Un Indulto Exprés

Explicar su figura y su papel en esta historia sirve para tres cosas: entender cómo funciona la política a nivel local, donde en muchas ocasiones concentran el poder familias históricas y donde tiene mucha más relevancia la persona en sí que el partido al que representa; el nivel de permisividad entre la actividad pública de los políticos y sus negocios privados en el ámbito municipal; y la protección que desde los poderes autonómicos y estatales se ha dado a determinadas figuras del ámbito municipal.

La historia de la familia de Cristóbal Fernández es la historia del poder en Carboneras.

Entronca con los tiempos del caciquismo y después con quienes ostentaron el poder durante la dictadura. Antes de la Guerra Civil, el abuelo y el hermano del abuelo ocuparon los cargos de secretario y alcalde respectivamente del municipio. En febrero de 1936, Ramón Fernández Casado perdió la alcaldía y el nuevo Ayuntamiento le quitó incluso la plaza de practicante, su profesión. Él y su hermano se vieron obligados a abandonar el municipio.

Tras la contienda, la victoria de los rebeldes hizo que las cosas cambiaran de nuevo, esta vez a favor de los Fernández Casado. Su ideología estaba clara, situada a años luz de las posturas socialistas.

El 14 de noviembre de 1940, Ramón Fernández Casado, que ostentaba en ese momento el cargo de jefe local de la F.E.T. de las J.O.N.S, la Falange, fue nombrado de nuevo alcalde. Recuerda Francisco Alarcón, al que todo el mundo conoce como Paco el Molinero,que tenía aquel alcalde un economato a través del que se encargaba de dar “la ración”, es decir, el reparto definido en las cartillas de racionamiento y que solo la entregaba si previamente se compraban las patatas de su huerto que, asegura Paco con palabras algo más gruesas, no eran precisamente de calidad.

La entrada en política de Cristóbal Fernández, el alcalde defensor de El Algarrobico, tampoco fue de manos del socialismo. Aún hoy le recuerdan megáfono en mano, siendo joven, anunciando el único mitin que dio en el municipio Blas Piñar, que presentó en Carboneras la constitución de Fuerza Nueva Almería. No era socialista tampoco cuando recibió el primer cetro de alcalde.

“En las elecciones municipales celebradas el 8 de mayo de 1983, un joven Cristóbal Fernández al frente del grupo independiente Carboneras en Marcha se hace con la alcaldía tras pactar con Alianza Popular. Posteriormente rompe el pacto con los populares y se alía con los socialistas, ingresando en sus filas”, cuenta Andrés Hernández Zamora en su libro Carboneras: su verdad. El tiempo y el poder de los socialistas en Andalucía le demostraron su acierto.

Durante su largo mandato se dan todos los pasos para la construcción del hotel en la playa de El Algarrobico.

La aprobación del Plan Parcial de Carboneras en 1988, la venta de terrenos propiedad del Ayuntamiento a las promotoras del plan y la recepción del plano cambiado sin expediente ni publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) para esquivar la protección del suelo, entre otras. Los planes del hotel avanzaron cuando Cristóbal Fernández estaba en el poder y se detuvieron durante los escasos paréntesis en que no fue alcalde. Cuando esto ocurrió, la Junta de Andalucía salió al rescate.

COMPETENCIAS URBANÍSTICAS DE IDA Y VUELTA

En 1995, los socialistas de Carboneras estaban nerviosos. Ese año se celebraban elecciones y el equipo de Cristóbal Fernández ya sabía que, si no sacaba mayoría absoluta de nuevo, tenía complicado seguir en el cargo. El resto de partidos estaba dispuesto a aliarse tuviesen el color que tuviesen con tal de sacarlo de la alcaldía. A pesar de las llamadas al voto útil, sus peores temores se confirmaron. El PSOE de Carboneras no logró la mayoría absoluta y Fernández vio cómo tomaba posesión como alcalde, con el apoyo del PP, Antonio Hermosilla, del Grupo Independiente de Carboneras (GIC).

Durante la alcaldía de Hermosilla se movieron muy pocos papeles en relación con los suelos de El Algarrobico. Y llegó marzo de 1997. No es un año cualquiera.

En 1997 se están reactivando todos los planes para construir el hotel de El Algarrobico.

Es cuando la Junta de Andalucía cambia los planos del Parque de forma oscura e ilegal, como determinaría el Supremo años después, con una “triquiñuela” destinada únicamente a lograr que el ladrillo se hiciese con un suelo protegido. Ese año es también cuando los dueños en ese momento del terreno, en uno de los cuales es accionista la Junta, solicitan al Ministerio de Medio Ambiente autorización para canalizar agua al sector de El Algarrobico, aunque digan que es con la intención de instalar un camping. Y es cuando la Junta les concede además una ayuda de 52,6 millones de pesetas (316.000 euros) que en teoría está destinada también al camping. Azata, futura promotora de El Algarrobico pero que entonces aún no era dueña del suelo, pregunta en ese ejercicio al Servicio Provincial de Costas si el terreno está afectado por la Ley de Costas de 1988.

Casi desde que fue nombrado, Antonio Hermosilla tuvo problemas, como la amenaza de moción de censura del otoño de 1996, cuando el concejal del PP Joaquín Túnez Caparrós a punto estuvo de erigirse alcalde, apoyado de forma sorprendente por los concejales del PSOE, con tal de quitarle el Gobierno al GIC.

Hermosilla no perdió en ese momento la alcaldía pero meses después perdería parte de su poder.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía celebró sesión el día 21 de marzo de 1997 para estudiar el expediente del sector R5 del municipio, la Playa de El Algarrobico. Lo hizo “al haber sido solicitado por los interesados”, los promotores del plan urbanístico, que ya no era solo Río Alías sino también Parque Club El Algarrobico. Este último no era un promotor cualquiera. Se había constituido en octubre de 1995 y un tercio de su capital pertenecía a Iniciativas Económicas de Almería, un proyecto en el que participaba la Junta de Andalucía con un 23,6 por ciento a través del Instituto de Fomento de Andalucía (posteriormente denominado Agencia Idea y que fue el vehículo utilizado para canalizar las ayudas de los famosos ERE).

Como el Ayuntamiento no movía ficha, la Junta decidió “subrogarse en la aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación” del proyecto (Boletín Oficial de la Provincia de Almería, 15 de abril de 1997). Es decir, la Junta le quitó competencias al Ayuntamiento de Carboneras por un caso concreto, a petición y en beneficio de los promotores inmobiliarios y de forma fulminante. Muchas prisas teniendo en cuenta que dichos promotores no tenían intención de levantar el hotel, sino que venderían los terrenos a Azata pocos meses después. Con las competencias asumidas, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Almería aprobaba de forma definitiva el Plan Parcial del sector R-5 en junio de 1997.

Precisamente en 1997, Gloria Ruiz, hasta ese momento del PP, permitió la moción de censura que arrebató a Antonio Hermosilla el cetro de alcalde y se lo devolvió a Cristóbal Fernández. Las sombras se multiplicaron sobre las motivaciones de la tránsfuga a causa de unos pagos que su ex marido aseguró que había recibido en el momento de su cambio de chaqueta. La denuncia del ex marido ante los juzgados de Vera se apoyó en una cinta magnetofónica en la que este la habría grabado detallando los pormenores del pacto. No prosperó. La moción de censura, sí.

La consecuencia de la marcha de Hermosilla y la vuelta de Cristóbal Fernández fue que, tan rápido como se las había quitado, la Junta devolvió las competencias urbanísticas al municipio.

Años después, el Constitucional sentenciaría que es contrario a la Constitución quitar las competencias urbanísticas a un municipio, en respuesta al recurso presentado por diputados del PP contra la asunción de competencias en Marbella por la Junta de Andalucía tras estallar la Operación Malaya.

EL DISPUTADO VOTO DEL CONSERJE

Las elecciones municipales del 13 de junio de 1999 se convirtieron de nuevo en una cita extremadamente delicada. Los socialistas de Carboneras, con Cristóbal Fernández a la cabeza, ya sabían que podían perder el poder si la mayoría votaba otras opciones. Ganaron. Recuperaron la mayoría absoluta perdida.

El 19 de julio, El Mundo publicó 'Carboneras: un pucherazo por correspondencia', un artículo en el que se aseguraba que Cristóbal Fernández había obligado al 15 por ciento de sus vecinos a votar por correo. El artículo describía cómo uno de los concejales socialistas, ATS de profesión, había utilizado su contacto con los pensionistas del municipio para hacer que votasen por correo y asegurarse de que en el sobre iba la papeleta del PSOE, mientras que al mismo tiempo el censo crecía con ciudadanos de otros municipios, amigos y familiares del alcalde. Entre los votantes por correo, había además un alto número de trabajadores municipales eventuales a los que se habría intimidado con la posibilidad de perder su puesto de trabajo para que votasen la candidatura de Fernández.

A Antonio Belmonte, conserje del colegio municipal San Antonio, Cristóbal Fernández y su hermana Rosario Fernández le prometieron primero mejoras y después le intimidaron para lograr su voto y el de sus familiares. Se negó. El 7 de diciembre de ese año, Izquierda Unida entregó a la Fiscalía de Almería una denuncia por manipulación de las elecciones.

Cristóbal Fernández y su hermana fueron encontrados culpables de delito electoral por el testimonio del conserje.

Algo que, por supuesto, no fue sentencia firme hasta pasados unos años, en concreto, cuando las obras de un hotel de 20 plantas, 441 habitaciones, a 28 metros de la orilla del mar ya se encontraban en un estado muy avanzado.

INDULTO EXPRÉS

Fue en 2006, un año muy complicado para Cristóbal Fernández. El hotel por el que tanto había hecho era paralizado en febrero por orden del juez Jesús Rivera. En respuesta, la Junta de Andalucía cogía la bandera del derribo en un intento desesperado de no verse salpicada mientras seguía maniobrando a favor del hotel. La Comisión Europea pedía explicaciones sobre el impacto medioambiental de la construcción. Todo empezaba a estar en cuestión.

Y la Sala de lo Penal del Supremo confirmaba la inhabilitación de seis meses por delito electoral y la condena a pagar una multa a Fernández y a su hermana Rosario Fernández, concejal del Ayuntamiento también por el PSOE.

Tras la sentencia del Supremo, Fernández se agarró al sillón. Dijo públicamente que no dejaba el cargo, que no era sentencia firme, que iba a acudir al Constitucional.

En noviembre, cambió de opinión. El día 22 presentó su dimisión. Nueve días después, el consejo de ministros, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, indultó a Cristóbal Fernández y a su hermana Rosario. Nueve días. No hubo comentario al respecto en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. El alcalde había reunido previamente 12.000 firmas, el Ministerio Fiscal se mostró a favor y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, plantó su firma en el BOE.

Cristóbal Fernández había dejado al frente de la alcaldía a Francisco Ruiz Aguado, el teniente de alcalde, propietario por cierto de la empresa proveedora de los aluminios de El Algarrobico, Aluminios Carboneras.

Entre las decisiones de Aguado en sus meses de alcalde antes de las elecciones municipales de 2007 se incluyó nombrar cargo de confianza del Ayuntamiento a Rosario Fernández, la hermana de Cristóbal Fernández inhabilitada por delito electoral e indultada.

Cuando los comicios tuvieron lugar, ambos hermanos volvieron al poder en Carboneras.

Los socialistas habían ganado por mayoría absoluta de nuevo pero tras las elecciones un vecino aseguró que había visto al alcalde en funciones cuando se celebraron las elecciones, Francisco Ruiz Aguado, arrojando a un contenedor de basura cercano al Ayuntamiento una bolsa con resguardos de votos por correo y anotaciones manuscritas que señalaban a posibles ofertas de recompensas a ciudadanos de Carboneras a cambio de su voto. El grupo municipal del PP de Carboneras interpuso denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera. Ruiz Aguado fue primero imputado y luego desimputado al no hallarse indicios de criminalidad claros en sus actos.

Quienes sí permanecieron imputadas fueron la hermana de Cristóbal Fernández, Rosario Fernández, indultada en 2006 por delito electoral, Josefa Ruiz y Josefa Cruz. La primera, según el escrito de calificación provisional, habría contactado con una vecina para indicarle que debía votar al PSOE por correo a cambio de un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora. Josefa Cruz, por su parte, habría presuntamente prometido la licencia para apertura de una terraza al trabajador de un bar del municipio a cambio de su voto por correo.

La vista oral de este juicio se celebró en enero de este año, doce años después de los hechos, tras numerosas dilaciones en el procedimiento, motivadas entre otras causas por la no comparecencia en una de las citaciones de la testigo principal y por una larga instrucción que ha incluido la renuncia del abogado de la acusación particular.

Cristóbal Fernández no se quedó en la oposición tras las elecciones de 2011. Sí lo hizo su sobrino, José Luis Amérigo, hijo de Rosario Fernández y actual líder socialista de Carboneras.

A pesar de los intentos de hablar desde DATADISTA con el partido socialista de Carboneras y su líder actual para la elaboración de Playa Burbuja, desde el PSOE de Almería se mostraron a favor cuando pensaban que se requería su opinión sobre el alcalde que les había sucedido pero, al saber que se trataba de hablar de El Algarrobico, argumentaron una y otra vez que no era posible debido a la falta de tiempo de Amérigo.

En febrero de 2018, el Gobierno socialista de Susana Díaz en la Junta de Andalucía nombraba a Cristóbal Fernández gerente del Grupo de Desarrollo Rural Levante Almeriense.

Sus relaciones con las estructuras socialistas autonómicas y nacionales han sido siempre excelentes con una excepción: Cristina Narbona durante su etapa como ministra de Medio Ambiente en la primera legislatura de Zapatero.

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