no le gustó nada la respuesta.

Plano original del Plan Parcial aprobado en 1988.

Entre los argumentos utilizados por el Gobierno, se dijo que se trataba de una construcción individual, como si los planos guardados en los despachos del Ayuntamiento de Carboneras fueran a permanecer allí escondidos, guardando el secreto de los varios algarrobicos y las viviendas que se proyectaba construir.

Plano original del Plan Parcial aprobado en 1988. / AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

El 4 de abril de 2006, ni dos meses después de que el juez Jesús Rivera paralizase la construcción de El Algarrobico, el ministro de Exteriores del Gobierno socialista, Miguel Ángel Moratinos, recibió una carta del comisario europeo de Medio Ambiente, que en aquel momento era el griego Stavros Dimas. No era, ni mucho menos, la primera.

Europa llevaba más de un año intentando saber qué estaba pasando en una playa de Almería ubicada dentro de un Parque Natural.

Estaba declarada Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), era parte de la red Natura 2000 y Lugar de Interés Comunitario.

Según la documentación del caso, a la que DATADISTA ha accedido tras una solicitud de información pública a la Comisión Europea, esta había recibido en 2004 "una queja en la que se denunciaba la posible aplicación incorrecta por parte de las autoridades españolas" de las directivas comunitarias "en relación con el proyecto de construcción de un complejo urbanístico/turístico" en el término municipal de Carboneras.

Acuse de recibo de la carta de emplazamiento de la Comisión Europea ante la Representación Permanente de España en Bruselas rogándole la transmita al Sr. ministro de Asuntos Exteriores.

En la descripción de los hechos, se explicaba que "en el año 2004 recibió una queja (...) en relación con el proyecto de construcción de un complejo/urbanístico turístico". El denunciante, continuaba la carta, "aseguraba que en la playa del Algarrobico se encuentra en construcción un edificio de diecisiete plantas (sic) a escasos cien metros de la costa (sic), el cual forma parte de un futuro núcleo turístico que incluirá varios hoteles y urbanizaciones con todas sus infraestructuras".

La Comisión no daba crédito. Se había permitido construir en un enclave que el mismo Gobierno español había presentado como Lugar de Interés Comunitario. Una zona protegida por contar con especies como la alondra de Dupont, ortegas, alcaravanes, aves de humedales salobres como el flamenco, las avocetas y las cigüeñelas. La propia información facilitada por España en la base Natura 2000 señalaba "el desarrollo urbanístico, los cultivos intensivos y la actividad minera" como "las principales amenazas para el espacio".

La carta prueba algo más. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero supo de la denuncia ante Bruselas desde un año antes de paralizarse las obras. En concreto, desde el 8 de febrero de 2005, cuando "en el marco de la instrucción del expediente (abierto), la Comisión se dirigió a las autoridades españolas (…) solicitando sus observaciones sobre los hechos denunciados". El asunto se trató en persona "en una reunión bilateral que los servicios de la Comisión mantuvieron con las autoridades españolas el mes de mayo en Madrid". ¿Qué hizo el Gobierno? Dar legitimidad al proyecto.

Contestó a la Comisión: "El proyecto denunciado forma parte de una actuación urbanística programada en 1985 dentro de un Plan para el Desarrollo Turístico del Litoral Andaluz". Añadieron que la planificación urbanística que daba "amparo a tal proyecto" eran "las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Carboneras, aprobadas por Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Almería el 14 de julio de 1987", que clasificaban como "urbanizable" un sector denominado "El Algarrobico".

MAYO DE 1988, LA FECHA CLAVE

Entre la numerosa documentación, acompañada de su momento de aprobación, se daba una fecha clave: "El Plan Parcial de dicho sector fue aprobado definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de Urbanismo de Almería de 26 de mayo de 1988".

Es decir, se había aprobado después de la fecha de aplicación de la Ley de Costas más famosa de este país, la de 1988, que había establecido que los planes que no estuviesen aprobados el 1 de enero de ese año que afectasen a suelos que invadiesen dominio público marítimo-terrestre quedaban anulados. Una norma, por cierto, impulsada por un Gobierno socialista que obligaba a haber deslindado todos los suelos que invadiesen los 100 primeros metros del litoral y no fuesen ya urbanos.

En 1995 se había iniciado el proceso de deslinde de la playa de El Algarrobico. Hubo incluso un acta de replanteo, es decir, se llegó a ir físicamente a la playa. Pero el proceso se paralizó y no se volvió a iniciar hasta diez años después, a finales de 2005, como si nunca antes se hubiera iniciado y a pocos meses de que el juez Jesús Rivera paralizase las obras del hotel. ¿Qué sabía el Gobierno socialista? Como poco, que Europa estaba mirando con mucha atención el caso y no le habían convencido nada las respuestas que le llegaban desde España.

LOS PLANOS CAMBIADOS SE DIERON POR BUENOS

En su respuesta a Europa, el Departamento de Moratinos explicó que en octubre de 1994 se había aprobado "el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar y sus límites, zona en la que se incluye El Algarrobico". El plano publicado ese año en el BOJA, sin embargo, decía que ese suelo no era urbanizable, era C1. Solo conociendo la existencia de un segundo plano, uno enviado sin publicidad ni trámite de aprobación al Ayuntamiento de Carboneras y a la dirección del Parque Natural, se explica que el Gobierno asegurase a Europa que los terrenos de El Algarrobico "habían sido declarados urbanizables" y que ello era "compatible con la normativa del PORN". Esos planos, de los que se habla en este capítulo, fueron calificados como "burda maniobra" de la Junta de Andalucía por parte del juez de Primera Instancia y como "triquiñuela" por el Tribunal Supremo.

Ni siquiera recibir la falsa información de que se trataba de suelos urbanizables contentó a las autoridades europeas.

Acuse de recibo de apertura de dictamen motivado contra España en relación con la construcción de un hotel en el sector "El Algarrobico", municipio de Carboneras (Almería).

No entendían que en la información que había facilitado el Estado español para la base de datos Natura 2000 hubieran precisamente destacado "el desarrollo urbanístico" como "una de las principales amenazas que se ciernen sobre la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) en cuestión". Si esto era así, "cualquier proyecto que contribuya a aumentar dicha presión es susceptible de afectar de forma apreciable unos hábitats de por sí extremadamente frágiles y valiosos".

También se sorprendieron de que no se hubiera mencionado "ningún tipo de evaluación de impacto medioambiental". Ni la toma de medidas para "salvaguardar el interés ecológico".

NO ERA UN SOLO ALGARROBICO

En este documento, fechado en julio de 2007, en el que la Comisión Europea abrió un dictamen motivado contra España por la construcción de El Algarrobico, el erraba en algunos datos, como el número de plantas o la distancia a la orilla del mar, pero parecía conocer muy bien los extensos planes diseñados para esa zona del Parque Natural, puesto que hacía mención a que El Algarrobico "formaba parte de un futuro núcleo turístico, que incluiría varios hoteles y urbanizaciones con todas sus infraestructuras". ¿Qué respondió España?

"No existe complejo hotelero, sino una construcción individualizada en suelo urbanizable". Una afirmación rotundamente falsa.

Como puede comprobarse en los planos que obran en poder del Ayuntamiento de Carboneras de los planes parciales tanto para el sector ST-1 (el del Algarrobico), como los colindantes (ST-2 y ST-3), fueron varios los hoteles que se plantearon, además de extensiones para viviendas residenciales.

Imagen del El hotel Algarrobico con la cementera al fondo
Mapa con los sectores ST-1, ST-2 y ST-3 y la superficie que ocupa El Algarrobico / DATADISTA

El caso es que, restando importancia a un macroproyecto que nació pensando alumbrar no uno sino varios algarrobicos, el Ejecutivo de Zapatero quiso sostener que el hotel estaba fuera de las obligaciones de la normativa comunitaria.

¿Y LA DECLARACIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL?

Basándose en la normativa autonómica andaluza, el Gobierno español afirmó no solo que se habían hecho los estudios pertinentes sino que "la competencia de la evaluación (…) recae en el Ayuntamiento, en este caso, el de Carboneras".

¿Qué hizo la Comisión? Preguntó al Ayuntamiento. ¿Cuál fue la respuesta? El Consistorio de Cristóbal Fernández respondió que "todas esas aves, sin exclusión" que cita la Comisión como protegidas "son totalmente desconocidas en esta área y no se conocen avistamientos de las mismas y como consecuencia no podrán ser clasificadas ambientalmente por el término municipal de Carboneras, ni tan siquiera a sus inmediaciones. Es bien sabido que dichas aves, todas las enumeradas, se corresponden con el hábitat concreto de las Salinas de Cabo de Gata, que se encuentran a unos 40 kilómetros de distancia de esta localidad".

Bruselas no daba crédito. "De conformidad con la información publicada en el Atlas de las Aves Reproductoras de España, del Ministerio de Medio Ambiente, se han identificado al menos dos especies de aves en dicho sector así como un alto número de especies migratorias". La documentación del Gobierno de España desmentía al Ayuntamiento de Carboneras.

Viñeta sobre Parque Natural

EL INTENTO DE NARBONA

Cristina Narbona se tomó como algo personal el tema de El Algarrobico. Ella misma desvelaría diez años después, en una carta al director de El País, que sí intentó negociar con el constructor antes de iniciar el expediente de deslinde, ofreciéndole que hiciera el retranqueo de forma voluntaria. "Lamentablemente", escribió Narbona, "no se llegó a ningún acuerdo y la obra siguió adelante sin ninguna modificación. Probablemente el promotor creyó que el Gobierno no exigiría el cumplimiento de la Ley de Costas".

Sí hubo un acuerdo con el promotor algunos años más tarde, en 2008.

"Antes de que terminara la legislatura, habíamos alcanzado incluso un preacuerdo para llevar a cabo una permuta que permitiría la demolición íntegra del hotel, minimizando el coste para el Gobierno por la correspondiente indemnización", explicó Narbona.

Un documento de Costas de entonces recoge la cantidad que se pensó abonar. En el apartado "Fincas con expediente en tramitación. Prevista adquisición en 2007" figura el "Hotel en Paraje Algarrobico", una superficie de 16.430 metros cuadrados para la que se fija la mayor indemnización prevista: 15,54 millones de euros, a los que se uniría el valor de los terrenos que se pensaban permutar y que estaban situados en el paraje de El Toyo. Azata, la dueña del hotel, reclama ahora 70 millones.

Programa de adquisición de fincas
Programa de adquisición de fincas. / DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS

Pedro Solbes, ministro de Economía, dejó el acuerdo en barbecho hasta después de las elecciones de 2008. Narbona no pudo terminar lo avanzado.

No fue nombrada ministra de Medio Ambiente en la segunda legislatura de Zapatero. En su lugar se nombró a Elena Espinosa, que dio marcha atrás al expediente de deslinde, alegando que la licencia podía declararse ilegal y con ello reducirse considerablemente la indemnización a los propietarios. Greenpeace recurrió la paralización de aquel expediente.

De haber seguido adelante, es probable que el hotel ya no estuviese allí.

Documento de archivo del dictamen motivado
Documento de archivo del dictamen motivado. / COMISIÓN EUROPEA

En 2014, ya con varias sentencias en firme del Supremo declarando ilegal la licencia del hotel, Bruselas cerró el expediente. "España, tanto el Gobierno central como regional, se han comprometido a demoler el hotel y regenerar el paisaje tan pronto como los diferentes procedimientos judiciales pendientes sean resueltos y la decisión pueda ser ejecutada", se explica en la decisión.

LA GIRATORIA

El deslinde de El Algarrobico no fue el único fuego que tuvo que apagar Narbona en Carboneras. El otro se lo dejó encendido Fernando Cabezón Ruiz. Ingeniero de Caminos, riojano pero afincado en Almería desde los años setenta, candidato a la alcaldía de Almería por el PP y luego portavoz de Obras Públicas en el Parlamento andaluz, recibió su premio gordo político en 1998. El Ministerio de Medio Ambiente, con Isabel Tocino al frente, lo nombró consejero delegado de Aguas de la Cuenca del Sur (Acusur), la empresa pública estatal recién creada que se iba a encargar de gestionar el Plan Global de Actuaciones Hidráulicas de Almería.

Cabezón permaneció en Acusur hasta el 16 de mayo de 2003. Sus años en la empresa pública fueron nefastos. Desde los primeros ejercicios de existencia, la Intervención General del Estado realizó informes arrojando dudas preocupantes sobre cómo se estaba gestionando la sociedad. La sede se compró por 216 millones de pesetas a una empresa que había pagado solo 70 millones por ella cinco meses antes. También se cuestionaron los contratos de publicidad millonarios que tuvieron lugar cuando la empresa no tenía aún actividad que publicitar. Lo peor, sin embargo, fueron los sobrecostes en las obras que acometió, que dejaron Acusur en quiebra. Uno de sus grandes rotos procedía de la desaladora de Carboneras, a cuyo Ayuntamiento le dejó una deuda que se encargaría de afrontar Narbona al llegar a Medio Ambiente.

No fue el último trato que tuvo Cabezón con el Consistorio carbonero. Cuatro meses después de su cese al frente de Acusur, una empresa que dependía del Ministerio de Medio Ambiente, que es el que debería haber llevado a término el deslinde de la Ley de Costas en la zona, Cabezón fue nombrado administrador único de Azata del Sol, la empresa que promovía el Algarrobico.

En el registro mercantil figura la baja de Fernando Cabezón como administrador único de Azata el 11 de mayo de 2006, cuatro días antes de la publicación de un artículo de El País que recogía su paso a la esfera privada.


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CAPÍTULO I

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