11.000 muertos: así convertimos enero en el mes más letal desde la primera ola

El pico de contagios de la tercera ola se produjo sobre el 19 de enero, desde entonces, el número de casos ha ido descendiendo de forma progresiva. El 27 de enero, el número de casos acumulados en los últimos 14 días por la población era de 900 casos por cada 100.000 habitantes. En España, según el documento de actuaciones coordinadas para el control de la transmisión, aprobada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una incidencia por encima de 250 casos se considera un nivel de riesgo muy alto. El 12 de marzo era de 130 casos. Una cifra muy inferior pero aún por encima de los 50 casos por cada 100.000 habitantes que es el límite marcado por el Ministerio de Sanidad y las autoridades europeas para tener bajo control al virus. No es una cifra utópica. Durante el mes de julio de 2020, España estuvo por debajo de los 50 casos de incidencia acumulada. Ese mes solo fallecieron 168 personas por COVID-19 siendo el 5 de julio el único día durante la pandemia en el que no falleció nadie por la enfermedad.

La tercela ola deja más fallecidos en 7 CCAA que la primera

El impacto de la enfermedad durante la pandemia se ha comportado de forma desigual en las diferentes comunidadades autónomas. Durante la primera ola, Madrid y Barcelona, fueron los territorios más afectados mientras que Aragón o Asturias lo fueron durante la segunda. La tercera ola ha impactado en siete comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, seis de cada diez fallecidos por COVID-19 se produjeron entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021.

A nivel provincial, la tercera ola ha tenido ya más fallecidos que la suma de las dos primeras en 10 provincias: A Coruña, Alicante, Almería, Badajoz, Castellón, Cádiz, Huelva, Murcia, Málaga y Valencia.

En el siguiente gráficos se puede observar la evolución de los fallecidos semanales por cada comunidad autónoma. La primera ola estaría marcada entre las semanas 11 y 19; la segunda entre la semana 30 y la 49; la tercera a partir de la semana 50 de 2020.

La incidencia del plan para salvar la Navidad

Cuando la segunda ola de la pandemia en España aún no se había considerado resuelta, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas comenzaron a trabajar en el plan para abrir las restricciones de movilidad de cara a la Navidad. De hecho, el CCAES considera el último fin de semana de noviembre como el primer detonante de la tercera ola debido al aumento de la movilidad esos días. Las infecciones de ese fin de semana empezaron a diagnosticarse a partir del 9 y 10 de diciembre. Es el punto de inflexión entre ambas olas.

El 2 de diciembre, mientras el ritmo de contagio se aceleraba escondido aún de los sistemas de detección, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud acordaba por mayoría las medidas para la celebración de las fiestas navideñas (PDF). Ese día, la incidencia acumulada a 14 días era de 251,61 casos.

Entre las medidas acordabas estaba permitir hasta un máximo de 10 personas en las reuniones de familiares y personas allegadas, salvo que se tratara de convivientes. Según el texto "se considera que limitar los encuentros de familiares y personas allegadas a un máximo de 10 personas (..) reduce suficientemente el riesgo de diseminación del virus permitiendo mantener la vida social tradicionalmente asociada a estas fiestas"

Este es el recorrido de las medidas adoptadas a partir de este documento en tres de las comunidades autónomas donde la tercera ola ha dejado un mayor número de fallecidos que las dos primeras. En el caso de la Comunidad Valenciana y Murcia, esta ola ha tenido un mayor impacto en el número de muertes que la suma de la primera y segunda ola

COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana venía ya de una situación epidemiológica complicada, que le estaba costando atajar pese a las medidas cada vez más restrictivas impuestas desde mediados de octubre. Medidas que llegaron a afectar a derechos fundamentales un día antes incluso de decretarse el segundo estado de alarma, obligando al Govern a pedir ratificación judicial de las mismas. En una resolución de la Consellería de Sanidad del 24 de octubre se constataba que las medidas tomadas hasta ese momento, como restricciones en municipios concretos y cierre de la hostelería a partir de la una de la madrugada, “no han dado los resultados perseguidos, y la situación actual epidemiológica, de contacto y transmisión del virus sigue incrementándose, siendo altamente preocupante”. El porcentaje de pacientes COVID en camas ocupadas UCI pasaba en dos semanas (del 9 al 23 de octubre) del 29,22% al 45,45%. La Comunidad Valenciana estaba inmersa en la segunda ola y le estaba costando salir a flote.

El cierre temprano del ocio nocturno y la suspensión de las fiestas locales en diferentes municipios derivaron las reuniones sociales a ámbitos particulares o celebraciones alternativas. En un informe policial citado en el Diario Oficial se recogía: “Se ha podido observar en estas últimas semanas un incremento notable de fiestas y reuniones privadas en domicilios particulares, casas de campo, chalets, etc., que vienen a sustituir la actividad del ocio nocturno y que se sitúa en la misma franja horaria que venía desarrollándose la actividad restringida. De esta manera el cierre del ocio nocturno a partir de la una de la madrugada ha sido sustituido por las reuniones sociales alternativas en la misma franja horaria. Además, en muchas localidades las reuniones sociales que han tratado de ocupar el vacío dejado por la suspensión de las fiestas locales han provocado importantes brotes que han puesto en riesgo la salud de la ciudadanía y alterado la vida de sus vecinos”.

En vista de esta situación, la Comunidad Valenciana establecía, con entrada en vigor desde el 25 de octubre, el toque de queda entre las 00.00 y las 6.00 horas, el límite de seis personas en las reuniones de cualquier tipo y se endurecieron las restricciones en la hostelería. El mismo 25 de octubre, el Gobierno nacional decretaba el estado de alarma. El 30 de octubre, el Gobierno valenciano optó por restringir la entrada y salida de toda la comunidad autónoma, medida que se prorrogó semana tras semana.

La Comunidad Valenciana logró bajar ligeramente del umbral de alto riesgo, situado en los 250 casos por 100.000 habitantes, escasos quince días. En concreto, entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre. Un par de esos días se situó algo por debajo de 200. Desde el 9 de diciembre, la incidencia en la Comunidad Valenciana volvió al alza y ya lo haría de forma sostenida hasta alcanzar cifras estratosféricas.

La tregua aparente entre finales de noviembre y principios de diciembre, en la Comunidad Valenciana y en el resto de CCAA, coincidió (o propició, sería más ajustado) el acuerdo tomado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 2 de diciembre, autorizando para las fiestas navideñas desplazamientos a territorios que fuesen residencia habitual de familiares o allegados.

El 5 de diciembre, el Govern prorrogaba una vez más sus medidas restrictivas pero incluía en el decreto las decisiones del Consejo Interterritorial. El Gobierno de Ximo Puig optó por limitar la posibilidad de desplazarse a los días 23, 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero. El toque de queda se retrasó a la 1.30 horas de las noches del 24 al 25 y del 31 al 1 de enero y se amplió a 10 personas el máximo para comidas y cenas navideñas.

Doce días después de anunciar la flexibilidad para las fiestas navideñas, Ximo Puig pedía perdón por dar marcha atrás y decretar el mantenimiento del cierre perimetral de la región durante todas las fiestas navideñas, recuperando el límite de seis personas y adelantando el toque de queda.

La situación siguió empeorando. El 21 de enero de 2021, entraba en vigor el cierre total de la hostelería en la Comunidad Valenciana, salvo para entrega a domicilio, y el cierre de los comercios a las 18.00 horas, entre otras.

MURCIA

Con la declaración del segundo estado de alarma, Murcia tomó sucesivos decretos adoptando las restricciones establecidas en el mismo, incluyendo la prohibición de entrada y salida del territorio de la Región de Murcia, decretada también el 30 de octubre. Pero además, Murcia restringía la entrada y salida entre sus municipios salvo para determinadas causas. Las medidas se prorrogaron en sucesivas ocasiones por periodos de 14 días.

Y llegó diciembre. En el último decreto de prórroga, de 8 de diciembre, ya después del Consejo Interterritorial en el que se decidieron las medidas de cara a la Navidad, se levantaba la limitación de circulación entre municipios salvo para Los Alcázares y Torre Pacheco. El 23 de diciembre, un decreto del presidente constataba que la incidencia se situaba en el entorno de los 155 casos pero advertía ya de que “en los últimos días se ha empezado a observar una ralentización de esa mejora cuando no un ligero repunte, que evidencia el difícil equilibrio entre la suavización de las medidas y el necesario control de las cifras de contagios”. Era algo que empezaba a evidenciarse a nivel nacional y que había propiciado un Consejo Interterritorial, el del 16 de diciembre, en el que se propuso a las CCAA que lo considerasen oportuno el establecimiento de medidas más restrictivas.

Murcia levantó la prohibición de entrada y salida de la comunidad autónoma desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero para desplazamiento a territorios que fueran residencia habitual de familiares (no allegados). El toque de queda en Nochebuena y Nochevieja se retrasó hasta las 1.30 horas y se permitieron los encuentros familiares en ámbitos públicos o privados los días 24, 25, 31 y 1 hasta un máximo de 10 personas.

EXTREMADURA

Extremadura nunca había decretado el cierre perimetral de la comunidad autónoma en uso del segundo estado de alarma y lo hizo de cara a las fiestas navideñas precisamente para poder levantarlo de forma excepcional en las mismas. En concreto, entre el 23 de diciembre y el 6 de enero se decidió permitir la entrada y salida del territorio para ir a la residencia de familiares y allegados, como se había establecido en el acuerdo del 2 de diciembre del Consejo Interterritorial. Igualmente se ampliaron a 10 las personas por grupo en los días 24, 25, 31 y 1.

Pero Extremadura fue más allá en un primer momento en casi todo. Primero, porque consideró que “teniendo en cuenta que en los establecimientos de hostelería y restauración puede garantizarse mayor distancia y medidas de prevención más adecuadas”, elevó las limitaciones de los grupos a 10 personas “cualquiera que sea el vínculo existente entre estas” en todo el periodo entre el 14 de diciembre y el 6 de enero. El toque de queda se amplió de las 00.00 horas a las 1.30 horas no solo en Nochebuena y Nochevieja, sino también las noches entre el 18 y 19 de diciembre y el 19 al 20, con la explicación de que se hacía “para permitir una interacción social algo más prolongada esos días”, en lugar de que se concentrasen en fechas determinadas.

Todo esto se decidía el 11 de diciembre. Para cuando el empeoramiento de la situación, que volvía a superar los 250 casos, hizo que un nuevo decreto diera marcha atrás a parte de las medidas, ya era 21 de diciembre. Entre otras cosas, ya habían pasado esas dos noches señaladas como propicias para celebraciones por el propio Gobierno extremeño en las que se había ampliado el toque de queda hasta las 1.30 horas. En Nochebuena y Nochevieja se adelantaba a las 0.30 horas. Ya había pasado también una semana del levantamiento del perímetro. Entonces se limitó a familiares los desplazamientos permitidos, eliminando la posibilidad de los allegados (al menos que no se hubiesen desplazado ya); y también las personas que podían reunirse, que pasaron a ser “exclusivamente familiares”. Se suprimían también la excepción de alcanzar las diez personas por mesa en la hostelería durante el periodo navideño, o lo que quedaba de él.

La lección para Semana Santa

La lección parece haberse aprendido del modo más duro y las decisiones de cara al próximo puente de San José y la Semana Santa así lo prueban. En el último Consejo Interterritorial se aprobó el cierre perimetral de las CCAA, el toque de queda de 23:00 a 6:00 horas y la limitación de grupos a 4 personas en espacios públicos cerrados y seis si son abiertos para los días del 17 al 21 de marzo, en aquellas CCAA en las que el 19 de marzo sea festivo, y del 26 de marzo al 9 de abril para todas. Además, en esos días las reuniones en espacios privados quedan limitadas a convivientes. Estas medidas son de obligado cumplimiento para todas las CCAA. En el caso de Canarias y Baleares, mantienen la autonomía de decisión del cierre perimetral que otorgó el decreto del Estado de Alarma actualmente en vigor.

La Comunidad de Madrid votó en contra de estas medidas y, aunque las ha incorporado, ha recurrido el acuerdo por considerar que el decreto del Estado de Alarma la ampara para tomar sus propias decisiones por encima de una resolución del Ministerio de Sanidad, aunque esta proceda de un acuerdo del Consejo Interterritorial.

El cambio de actitud en el resto, con respecto a lo ocurrido antes de las fiestas navideñas, se hace evidente incluso en las recomendaciones salidas del Consejo Interterritorial. Entre ellas se incluye no bajar el nivel de alerta aunque mejoren los indicadores en las dos semanas antes de Semana Santa, tomar medidas para evitar eventos masivos y celebraciones, e iniciar una campaña de comunicación conjunta con el lema "No salvamos semanas, salvamos vidas".

NOTA: Este artículo ha sido actualizado el 30 de marzo de 2021 con los últimos datos disponibles de la serie histórica de fallecidos.