Una investigación de DATADISTA para la Fundación Global Nature elabora el mapa interactivo contemporáneo más completo hasta la fecha y demuestra que, 34 años después de que la ley obligase a la elaboración de un inventario nacional de humedales como única vía para protegerlos, la desidia de muchas CCAA y del propio Ejecutivo central ha hecho que en el catálogo nacional figuren como mucho 2 de cada 10 y haya proliferado el fraude y los errores de información y registro.
España no sabe los humedales que tiene, no conoce su extensión ni su estado. No tiene actualizada la cartografía de los que tiene inventariados, no ha definido los que son públicos, ni inscrito en el Registro todos los que ya reconoce como tales. Con estos mimbres, no se dan las condiciones previas que se fijaron por ley para proteger esta red de paraísos ecosistémicos en los que hacen parada en sus largas migraciones, se reproducen y refugian aves, se concentran insectos y nace todo tipo flora, generando una pirámide de biodiversidad de inmenso valor en la era del cambio climático.
Este país tiene humedales de numerosos orígenes y características. Los hay en las montañas, procedentes de glaciares de tiempos remotos; en medio de inmensas planicies áridas, surgidos de acuíferos que revientan en superficie; se crean por acumulación del agua de ríos en llanuras arcillosas y por erosión y colapso de suelos kársticos debido al efecto del agua subterránea; los hay que surgen estacionalmente en cubetas receptoras de agua de lluvia, algunos de ellos sobre suelos hipersalinos que dejan una costra blanca de aspecto apocalíptico cuando el verano seca la cubeta; los hay punteando toda la costa… Por acción y omisión, ese tesoro lleva décadas en proceso de desaparición.
Si se mira al pasado, desde los tiempos de Isabel II (Ley de Aguas de 1866) y más tarde con la llamada Ley Cambó (Ley de desecación de lagunas, marismas y terrenos pantanosos de 1918) la norma fue perseguir, desecar, exterminar los humedales. La salud fue la razón esgrimida y la coartada (se les atribuían enfermedades como el paludismo), aunque esta política destructiva llevaba otra causa casi siempre adherida: labrar tierras que se consideraban altamente fértiles y hasta entonces improductivas. Los proyectos de desecación se financiaron con dinero público y se apoyaron legalmente los procesos desde aquellas primeras leyes pero los grandes proyectos no lograban sus objetivos. Lo peor estaba por llegar.
La que Casado de Otaola y Montes del Olmo, en su Guía de los lagos y humedales de España (1995), llaman “época negra para los humedales”, tuvo lugar a mediados del siglo pasado. Fue la dictadura franquista y su Ley de Colonización, junto a la llegada de maquinaria y tecnología capaces de acometer las grandes obras de drenaje y desecación, la que hizo posible lo que técnicamente antes no lo había sido y sentenció miles de hectáreas de zonas húmedas, incluidos algunos de los humedales más valiosos.
La paradoja máxima fue la creación de pueblos nuevos sobre terrenos de humedales desecados y su población con personas procedentes de pueblos que habían sido hundidos bajo el agua de pantanos.
En esa época se desecaron miles de hectáreas de las que llegaron a ocupar Doñana o Las Tablas de Daimiel, pero esa es solo la foto más conocida. A la sombra de la fama de las principales joyas de este país otros humedales de enorme valor desaparecieron en aquellos años, como la laguna de Antela (Orense), que fue zona de cría del ánsar común y donde incluso aparecían de forma regular cisnes procedentes de tierras europeas; Mar de Campos (Palencia), que se logró desecar en los años sesenta acabando con la lucha de siglos de los habitantes de las Cinco Villas en defensa del humedal y del pasto de su ganado; o la Janda (Cádiz). Y aún menos conocidos que estos tres, decenas de zonas húmedas sucumbieron en ese periodo.
Mueve la flecha para ver el antes y el después
Tras una lenta evolución de la conciencia social y gubernamental en favor de las zonas húmedas, alentada por el ecologismo y el reconocimiento exterior de lo que parecía no valorarse aquí dentro, empezaron a declararse los primeros parque nacionales en torno a humedales ya en la dictadura.
Y hace 34 años, en 1989, España se comprometió en el BOE a elaborar un inventario nacional de sus humedales para conocerlos, delimitarlos geográficamente y estudiar su estado. Era un primer paso ineludible para protegerlos de forma general. Las comunidades autónomas debían elaborar los catálogos en los territorios de su competencia y aportarlos al Gobierno central, para que las confederaciones hidrográficas se encargasen de elaborar los planes de protección. (Ley 4/1989 -modificada por la ley 42/2007- de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, artículo 25).
34 años después, el catálogo nacional recoge como mucho dos de cada 10 humedales existentes, si se tienen en cuenta los reconocidos en inventarios autonómicos no aportados al catálogo nacional, los que figuran en otro tipo de inventarios oficiales presentes y en catálogos del pasado reciente y los que han aparecido de forma más o menos oficiosa en diversas informaciones. Es lo que desvela la investigación realizada por DATADISTA para Fundación Global Nature (FGN), que ha permitido elaborar el mapa interactivo contemporáneo más actualizado de las zonas húmedas de España.
El fallo está ya en el primer eslabón. Tan solo 9 CCAA han aportado sus datos al Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH). Otras 5 cuentan con su catálogo pero no se lo han facilitado al Gobierno. Tres, ni siquiera cuentan con inventario.
MAPA INTERACTIVO: Conoce los humedales catalogados en España
Este mapa interactivo muestra los humedales catalogados en España con datos del Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH), catálogos autonómicos no incluidos aún en el inventario nacional, puntos de la Base Documental de los Humedales Españoles (BDHE) de 2006 y humedales inscritos en Ramsar. Extremadura, Cantabria y Canarias no han proporcionado cartografía de sus catálogos provisionales, pero sí tienen puntos en la BDHE y en Ramsar.
Con datos hasta enero de 2023, el inventario nacional está compuesto por un total de 871 conjuntos de humedales repartidos en 1.352 puntos. De estos, solo el 12,9% puede considerarse en buen estado de conservación, atendiendo a "la calidad del hábitat que precisan sus poblaciones de aves". Casi el 50% se encuentra en situación de conservación desfavorable o ha desaparecido.
Existen además otros 4.415 puntos de zonas húmedas no incluidos en el inventario nacional pero sí en los de las cinco Comunidades Autónomas con inventario propio no aportado al nacional. Y finalmente Extremadura, Canarias y Cantabria, que no disponen a estas alturas de un inventario oficial ni siquiera autonómico, han declarado a través de notas de prensa o jornadas sectoriales en los últimos años que disponen en conjunto de un total de 402 posibles humedales.
Esta dejadez se da incluso a pesar de que en algunas de estas CCAA existen humedales incluidos en convenios internacionales que les confieren en teoría el máximo valor y protección, como es el convenio Ramsar. Es el caso del Embalse de Orellana y el Complejo lagunar de La Albuera, en Extremadura; las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, en Cantabria; y el Saladar de Jandía o Playa del Matorral en Canarias.
Las CCAA tienen que actualizar periódicamente la información sobre sus humedales incluidos en Ramsar. Según el Plan Estratégico de Humedales 2030 del Ministerio de Transición Ecológica, de los 76 lugares inscritos en la lista, 66 tienen información obsoleta, es decir, el 86%.
El Plan Estratégico de Humedales 2030 detalla otras carencias que suponen un problema a la hora de conocer y por tanto proteger los humedales: deficiencias en la cartografía (desactualizada o a veces inexistente); falta de información precisa de los humedales que son públicos; retraso en los procesos de deslinde, como primer paso para que pasen a formar parte del Dominio Público; la no inscripción en el Registro de los ya deslindados para que ese paso al dominio público sea oficial… Todo ello guarda una estrecha relación con que no hay suficiente (cuando hay) coordinación entre administraciones con diferentes competencias.
LAS GRANDES AMENAZAS DE ESTE SIGLO
España pertenece desde 1982 al Convenio relativo a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, o Convenio Ramsar, siendo el tercer país por número de humedales incluidos; y es miembro fundador de la Iniciativa para los Humedales Mediterráneos (MedWet). Todo ello y las numerosas figuras de protección otorgadas a los humedales no han impedido que a este país le hayan abierto expedientes, dictado sentencias condenatorias (Doñana) y haya visto sus zonas húmedas incluidas en listas negras como el Registro de Montreaux del Convenio Ramsar (Doñana, Las Tablas de Daimiel).
Cambios en el uso del suelo y sobreexplotación del agua de la que dependen los humedales por la agricultura, especialmente intensiva, ocupación fraudulenta para cultivo de superficie que pertenece a humedales por la que se estarían incluso cobrando ayudas de la PAC, infraestructuras eléctricas mal planificadas, turismo masivo, contaminación, especies invasoras… El Plan Estratégico de Humedales 2030 que aprobó este año el Ministerio de Transición Ecológica es un rosario de amenazas para las zonas húmedas del país, empezando como se ha dicho, por la deficiente evolución del inventario nacional “a pesar del tiempo transcurrido desde su inicio”, señala el texto del Plan.
El Plan anterior, de 1999, estuvo como este cargado de buenos propósitos que chocaron, entre otros obstáculos, con “la notoria falta de recursos públicos, tanto de carácter financiero como humano, circunstancia que además, no parece haber mejorado con el tiempo”, añade.
Consecuencias del modelo agrario intensivo
“En España, el grueso de las presiones que más pérdida y degradación de humedales provocan se originan esencialmente en el sector agrario (agricultura y ganadería) y el de la gestión del agua”, explica el Plan 2030. El sector agrícola está implicado en los cambios en el uso del suelo, la extracción excesiva de agua subterránea y en su contaminación, especialmente con los nitratos procedentes de los fertilizantes y los purines.
Las extracciones masivas de agua para la agricultura, especialmente tras la puesta masiva en riego de un cultivo de secano como el viñedo, que se sumó a las grandes extensiones de maíz o remolacha, están tras el daño a las Tablas de Daimiel. Este enclave, teóricamente blindado por las máximas figuras de protección, está prácticamente seco en este año en que cumple medio siglo como Parque Nacional. Las escasas hectáreas que permanecen encharcadas lo están gracias al agua que reciben de forma artificial con la única intención de evitar un incendio subterráneo de la turbera como el ocurrido en 2009.
La transformación de suelo forestal para el cultivo de fruto rojo y la permisividad con las prácticas ilegales de cambio de uso de suelo y apertura de pozos junto a Doñana están tras el daño a este otro Parque Nacional, igualmente dotado de numerosas figuras legales de protección. Al daño por las extracciones agrícolas del acuífero que afecta al Parque se suma la extracción de agua para el complejo turístico de Matalascañas. Este verano se secaba por segundo año consecutivo la laguna de Santa Olalla, teóricamente permanente y que se ha secado en dos ejercicios consecutivos por primera vez en la historia.
El cultivo intensivo en el Campo de Cartagena, con sucesivos ciclos cada vez más numerosos y a favor de pendiente junto a la extracción y desalación de agua de un acuífero contaminado por los fertilizantes para regadío, proceso cuyos vertidos altamente cargados con nitratos se enviaban directamente a la laguna, son la principal causa tras el desastre del Mar Menor.
Junto a estos daños más conocidos, el Plan 2030 reconoce la existencia de prácticas consistentes en que, “durante el periodo estival, se laborean las orillas y los lechos lagunares secos de pequeños humedales temporales, identificados en el SIGPAC como superficie no agrícola, pero integrados en parcelas mayores dedicadas al cultivo de secano. Tras dicho laboreo, los titulares de esos terrenos solicitan la incorporación de la nueva zona labrada al resto de la parcela que la engloba. El SIGPAC realiza la correspondiente comprobación mediante fotointerpretación, por lo que si la imagen ha sido tomada en verano resulta muy probable que se detecte una zona seca que ha sido labrada. En consecuencia, se modifica el uso anterior pasando a constituirse como tierra arable”.
Esa superficie modificada de forma fraudulenta, reconoce el Plan, cobra incluso ayudas de la PAC, “por lo que incluso se subvenciona su explotación agraria con fondos financieros europeos y se obtiene el derecho a labrar sobre una laguna temporal que era un hábitat natural amenazado”. Es algo que además, según el Plan, sucede “a menudo”.
El origen del problema se ve en la propia solución que se plantea para el mismo: que “el SIGPAC incorpore una cartografía adecuada de humedales (capa de humedales y turberas), lo que contribuirá a evitar transformaciones de humedales (…) a tierras agrarias que puedan incluso optar a percibir financiación”.
Turismo desbocado
En el año 2016, el color característico de la Laguna Negra de Urbión, una masa de agua permanente de origen glaciar situada en la provincia de Soria, se fue tiñendo de verde como prueba del proceso de eutrofización de este humedal de montaña. Dice el Plan Básico de Gestión y Conservación de 2020 del Espacio Red Natura 2000 Sierras de Urbión y Cebollera que entre las principales amenazas está la afluencia de un gran número de visitantes. La Casa del Parque de la Laguna Negra recibe en torno a 45.000 visitantes al año.
El turismo y el ocio se han convertido en otra fuente de problemas para los humedales. La historia del humedal madrileño de Peñalara es otra prueba de ello aunque en este caso pueda tener un final feliz.
Antes de ser declarado Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara en 1990, este conjunto de humedales (242 charcas y lagunas naturales inventariadas, entre las que destaca la laguna Grande de Peñalara, pero también la de Pájaros y la de Claveles) se vio seriamente amenazado por intereses sobre todo turísticos. La llegada del tren a Cotos y la construcción de la Estación de Esquí de Valcotos, iniciada en 1969, así como la clasificación de Peñalara como Centro de Interés Turístico Nacional, pusieron en alto riesgo la zona. A la actividad del esquí se unían las consecuencias de las visitas de los excursionistas con escasa conciencia cívica, así como eventos como la travesía a nado de la laguna el primer domingo de agosto de cada año, una actividad que congregaba hasta a 3.000 personas y que los propios organizadores decidieron suspender en 1997, tras 70 años celebrándose, ante los evidentes daños que se provocaban.
La declaración de Parque Natural y su inclusión en el Catálogo de Humedales de la Comunidad de Madrid en 1991 conllevaron medidas como la prohibición del baño y en la laguna de Peñalara y acampada en todo el Parque. Especialmente importante fue la expropiación de la Finca de Valcotos a finales de 1998 por la Comunidad de Madrid, el desmantelamiento de la estación de esquí, la recuperación del drenaje natural y de especies autóctonas de vegetación.
Modelos energéticos y presas de embalse
Las “numerosísimas acciones de recrecimiento y excavación de cubetas” para “elevar su nivel y alcanzar cotas de aprovechamiento hidroeléctrico, aumentar su capacidad de embalse para su uso como balsas de almacenamiento de agua o facilitar los aprovechamientos de pesca” se citan también en el Plan 2030 entre las acciones que mayores daños han producido en los humedales.
Las nuevas apuestas energéticas también están teniendo sus efectos perniciosos. “Se están realizando desarrollos energéticos que están afectando a determinados tipos de humedales”, recoge el Plan, como “la instalación de parques eólicos en áreas turbosas de zonas de montaña sobre la que tienen graves impactos, tanto por la propia ocupación del terreno, como por las alteraciones que provocan en el funcionamiento del ecosistema”.
Humedales restaurados: si hay agua, las aves vuelven
En 1852, que ya ha llovido, Pascual Madoz escribía en su Diccionario Histórico-Estadístico-Geográfico de España sobre la Laguna de la Nava: "Produce ricos y abundantes pastos donde se mantienen todos los años más de 20.000 cabezas de ganado lanar, vacuno, mular y caballar: siendo fama en el país que en tiempo de los condes de Castilla se criaban en ella hermosos y valientes potros, con que aquellos remontaban la caballería de su ejército. Sirve también de asilo, y particularmente en invierno, a infinidad de especies de aves acuáticas y de formas variadas, entre las que se ven gansos de tres clases, patos de otras tantas, zarcetas, búhos cuyo graznido se parece al mugido de los toros, vencejos de agua, zarapicos y otras aves sumamente vistosas y desconocidas en los demás del país”.
La Laguna de la Nava, en Palencia, la masa de agua mayor de un conjunto de enorme extensión conocido como Mar de Campos, era nada menos que eso: un humedal cuyas aguas llegaron a ocupar 5.000 hectáreas, que suponía un gran refugio para multitud de aves y una rica zona de pasto para el ganado de los lugareños incluso en los meses del año más cálidos. Pese a su valor, no solo ecológico, que es algo que no hace tanto que se tiene en cuenta, sino económico, hubo un largo empeño por secarla que se remonta a los Reyes Católicos, vivió un nuevo intento con Felipe II, lo intentó a principios del siglo XX la empresa Canal de Castilla, se puso como objetivo acabar con ella la Segunda República y logró finalmente hacerla desaparecer la dictadura franquista en los años sesenta del siglo pasado.
Décadas de luchas de las gentes de las Cinco Villas (Grijota, Villaumbrales, Becerril de Campos, Mazariegos y Villamartín), que se negaban a la desecación tumbando incluso las obras que se levantaban para desviar el agua, sucumbieron a la llegada de la maquinaria capaz de desviar el cauce y drenar uno de los principales humedales del país, no solo por su extensión, sino por su ubicación inesperada. Donde antes había agua, los planes de Colonización del Franquismo dejaron tierra e instalaron incluso un pueblo, que habitaron con gentes forzadas a abandonar sus casas históricas, que paradójicamente habían quedado sepultadas bajo las aguas del embalse de Buendía, creado para alimentar el trasvase Tajo-Segura; de Utrero, en León, sobre el que se había creado el pantano del Porma; o de Riaño (Zamora).
La vuelta de las aves
En los años noventa, un grupo de personas encabezadas por el naturalista Fernando Jubete, se propuso anular parte del desvío de aguas que había secado la laguna para demostrar que, si se recuperaba aunque fuese una mínima parte de lo que fue el humedal, las aves volverían. El 15 de marzo de 1990, las aguas del río Retortillo inundaron unas 60 hectáreas, un charco mínimo frente a las 5.000 hectáreas que había llegado a ocupar el Mar de Campos, 2.000 en el momento de su desecación. Y las aves volvieron.
“Las obras realizadas en esta primera intervención fueron bastante sencillas, y básicamente trataron de anular los desagües de la red de canales y acequias existentes, precisamente con el fin contrario de evacuar el agua e impedir la excesiva inundación de los pastos. A los pocos días de contar con agua, La Nava se llenó de aves. Grupos de ánsares procedentes de Doñana volvieron a recalar aquí en su migración prenupcial, junto a otras especies viajeras como agujas, archibebes, correlimos y fumareles, entre otras. Para celebrar este evento una pareja de agujas colinegras (Limosa limosa) decidió sacar adelante su pollada, siendo esta la tercera cita conocida para la Península Ibérica”, escribió Jubete en un artículo en la Revista Ecosistemas en 2004. Nacía la iniciativa Hábitat, origen de la actual Fundación Global Nature.
Pocos meses después de la primera prueba, se presentó el proyecto Restauración del humedal de la laguna de la Nava (Mar de Campos). Al año siguiente fue aprobado por la Unión Europea, que financió el 50% de lo presupuesto. La Junta de Castilla y León se ha encargado desde entonces de la financiación del resto, así como de las grandes obras hidráulicas que han sido necesarias para devolver parte del agua que se desvió tres décadas antes, hasta alcanzar las actuales 450 hectáreas. El proyecto, gestionado por FGN, se limita a lo que en tiempos del Mar de Campos era una zona de inundación solo en los años más húmedas, la denominada de Corralillos, porque la recuperación total se considera prácticamente inviable, teniendo en cuenta además que incluiría volver a sacar de sus hogares a los habitantes del pueblo creado sobre la antigua zona húmeda.
El humedal, alimentado ahora de forma artificial, está incluido en la lista Ramsar desde el 24 de octubre de 2002 y “constituye uno de los mejores ejemplos de restauración de antiguos humedales en España”, explican en la documentación del propio Convenio Ramsar.
METODOLOGÍA
Este trabajo de investigación ha sido elaborado siguiendo exclusivamente criterios periodísticos. Los datos utilizados han sido obtenidos de fuentes oficiales y de datos públicos abiertos siguiendo un proceso de homogeneización siempre que ha sido posible para hacer comparable la información.
Este trabajo se ha complementado con el acceso a otras fuentes oficiales como datos públicos abiertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Ministerio para la Transición Ecológica, Información de las comunidades autónomas y los portales de datos de las respectivas confederaciones hidrográficas.
Se han realizado peticiones de acceso a información pública al Ministerio para la Transición Ecológica y a diferentes comunidades autónomas utilizando la Ley de Acceso a Información Medioambiental.