Las eléctricas se comprometieron a llevar proyectos industriales a las zonas afectadas.
2 de noviembre de 2025
Hay dos fechas clave en el último tramo del final del carbón en España: 2010 y 2018.
En el año 2018, la quema de carbón en España aportó el 14,4% de la electricidad generada pero fue responsable del 55,4% de las emisiones de CO2 equivalente del sector de generación eléctrica. Fue un año clave para el carbón en este país. Era el último que Europa permitía que siguieran abiertas las minas de carbón que no fuesen competitivas. Y el año que terminó con nueve solicitudes de cierre de las 15 centrales térmicas de carbón que tenían en funcionamiento las eléctricas en España encima de la mesa de un Gobierno nuevo, encabezado por Pedro Sánchez. El anterior, liderado por Mariano Rajoy, había mantenido un duro pulso contra varias peticiones de cierre, fundamentalmente las de las centrales de Lada y Velilla, ambas de Iberdrola, que se habían quedado sin conceder.
En el caso de las primeras, el aviso venía de lejos. Europa había puesto en 2010 fecha límite a las minas de carbón no rentables, que debían cerrar antes de que terminase 2018 pero para entonces los planes de reestructuración del sector llevaban décadas queriendo librar a las arcas públicas de los países productores del coste de sostener carbones no competitivos, poco caloríficos o ambas cosas.
España llevaba desde los años 70 con programas de ayuda al sector minero pero hay dos etapas con objetivos totalmente diferentes por no decir opuestos. Mientras las ayudas tanto en los años 70, aún en dictadura, como en los noventa, ya avanzada la democracia, tenían la intención de fomentar la producción de carbón nacional, con especial interés en los momentos de encarecimiento del petróleo, desde finales de los noventa la intención es otra.
Porque mientras los primeros eran compensaciones a empresas mineras para suplir la diferencia de precio con el carbón internacional o ayudas en forma de pagos a las empresas eléctricas a cambio de que comprasen carbón nacional para alimentar sus centrales, desde mediados de los noventa las ayudas se permitieron a cambio de recortes drásticos en la producción y, por tanto, en las plantillas y se destinaron a prejubilaciones y jubilaciones pero también a reestructurar las comarcas mineras, a generar un nuevo tejido industrial para suplir la actividad que desaparecía con la mina de modo que absorbiese su fuerza laboral.
Después de un plan minero tras otro, que hicieron que el empleo directo del sector pasase de 45.212 personas en 1990 a 1.700 a comienzos de 2018, el último plan, el del cierre definitivo, se tuvo que armar con prisas y con parte de los compromisos del anterior sin cumplir. En 2018, tras la moción de censura al Gobierno de Rajoy y la llegada del primer Ejecutivo socialista encabezado por Pedro Sánchez, este se vio con tan solo tres meses de plazo para armar un plan de apoyo al cierre de la minería al que Europa obligaba ese mismo año. En octubre de 2018 se firmó el "Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027".
Fuente: Instituto para la Transición Justa
EL CIERRE DE LAS TÉRMICAS
Si la decisión de poner fecha de caducidad a las minas de carbón no rentables se había tomado en 2010, ese mismo año se había aprobado la Directiva de Emisiones Industriales que obligaba a las eléctricas a invertir en equipos de desulfuración y desnitrificación de los gases emitidos por las centrales térmicas de carbón o cerrar antes del 30 de junio de 2020. Pero el inminente cambio en el sistema de compra de derechos de CO2 con la intención de favorecer su encarecimiento y el abaratamiento del gas, disuadieron a las eléctricas de realizar las inversiones obligadas en la mayoría de los casos.
Entre las excepciones, dos de las mayores centrales de España, ambas de Endesa, antigua empresa pública pero desde 2009 propiedad de la italiana Enel: la central de As Pontes, en A Coruña, y Litoral, en el municipio almeriense de Carboneras.
En 2019, el precio de los derechos de emisión de CO2 inicia una fuerte escalada tal y como había previsto el cambio de sistema de la Unión Europea. La fluctuación también permite la especulación y afecta la planificación a largo plazo de las empresas. El 27 de diciembre de ese año, Endesa presenta la solicitud de cierre también de las centrales de As Pontes y Litoral. Lo hace a pesar de haber invertido cerca de 500 millones en los equipos de desulfuración y desnitrificación entre ambas centrales, de haber llevado a decenas de técnicos a las centrales para su instalación y de los anuncios de estabilidad hasta 2035.
La buena noticia que pone a España en primera línea en el avance de la descarbonización pilla con el pie cambiado a las poblaciones que creyeron que tenían prórroga. Algunos colectivos se ven especialmente afectados, como es el caso de los transportistas de carbón de As Pontes, un centenar de camiones que entre 2017 y 2018 habían acometido, muchos de ellos a crédito, fuertes inversiones para hacer los vehículos menos contaminantes.
TRANSICIÓN JUSTA
Entre 2020 y 2021, el Gobierno logra sumar a sindicatos y a todas las empresas eléctricas propietarias de centrales térmicas a un Acuerdo de Transición Justa por el que se comprometen a facilitar la prejubilación o recolocación de los trabajadores directos afectados por el cierre y facilitar la formación y búsqueda de empleo de los indirectos.
Sin embargo, la gran esperanza está en la promesa de llevar proyectos industriales a los municipios afectados por el cierre de las centrales con una dimensión suficiente para compensar el empleo perdido. Mientras, el Gobierno aporta a través del Instituto de Transición Justa apoyo a proyectos empresariales más pequeños y a obras de mejora de las infraestructuras municipales, y entrega a las CCAA el reparto de los cientos de millones procedentes del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.
Por otro lado, se incentiva que los municipios afectados por cierres puntúen favorablemente en los concursos para obtener fondos para futuros desarrollos energéticos como el hidrógeno verde, en el que por un tiempo parece haber puesto sus ojos todo el mundo.
En poco tiempo se suceden los anuncios, las fotos, llegan inversores a As Pontes (A Coruña), a Langreo (Asturias), a Andorra (Teruel); empresas de Almería se interesan por participar en los concursos. Y llegan los Convenios de Transición Justa. Una ruta clara, con objetivos definidos, proyectos concretos que constituyen la hoja de ruta para transitar desde una economía basada en el carbón a una desconectada de él.
CONVENIOS DE TRANSICIÓN JUSTA
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que aprobó España en mayo de 2021, incluyó en su Título VI las Medidas de Transición Justa, una estrategia que debía ser revisada cada cinco años y en la que se incluyeron los Convenios de Transición Justa.
Su objetivo: "Fomentar la actividad económica y su modernización, así como la empleabilidad de trabajadores vulnerables y colectivos en riesgo de exclusión en la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono, en particular, en casos de cierre o reconversión de instalaciones".
Estos convenios debían evaluar la vulnerabilidad de las zonas donde se producían los cierres e incluir compromisos de las partes participantes. Y algo que en principio parecía una garantía: "un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento".
El 27 de diciembre de 2019, Endesa solicita el cierre de las centrales de Litoral (Carboneras, Almería) y As Pontes (A Coruña), en contra de todo lo anunciado en los años previos y las inversiones acometidas en ambas, que ponían el horizonte de cierre en 2035.
Según el Convenio de Transición Justa de As Pontes, el cierre de la central tuvo un impacto en el empleo de 527 trabajadores: 197 directos y 330 indirectos, de los que 75 empleos se refieren al colectivo de transportistas. El fin de la central afectó a la actividad de 14 municipios.
Según se recoge en el convenio, "el acuerdo de cierre de centrales térmicas insta a las empresas que cierran a realizar nuevas inversiones en la zona".
En el caso de la zona afectada por el cierre de As Pontes, Endesa incluyó en el convenio la instalación de 1.300 MW de energía eólica, el desarrollo de un centro logístico y el desarrollo de un nuevo centro de recuperación de aerogeneradores.
Pero la atención se centró en el proyecto tractor llegado a As Pontes de la mano de Endesa e igualmente incluido en el Convenio: la llegada de la empresa china Sentury Tire. Las cifras eran una promesa de reactivación por todo lo alto de la actividad industrial de As Pontes: 477 millones de euros de inversión para instalar una fábrica de neumáticos inteligentes que daría empleo directo a 750 personas y además serviría para reactivar el transporte con el puerto de Ferrol.
El segundo gran proyecto era la fábrica de biomateriales de Ence, con una inversión de 350 millones de euros y la previsión de crear 150 empleos.
La promesa quedó por escrito en el Convenio de As Pontes en octubre de 2023: "La ejecución de estos proyectos tractores mencionados prevé generar un volumen de empleo mayor que el afectado por el cierre de la Central Térmica de As Pontes".
Pero las promesas eran eso. Promesas. Los acuerdos no eran vinculantes, no se exigieron garantías para su cumplimiento. Eso es algo que solo ocurrió en algunos casos.
LOS NUDOS DE EVACUACIÓN VS NUDOS DE TRANSICIÓN JUSTA
Lo consideraron una "medida pionera", reza la información del Instituto de Transición Justa. Se trataba de generar "un círculo virtuoso donde las empresas (…) compitan entre sí para mejorar los beneficios socioeconómicos de las poblaciones" en los que se cerrase una gran instalación de generación eléctrica. ¿Por qué concursaban? Por los nudos de evacuación, el punto de conexión al que vierte la generación de electricidad y que constituye el nodo inicial desde el que se distribuye al resto de la red. Si antes los concursos o las diferentes formas de autorización y adjudicación de los nudos se había basado en criterios técnicos, en el proceso de transición justa se decidió incorporar criterios socieconómicos.
El primero que se hizo fue el del nudo Mudéjar, junto a los terrenos en los que se había ubicado la central térmica de Andorra (Teruel), la primera que demolió Endesa, allá por 2022. La Ley aún no preveía este tipo de concursos de criterio mixto pero se hizo un proceso ad hoc para este caso. Posteriormente, en 2023, incluso se cambió la Ley para tener un proceso estándar allí donde se repitiese esta experiencia.
La principal diferencia de los compromisos de estos nudos de evacuación, que pasaron a llamarse nudos de transición justa, frente a los de los convenios cerrados en el resto de zonas, es que el plan de acompañamiento del adjudicatario iba respaldado con avales millonarios.
En el caso de la zona de Transición Justa de Andorra, el concurso lo ganó Endesa, que tuvo que depositar 120.000 euros por cada kWh adjudicado, en total, algo más de 221 millones de euros que responden de una serie de hitos con un plazo tasado en cada uno tras el cual, en teoría, deberían ejecutarse los avales.
Algunos de los candidatos han recurrido el resultado del concurso, incluida la danesa del proyecto Catalina que, pese a no haber resultado adjudicataria, sigue adelante con este proyecto de hidrógeno verde en Andorra, que por el momento es la gran esperanza de recuperación de una gran industria en la zona.
FONDOS PARA LA TRANSICIÓN
La Transición Justa partía con un abanico de fondos. En primer lugar, en las zonas mineras, donde la mayoría de empresas al llegar el cierre de finales de 2018 estaban en situación de quiebra o zombis, las prejubilaciones fueron asumidas por el Estado, que lleva abonados en torno a 85 millones por este concepto.
El Estado central ha aportado también diferentes partidas a través del Instituto de Transición Justa. Pero la parte principal procede de Europa. Por un lado, del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea, que otorgó 868 millones de euros a España. Y por otro, de la posibilidad que se concedió a España de utilizar una parte de los fondos de recuperación de la pandemia de la COVID-19, los Next Generation, en las zonas de transición justa.
Para esto último se admitió el uso de 300 millones de euros que tienen de plazo hasta el segundo semestre de 2026 para ser empleados. El reparto comprende 150 millones para proyectos de restauración ambiental, que en su mayor medida han ido a restaurar las antiguas explotaciones mineras que no estaban en condiciones de recuperar las zonas donde habían operado; 111 millones para infraestructuras en los municipios de transición justa, para hacerlos más atractivos de cara a combatir su despoblación; 30 millones para proyectos de almacenamiento y eficiencia energética y otros 9 millones para apoyo a la recualificación e inserción laboral de la población de las zonas afectadas.
En cuanto al Fondo de Transición Justa de la UE, se decidió que fuesen las comunidades autónomas las que adjudicasen la mayor parte de lo 868 millones otorgados. En el Instituto de Transición Justa aseguran que fue la Comisión Europea la que obligó a que la delimitación de las zonas en las que podían usarse los fondos fuese la provincia como ámbito más pequeño. Es decir, aunque estaba tasada la delimitación de los municipios de cada zona, sus poblaciones y empleados afectados por el cierre de las instalaciones ligadas al carbón, se amplió el área en teoría por facilitar la gestión y control de los fondos. Esto llevó a situaciones tan criticadas como que hay municipios de Lugo que aparecen como directamente afectados por el cierre de la central de As Pontes y que se dejaron fuera al elegirse A Coruña como la provincia en la que aplicar los fondos europeos.
| CCAA | Territorio afectado | Actuaciones | Total (€) |
|---|
Fuente: Instituto para la Transición Justa
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