Todos los culpables del desastre de Doñana

La mecánica es muy conocida en la zona. Se basa en el arranque sistemático de árboles de zonas forestales para plantar en su lugar fresa en invernadero (luego mora, arándano…) para cuyo riego se han abierto pozos igualmente ilegales, muchos fuera de la vista de los agentes, simulando ser elementos que no son, se han construido balsas, modificado cauces y tendido canalizaciones kilométricas que han ido esquilmando el agua subterránea. Nadie lo paraba. El fruto rojo era (es) altamente rentable. El argumento de la economía y el empleo pesaba por encima de la obligación de proteger Doñana incluso o especialmente para el organismo responsable de la gestión del agua, la CHG.

Los documentos de tercer ciclo de la cuenca, presentados recientemente a Europa, mantienen sorprendentemente parte de esa filosofía. Aunque aboga por revertir la situación a la existente a principios de este siglo, la CHG asegura que cualquier opción de recorte drástico del regadío sería poner en riesgo “una agricultura de alto valor añadido, desarrollada, al menos en una parte, al margen de la planificación, tanto hidrológica como de ordenación del territorio”. Es decir, está reconociendo que es ilegal, pero “principal motor de un conjunto de municipios que suman más de 80.000 habitantes”.

Lo que la CHG pudo hacer antes y no ha hecho

Además de la labor de vigilancia, control y sellado de captaciones irregulares de agua, las confederaciones hidrográficas tienen un potente mecanismo para poner freno al desastre cuando los niveles de los acuíferos bajan de forma continuada, demostrando con ello que el ciclo natural del agua, es decir, el resultado neto de las entradas de agua por las lluvias, filtraciones y drenajes desde masas contiguas menos las salidas por manantiales, ríos o hacia otras masas subterráneas, no logra compensar las extracciones de un acuífero. La ley dice que en ese momento hay que declarar la masa de agua subterránea como sobreexplotada o, como dice la norma actual en un alarde eufemístico, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.

Esa declaración, que debe pasar por el BOE, activa toda una serie de mecanismos que incluyen formar una comunidad de usuarios de la masa de agua y establecer un régimen de extracciones que sea compatible con la recuperación de los acuíferos. No se pueden dar nuevas concesiones sobre un acuífero sobreexplotado.

A pesar de las evidencias durante décadas sobre lo que estaba ocurriendo, la declaración de sobreexplotación del acuífero de Doñana no tuvo lugar hasta el 24 de agosto de 2020, cuando apareció en el BOE, y se aplicó a solo tres de las cinco masas de agua subterránea en que se divide actualmente el acuífero de Doñana: Almonte, Marismas y La Rocina.

A día de hoy, todavía no se ha formado la comunidad de usuarios, a pesar de que algunos de los regantes lo solicitaron hace tiempo en vista de que ya ven que, si la situación de sequía continúa sin una ordenación de las extracciones, se quedarán sin agua para sus cultivos, como ya ha ocurrido en una parte de los mismos este año. Y todo ello a pesar de que España cuenta ya con una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, aún sin sanciones, por no cuidar Doñana y sus hábitats de los efectos de las extracciones tanto de la agricultura como del complejo turístico de Matalascañas. Los agricultores con concesiones regularizadas o en tramitación siguen extrayendo agua sin más restricciones que el propio agotamiento del acuífero, que este año ya han sido importantes, aunque reconocen que la CHG les advirtió hace meses que eso en algún momento va a cambiar. Aún no ha ocurrido.

Desde la CHG afirman que ya se han cerrado 220 pozos ilegales en la Corona Norte de Doñana, la mitad de ellos de forma voluntaria por los agricultores. Está previsto que unos 70 se cierren a lo largo del verano y otros 400 están en proceso de tramitación.

Suelos públicos cedidos, expedientes en cajones, cauces desviados, arranque de árboles, guardas acosados: bienvenidos al salvaje reino de la fresa

Matalagrana: extracción de agua promovida por las Administraciones

Como se ha comentado, el uso de agua subterránea junto a Doñana ha tenido para empezar un importante impulso público. El 23 de febrero de 1996, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), dependiente de la Junta de Andalucía, firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Almonte “para la realización de una experiencia de introducción de Técnicas de Cultivo de Fresa compatible con el Medio Ambiente”. El IARA cedió al Ayuntamiento 45 hectáreas en la finca de Matalagrana que irían creciendo en los siguientes años hasta superar las 200 hectáreas.

La Junta cedía los terrenos al Ayuntamiento, que firmaba convenios con agricultores y empresas agrícolas cediéndoles a su vez las parcelas para el cultivo de fresa, fincas en las que había varios centenares de pozos realizados desde los años setenta pero que habían sido abandonados en su día porque, tras su apertura, ya se comprobó que no había agua suficiente para alimentarlos a todos. Los pozos estaban inscritos en el Registro de Minas y habían sido realizados en los tiempos en los que la ley decía que quien alumbraba un pozo en una tierra de su propiedad era el dueño del agua alumbrada. La ley había ido cambiando pero nadie se había encargado de solicitar la regularización conforme a las nuevas normas. Eran pozos en desuso. Hasta el plan de 1996.

POTAD: la vieja costumbre española de legalizar lo ilegal

España tiene un modo rápido y altamente eficaz de acabar con los regadíos ilegales: legalizarlos. Cambios legales y apaños atados al tiempo transcurrido sin actuar contra lo ilegal han amparado figuras como la del "regadío consolidado" y han permitido regularizar miles de hectáreas incluso junto a ecosistemas tan dañados como Las Tablas de Daimiel, el Mar Menor o Doñana.

En 2003, se aprobaba en Andalucía el Plan de Ordenación del Territorio de Doñana (POTAD). El objetivo era doble: de nuevo, regularizar buena parte de lo ilegal, pero hacerlo a cambio de frenar el robo masivo de agua y el daño a las zonas forestales en el entorno de Doñana. Esto es otro clásico de la política hídrica española. Prometer que esa va a ser la última vez. Para entonces se calculaba que había 2.100 hectáreas de cultivo en monte público regadas por un millar de pozos ilegales en cinco municipios de la comarca El Condado de Huelva (Almonte, Bonares, Rociana del Condado, Moguer y Lucena del Puerto). El POTAD, que entró en vigor en febrero de 2004, declaró zona A la mayor parte del terreno forestal del entorno de Doñana, es decir, prohibía continuar con la práctica de talar los árboles y mucho menos poner cultivos de regadío intensivo en su lugar.

Por otro lado, tener una finca regable no significa tener autorización para usar el agua que se necesita, aunque es un paso previo necesario. Esa pelota que se van pasando las administraciones de uno a otro lado cuando un suelo ni es regable ni tiene concesión de agua para regar alcanza su punto máximo de aberración cuando el desastre ya es evidente y unos acusan a los otros de no cerrar el grifo al regadío ilegal y los otros a los unos de no obligar a revertir a verdadero secano o forestal tierras que se están regando sin ser de regadío.

Efecto llamada al regadío ilegal y la transformación de eucalipto en arándano

A pesar del POTAD, el cultivo del fruto rojo siguió extendiéndose fuera de ordenación en el entorno de Doñana a costa de los árboles y del agua que debía alimentar los acuíferos vitales para el Parque Nacional. No hay cálculos oficiales pero la propia CHG y la Comisión Europea utilizan los realizados por WWF en base a imágenes de satélite por las que concluyeron que el regadío fuera de ordenación añadido tras la aprobación del POTAD ocupa unas 1.600 hectáreas, las que originalmente pretendía regularizar el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en la iniciativa presentada en 2022, antes de la convocatoria anticipada de elecciones, aspiración que ahora asegura haber reducido a la mitad.

Buena parte de esa transformación tuvo lugar en tierras ocupadas por eucaliptos, árboles de ciclo corto, que es precisamente a la que se dirige una parte de la propuesta llevada al Parlamento andaluz por PP y Vox, que pasa a considerar regables los suelos que estuvieron en su día ocupados por esos árboles, reconociendo con ello que los cultivos de fruto rojo en esos terrenos ni son históricos, por más que así lo asegure la propuesta, ni se regaban antes de 2004.

El Gobierno andaluz, en tiempos del PSOE, reconoció esta realidad expresamente, como puede comprobarse en el Informe de Misión del Parlamento Europeo “a raíz de la visita realizada en España al Parque Nacional de Doñana del 19 al 21 de septiembre de 2018”. En el documento se cita al entonces consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía con el PSOE, José Gregorio Fiscal López, que declaró que, “en cuanto a las 3.000 hectáreas de agricultura ilegal, (…) muchas son de cultivo de eucaliptos que en 2004 pagaban un canon agrícola, pero se dedicaban a cultivos forestales y hoy en día están sembradas de arándanos. ¿Son tierras forestales o agrícolas?”, se preguntaba el propio consejero por el hecho de pagar ese canon agrícola aún tratándose de un cultivo considerado forestal. Lo que parece claro es que no eran tierras de regadío porque el eucalipto no se riega.

En la primera década del presente siglo, el riesgo que amenazaba Doñana era más que conocido y ya hacía tiempo que la vista estaba puesta en otro de los clásicos españoles: cuando falta agua, tráela de otra cuenca. Hormigón. Obras. El objetivo: sustituir agua subterránea por agua superficial para el regadío legal. Para ello se había aprobado en 2008 un primer trasvase de 4,99 hm³/año desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras. Esos decimales no son casuales, era la cantidad que rozaba por unas gotas el límite de la que se puede aprobar directamente en Consejo de Ministros sin pasar por el Parlamento nacional para intercambiar agua entre cuencas. La idea hecha pública por las administraciones era llegar hasta cuatro veces esa cantidad. Con recursos nuevos llegando de fuera y la promesa de cuadruplicar la cifra, la apertura de pozos sin respaldo legal no se detuvo, los invernaderos siguieron brotando. En 2010, WWF hacía público que después de aprobarse el POTAD calculaban que se habían sumado otras casi 600 hectáreas ilegales en zonas A.

¿Quién debió actuar entonces ante el incremento de tierras en regadío en el entorno de Doñana después de la aprobación del POTAD? Hay un momento clave en esta historia para ese caos administrativo y competencial que caracteriza a la Cuenca del Guadalquivir: 2007.

Competencias de ida y vuelta y caos de las administraciones

Cuando los agricultores que cultivaban en Matalagrana empezaron a recibir expedientes sancionadores en 2006 por no tener los pozos legalizados, se dirigieron a la administración que los enviaba, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para regularizarlos. La respuesta fue negativa. No por el agua ni por Doñana, sino porque no eran los dueños de la tierra. Quien tenía que solicitar su regularización era la Junta, propietaria de los terrenos, y no lo había hecho. El Ayuntamiento dijo que era un error, el IARA dijo que era un error, ambos tranquilizaron a los agricultores pero la CHG denegó las autorizaciones en 2007. Las denegó pero no clausuró los pozos. Todo parecía un embrollo administrativo que no iba a tener consecuencias. En cualquier caso, la amenaza eran sanciones leves.

Mientras los papeles se mueven en los despachos a cámara lenta en España, eso cuando se mueven, sobre el terreno se sigue extrayendo agua temporada tras temporada sin descanso.

Y los agricultores de Matalagrana tenían todos los indicios para pensar que su situación sería regularizada. “Es imposible sembrar fresas sin agua”, declaró muchos años después uno de aquellos agricultores en el juicio en referencia al convenio firmado con el Ayuntamiento de Almonte, que era para sembrar fresas.

El 19 de marzo de 2007, la Junta de Andalucía aprobó la reforma del Estatuto de Autonomía de la región. En el artículo 51, quedaba establecido que la Comunidad Autónoma de Andalucía "ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio". Andalucía se autoadjudicaba competencias en materia de ordenación de aguas. Estas no serían efectivamente traspasadas hasta el 1 de enero de 2009.

La Junta de Extremadura recurrió ante el Constitucional. Acabaron dándole la razón y las competencias volverían a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es decir, al Estado, pero eso no sería hasta finales de 2011, lo que supuso dos cambios de competencias, uno de ida y otro de vuelta. Y aunque los técnicos en muchos casos siguieron siendo los mismos, misma la sede y los asuntos pendientes, en la maraña de expedientes y denuncias acumuladas todo pareció volver a empezar, en parte por los expedientes que se perdieron por el camino, en parte por los que fueron saliendo de los cajones, en parte por la falta de manos para tramitarlos.

Expedientes en los cajones

Justo antes del nuevo cambio de competencias, la asociación ecologista WWF, harta de ver sus denuncias caer en saco roto, optó por acudir a la Fiscalía de Madrid con su informe sobre la situación en Doñana. En 2011, la Junta de Andalucía, aún con las competencias de agua, empezó a remitir a la Fiscalía de Huelva denuncias específicas, según declararía en su día el Fiscal de Medio Ambiente de Huelva, Alfredo Flores. Las actas de inspección de los agentes medioambientales habían estado metidas en cajas varios años, aseguró Flores en declaraciones a El Mundo.

En 2012, el nuevo presidente de la CHG, a quien ya le habían vuelto las competencias, empezó a recibir “miles de expedientes de la Junta por el tema del agua”, declaró en el juicio de Matalagrana. “Muchos habían prescrito”.

También en 2012 llega a la CHG una petición de informe de la Fiscalía sobre Matalagrana. Una petición similar llega al Ayuntamiento de Almonte, al que se le exige toda la documentación de la finca. Agentes del Seprona (Guardia Civil) comienzan a visitar a los agricultores sobre el terreno para comprobar los pozos y ver si hay contadores. No los hay. Los agricultores colaboran en todo momento, reconocerán los agentes en el juicio. Lo que se encuentran nada tiene que ver con “otras actuaciones realizadas en busca de sondeos en zona forestal y zonas de dominio público”. Los pozos, en este caso, “no están ocultos”, declara otro agente, “ni simulando lo que no son”, como en otras ocasiones.

¿Por qué Matalagrana sí y otros muchos casos flagrantes de irregularidad en la ocupación de terrenos y/o apertura de pozos, no? La denuncia de Matalagrana procede de un agricultor con derechos reconocidos de extracción de agua. En la zona le llaman de todo menos bonito por sus denuncias y porque fue quien acabó vendiendo a muy buen precio a la Administración una de las fincas de mayor extensión y altos derechos de agua. Él mismo declaró a la misión del Parlamento Europeo a Doñana en 2018 que había iniciado denuncias contra el regadío ilegal desde 2005 pero que, ante la presión sufrida, las acabó retirando. Hasta la de Matalagrana. Esa la mantuvo.

El Plan de la Fresa y el riesgo físico de proteger Doñana

En 2014 se aprobó el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, conocido como Plan de la Fresa, concretando lo que había establecido a grandes rasgos el POTAD. El Plan actúa sobre 64.457 hectáreas, de las que consideró regables 9.340 hectáreas, aquellas que llevasen funcionando como terreno agrícola antes de 2004. Las regularizó. El resto de terreno que no cumpliese esos requisitos y figurase como forestal en la Ley de 1992 quedaba al margen de la regularización. Los agricultores propietarios de 1.600 hectáreas sobre terreno forestal que ni tenían derechos de agua ni podían acogerse a la regularización pusieron el grito en el cielo. Pero, por supuesto, siguieron regando.

2014 no es solo esa nueva referencia que pretende tomar el Parlamento andaluz y defiende el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, apoyado por Alberto Núñez Feijóo. En 2014 se inició el procedimiento de infracción contra España de la Comisión Europea, a instancias de una denuncia de WWF, por la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana, incumpliendo las directivas sobre aves y hábitats y la Directiva Marco del Agua, que acabó derivando en una sentencia condenatoria contra España del Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Sobre el terreno, en noviembre de aquel año 2014, tres agentes medioambientales que inspeccionaban el terreno eran agredidos en Lucena del Puerto, una de las zonas con mayor número de explotaciones irregulares, por unas 200 personas procedentes de las explotaciones cercanas convocados por Whatsapp. El 21 de septiembre de 2018, uno de ellos acudía, sorprendentemente en solitario, a inspeccionar pozos en la zona del Puerto de Lucena y era rodeado y retenido entre amenazas por los regantes que, en cuanto detectaron su presencia, regaron de mensajes sus canales de chat y acudieron en masa al punto en el que se encontraba. Lo tuvo que sacar de allí la Guardia Civil después de que lograse llamar al 112. Tuvo que recibir atención médica.

En los documentos de trabajo del plan de tercer ciclo de la CHG, en la ficha del Esquema de Temas Importantes (ETI) dedicada a Doñana aparece, entre mapas de isopiezas y explicaciones técnicas de formación de conos de depresión piezométrica, algo mucho más humano: una llamada casi de auxilio a los riesgos de vigilar el Parque Nacional. Y no es la primera vez que aparece en los documentos de la CHG un párrafo similar alertando de “la crisis en la gobernanza que se produce en la zona, con crecientes dificultades por parte del personal de la Confederación Hidrográfica para ejercer sus funciones de vigilancia y guardería y que ha provocado situaciones de acoso como la que tuvo lugar en septiembre de 2018”.

Luchar contra ese regadío irregular no ha sido fácil. Para empezar porque no se han puesto los medios suficientes y actuar sobre el terreno se convirtió en una actividad de alto riesgo.

LAS MENTIRAS DE LA PROPUESTA DE PP Y VOX

Dice la propuesta de ley del Parlamento de Andalucía, cuya puesta en consideración ha sido aprobada esta pasada semana, que “resulta llamativo que se tomara como fecha de efectos 2004” para regularizar el regadío junto a Doñana, cuando el Plan de la Fresa “no se publicó en BOJA hasta el 30 de diciembre de 2014, es decir, más de diez años después”. Esa fecha de “2014, es la que en buena lógica de técnica legislativa debería haber sido la propuesta”. Lo que está pidiendo es que se den por buenos los nuevos regadíos irregulares que siguieron creciendo cuando ya era evidente el daño a Doñana, que había motivado la aprobación del POTAD y derivaría en la apertura de expediente de Europa.

La proposición de Ley de PP y Vox en Andalucía se dirige a esos agricultores que en 2004 y a pesar del POTAD siguieron arrancando árboles para plantar fruto rojo. Cuando la propuesta dice que “el Plan especial vino a dotar y regularizar jurídicamente una parte concreta de la actividad agrícola” pero que “no dio respuesta a todos los problemas” porque “muchas hectáreas que tradicionalmente eran objeto de cultivos en regadío pasaron por la Administración autonómica a considerarse no aptas para el mismo”, en ese “tradicionalmente” lo que se está contemplando es regularizar a agricultores que pusieron en riego terreno no regable con posterioridad a 2004.

La propuesta argumenta su legitimidad, a pesar de la situación de Doñana y de la procedencia irregular de los cultivos que pretende regularizar, en que, “al igual que en un momento se entendió que era adecuado fijar la fecha en el año 2004, con el devenir de los tiempos y casi veinte años después, la sociedad andaluza, representada por sus legítimos dirigentes, puede considerar adecuado que se aplique otro criterio temporal”. Veinte años después en los que, si algo ha cambiado además del color del Gobierno autonómico, es que la situación del acuífero de Doñana ha empeorado, que pesa una sentencia contra España y que la falta de lluvias exacerbada por el cambio climático amenaza con empeorar la situación.

La propuesta de PP y Vox se arroga además una competencia que no le pertenece, como ya ocurrió hace más de una década por parte de la Junta, pero esta vez por la puerta de atrás: el agua.

Por otra parte, la presentación de este cambio legislativo mediante una proposición de ley por la vía de urgencia en lugar de un proyecto de ley implica que no se requieran informes técnicos y la participación pública. Estos mecanismos legislativos actúan como filtros que ayudan a garantizar la calidad de la norma y que se tome en cuenta a expertos en la materia.

Declarar suelos regables con agua superficial y dejarlos seguir regando con agua del acuífero de Doñana

A sabiendas de que no puede dar concesiones de agua, lo que hace la proposición del Parlamento andaluz es indicar las que se tienen que dar a esos terrenos al identificarlos como “suelos regables con aguas superficiales”. Es un modo de decir que no están incrementando el daño al acuífero a pesar de tener que reconocer que ese cambio de ordenación “no confiere de forma automática el derecho al uso del agua superficial”, algo que solo puede hacer “la Administración hidráulica correspondiente”, es decir, la CHG.

Pero no hay agua superficial para sustituir la que riega el fruto rojo en Doñana. Ni la legal ni la que no lo es. El Congreso de los Diputados aprobó a finales de 2018 mandar más agua de otras cuencas para sustituir por agua superficial las extracciones de los pueblos del Condado de Huelva que esquilmaban el acuífero Almonte-Marismas. Una transferencia de 19,99 hm³ desde la demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, que incluía los 4,99 hm³ aprobados en consejo de ministros en 2008.

Las obras para hacer llegar esa cantidad de agua se declararon de Interés General del Estado. Aún no se han realizado.

En 2022, el Gobierno aprobó la declaración ambiental para ampliar el túnel de San Silvestre, infraestructura clave para la transferencia. A finales del año pasado, la CHG sacó a licitación un estudio (presupuesto de licitación de 177.870 euros) “para analizar todas las opciones posibles para que puedan llegar los casi 20hm³”. Es en ese retraso en el que ha arraigado la posibilidad de meter más tierras que puedan optar a esa agua, pretendiendo equiparar los cultivos previos a 2004 y con concesión de agua regularizada con los que crecieron después del POTAD sin base en el plano ni concesión de agua legal. La pelota se lanza inmediatamente después al tejado del Gobierno central: “Sin el concurso del Estado y de la CHG no será posible que el agua superficial llegue a estos pueblos”. Y es “competencia y responsabilidad exclusiva del Estado posibilitar el cese de los sondeos, la eliminación de las captaciones y la llegada de agua superficial”.

Pero la realidad es que, incluso el agua prevista, no es suficiente para sustituir las extracciones de agua subterránea del acuífero de Doñana del cultivo con concesión de agua. Según explicó a DATADISTA Manuel Delgado, portavoz de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que engloba unas 4.200 hectáreas de regadío (el 52% de las que regularizó el Plan de la Fresa de 2014) “de los 19,99 hm³ previstos, ya hay adjudicados 7hm³ y quedan disponibles 13. Con 13hm³ se riegan escasamente de 2.000 a 2.500 hectáreas. No se riega más. Y aquí en la zona tenemos 4.200 hectáreas. Si se siguen adjudicando recursos en la zona norte (donde se encuentra la mayor parte del regadío fuera de ordenación), al corazón de Doñana no va a llegar nunca el agua”.

Y la otra realidad es que con la proposición de Ley del Parlamento andaluz y la expectativa de recibir agua legal ya creada, se está dando por bueno que hasta que llegue el trasvase se va a mantener la situación de ilegalidad de las extracciones de agua en los terrenos que ahora se quieren convertir a regables.

Otra de las debilidades de la proposición es que, a pesar de que la cuenca del Tinto, Odiel, Piedras siempre se ha considerado una cuenca excedentaria de agua, como señala el texto, la sequía hizo activar el año pasado el Plan de Sequía de la demarcación debido a la situación de los pantanos y pozos de abastecimiento de la provincia de Huelva más cercanos a Doñana. El recorte de agua para los agricultores se situó entre un 15% y 25% en el actual año hidrológico. La sequía se extiende por buena parte de España y hablar de cuencas excedentarias cada vez tiene menos soporte en la realidad.

Dentro de los frutos rojos y en concreto en el caso de la fresa, la cantidad de agua necesaria para la produción agrícola está estimada en 4.500 m³ por hectárea. Los agricultores de la Corona Norte de Doñana consideran que con menos agua no se puede producir. Por tanto, un recorte de un 25% de agua significa tener que dejar en barbecho una extensión de terreno equivalente.

Qué le pasa a Doñana